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Sábado, 19 de septiembre de 2020
Gilberto Watamary:

"Con Bolsonaro los indígenas del Amazonas están en máxima resistencia"

Diego Ortiz

El secretario del Consejo Indigenista Misionero -una influyente entidad indigenista al amparo de la Iglesia Católica- se refirió a cómo los indígenas brasileños redoblan esfuerzos para hacer frente a las políticas anti-ambientales del nuevo gobierno. El activista denuncia que en solo tres meses con Bolsonaro ya ha habido una invasión masiva de terrenos por parte de mineras y lempresas de la agroindustria, venta ilegal de tierras e incremento de la violencia y las amenazas contra los líderes ambientales.

La elección de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil supuso muchas amenazas. Tal vez la más importante de ellas, por su impacto más allá de los límites de ese país, fue su política de entregar la Amazonía a las fuerzas productivas de la minería y el agro, para lo cual era indispensable quitar a los indígenas brasileños del medio.

De tal modo, en su primer día como presidente, Bolsonaro lanzó un decreto presidencial en el que traspasó la tarea de demarcar tierras indígenas al ministerio de Agricultura, cooptado por los intereses de la industria del agro y encabezado por la llamada la musa del veneno, la ministra Tereza Cristina da Costa, apodada así por su fuerte compromiso con el uso de pesticidas. 

Con esto, a tres meses y medio desde que Bolsonaro tomara el poder de Brasil, ya se detuvo el proceso que demarcaría 500 nuevos territorios reclamados por los indigenas. Esto implica que miles de nuevas hectáreas -principalmente amazónicas- no serán reconocidas como territorios indígenas, con lo que no se garantiza su protección medioambiental. Además, el nuevo presidente brasileño dijo en campaña que no reconocerá demarcaciones previas a su mandato, pese a que eso contraviene la Constitución brasileña.

INTERFERENCIA contactó a Gilberto Wataramy, secretario regional del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) en Brasilia. El CIMI, una entidad vinculada a la conferencia de los obispos de Brasil, con fuerte presencia laica, y que trabaja desde 1972 en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

En entrevista con nuestro medio, Wataramy ahondó en las dificultades que trae el gobierno de Bolsonaro para los pueblos originarios de Brasil y, como consecuencia, para la selva amazónica.

Entre otras cosas, este líder ambientalista denuncia que ya se observa el efecto del cambio de política en territorios que comienzan a ser ilegalmente invadidos por mineras y la agroindustria, ante la vista gorda de la autoridad. Además, Wataramy observa la aceleración de los procesos de parcelación de estas zonas, con compras ilegales de tierras pertenencientes a indígenas a no indígenas, y un incremento de la violencia y las amenazas contra los líderes ambientalistas.

¿Cómo se toma desde el mundo indígena los planes de desarrollo minero y agricultor de Jair Bolsonaro en la Amazonía?

Bolsonaro es una persona que hace muchos años tiene una postura muy dura contra los derechos de los pueblos indígenas. Ha hecho declaraciones racistas cuando era diputado federal. En el periodo de campaña electoral declaró que no reconocería el derecho de los pueblos a sus tierras.

Respecto a la explotación de la selva amazónica ¿representan los indígenas una barrera para el desarrollo económico que plantea Bolsonaro en la Amazonía?

Nosotros sabemos que, mirando el mapa medio ambiental, las tierras de los pueblos indígenas son las más preservadas. Más aún que las áreas protegidas por ley. Estas propuestas atentan contra el bien de la naturaleza. No solo de los árboles y el agua, sino que también de los pueblos. 

Los indígenas demandan muchas tierras que el Estado de Brasil aún no logra demarcar. Son más de 500. Pero ahora no hay ninguna acción efectiva. Los pueblos indígena son los que hacen la defensa de estos lugares, de la naturaleza. Garantizar la demarcación es garantizar los bienes de la naturaleza. No solo para los indígenas, sino que para Brasil y quizás el mundo. 

¿Cuál es el camino que están siguiendo los indígenas y las agrupaciones medioambientales para evitar el avance de la deforestación?

Nosotros hemos hecho denuncias en organismos internacionales. Líderes y lideresas fueron a conferencias de derechos humanos de la ONU para denunciar estas situaciones. Esa es una forma de combatir. Estamos en diálogo con la Unión Europea, para que que en las negociaciones bilaterales con Brasil se pongan barreras para comprar productos que no cumplan con criterios que exijan que no se violen derechos humanos en su preparación.

Las comunidades indígenas, en tanto, trabajan en torno a la resistencia, ocupando territorios que muchas veces les pertenecen por ley, pero que, por los avances de la industria, se ven amenazados.

¿Otorgar la tarea de demarcación territorial indígena al ministerio de Agricultura obedece a esa política de ocupación?

Por supuesto. El primero de enero Bolsonaro publicó una medida provisoria que hace cambios profundos en la estructura federal, en la FUNAI (Fundación Nacional del Indio). Con esta medida, cambió el papel fundamental de este organismo para sacarlo del ministerio de Justicia y ponerlo en el ministerio de Agricultura, comandado principalmente por terratenientes y latifundistas: ruralistas relacionados al agro-business.

En definitiva, se trata de personas que históricamente han estado en contra de la demarcación y el reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces Bolsonaro, al hacer esto, pone barreras a la demarcación de los territorios, y genera dificultades.

Es un cambio que atiende a los intereses de los latifundistas, los ruralistas como los llamamos. Bolsonaro ha hecho declaraciones recientes de que no va a hacer las demarcaciones restantes, que va a abrir la Amazonía a explotación norteamericana.

¿Tiene alguna legalidad desconocer las demarcaciones?

Esto es ilegal. Hay manifestaciones de los ministerios públicos, en específico de la Sexta Cámara -que trabaja en la defensa de los pueblos indígenas- la que declaró que es una postura inconstitucional. Pero Bolsonaro está rodeado de militares en su gobierno, en todos los ministerios. El ministro de Medio Ambiente ha hecho declaraciones sobre explotar tierras indígenas con proyectos de agricultura.

Declarar contra las demarcaciones es declarar contra la Constitución, pero él sigue manteniéndo sus declaraciones y ha frenado la acción de protección de los territorios. Hay algunos de ellos que están pasando por verdaderas invasiones para sacar árboles y minerales. También existe un proceso de parcelación de territorios, donde venden tierras indígenas a personas no indígenas. Hay un proceso de explotación que no ve acción por parte del gobierno para combatirlo. La situación es muy delicada, muy compleja.

Bolsonaro menciona en sus discursos que múltiples grupos indígenas sí quieren vender sus tierras y "emprender" con ellas para salir de una situación de extrema pobreza. ¿Qué tan representativos son estos grupos respecto a la comunidad indígena?

Es algo real, desafortunadamente. Pero hay que decir que es algo ilegal también, porque a partir de la Constitución los territorios son de usufructo exclusivo de los indígenas. No se pueden alquilar para explotar por alguien externo a los pueblos. Esto está siendo utilizado en los discursos del ministerio de Medio Ambiente.

En esos discursos repiten que la mayoría de los pueblos están en la miseria. Entonces proponen que la solución es la explotación por medio de los agronegocios. Pero, existe un rechazo mayoritario a esta postura, porque los pueblos indígenas entienden que sus proyectos de vida, sus expectativas a futuro y su visión de desarrollo no pasan por la explotación de monocultivos. Hay mucho rechazo, pero el gobierno sigue con el discurso.

Brasil registró, durante el 2017, el mayor número de activistas medioambientales asesinados en el mundo de acuerdo con un estudio de Global Witness, con 57 casos. ¿Cuál es la lectura que hacen de estas cifras de cara al gobierno de Jair Bolsonaro?

Con Bolsonaro aumentarán estas cifras, porque sus declaraciones legitiman esta violencia. Hay cambios legales para acceder más fácilmente al armamento. Estamos en abril y ya hay casos de trabajadores de campo asesinados, de ataques a comunidades indígenas en Pernambuco y Mato Grosso, amenazas en Maranhao y en múltiples estados. Ya que la medida de Bolsonaro legitima la violencia, al declarar que no se reconocerán los derechos entregados por la Constitución a los territorios indígenas, se abre un espacio para acciones de violencia, de ataques a personas.

En suma, sí el estudio dice que Brasil era el peor lugar para defensores de derechos humanos y ambientales antes de Bolsonaro. Ahora ese cuadro se torna más terrible, más amenazador.

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