La Conech A.G. (Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile) ha estado denunciando, desde hace más de dos años, la ausencia de equilibrio, transparencia y eficacia en la gestión de los contratos públicos. Esta problemática estructural, que afecta a los contratistas del Estado, está comenzando a resonar en la discusión pública, especialmente en un contexto de debates electorales y discursos centrados en el apoyo a las pymes.

La asociación surgió durante la pandemia, período en que cientos de empresas enfrentaron términos anticipados de contrato, retenciones arbitrarias de pagos y ejecuciones de garantías, denuncian.

Según su presidente, Patricio Rojas, esta situación no fue una reacción espontánea, sino la "consecuencia de un diagnóstico compartido". El dirigente explicó que al multiplicarse los casos, inicialmente se percibieron como hechos aislados. Sin embargo, el intercambio de experiencias y la revisión de antecedentes revelaron un patrón de vulneraciones y desequilibrios que llevaba a numerosas pymes al borde de la quiebra.

“Habíamos sido víctimas de decisiones discrecionales que afectaron nuestras finanzas y destruyeron proyectos”, describió Rojas. “Decidimos recopilar contratos, analizar los términos anticipados y usar la Ley de Transparencia para mapear el problema a nivel nacional”.

Aunque la crisis sanitaria fue el detonante, sólo visibilizó un problema estructural preexistente en la gestión de la obra pública, el cual se mantuvo e incluso se agravó en la post-pandemia. Actualmente, muchas empresas continúan enfrentando juicios, retenciones y conflictos administrativos, mientras otras —que aún colaboran con el Estado— se han unido a Conech en busca de respaldo técnico y equilibrio contractual.

“Esto no es un problema coyuntural; es un síntoma de un modelo que ya no es sostenible. El Estado necesita modernizar su administración y reconocer un profundo desequilibrio en la relación con sus contratistas”, asegura Rojas.

La organización ha identificado un problema recurrente en la gestión pública: los funcionarios responsables de administrar contratos no son evaluados por los resultados concretos de los mismos. Según Patricio Flores, secretario de la entidad, “mientras sus indicadores no incluyan la cantidad de contratos que llegan a buen término, no habrá incentivo para resolver los problemas”.

Los datos recopilados por la asociación denuncian cifras preocupantes: las obras públicas pueden triplicar sus plazos y aumentar su presupuesto original hasta 2.5 veces, involucrando a tres o cuatro empresas distintas antes de finalizar. Según la información de Conech, el portal de Mercado Público evidencia numerosos casos de contratos liquidados anticipadamente que son relicitados con un incremento del 30% al 40% en el presupuesto y del 50% al 70% en el plazo.

Flores enfatiza que esto no se debe a la ineficiencia de las empresas, como se suele argumentar, sino a una gestión deficiente dentro del propio sistema público. El secretario apuntó a que la raíz del problema es la desconexión entre las instituciones y la realidad de la ejecución. 

“El protocolo de desvinculación de los funcionarios públicos imposibilita mejorar la administración. No hay consecuencias reales frente a los errores, y eso se refleja en contratos mal ejecutados, sobrecostos y obras inconclusas”, afirmaron.  

En ese sentido, desde Conech sostienen “en el papel, el Estado parece un buen pagador, pero en la práctica muchas veces no respeta los plazos ni las condiciones establecidas. Esa contradicción destruye la confianza de las empresas”.

La asociación destaca la alianza estratégica que han generado con PRF & Asociados, un bufete especializado en derecho administrativo. Esta colaboración no solo cubre los gastos operativos de la asociación, sino que también ofrece representación legal gratuita a sus miembros. Bajo este modelo solidario, la agrupación elimina las cuotas de incorporación o mensuales, cobrando honorarios únicamente sobre los montos efectivamente recuperados.

Desde la organización enfatizan la comprensión de Conech sobre el impacto de un término anticipado o una retención arbitraria en la estabilidad financiera de las empresas. Así, el objetivo principal de la asociación es acompañar y asistir a las empresas en su recuperación, no generar cobros. Se reconoce que muchas micro, pequeñas y medianas empresas carecen de recursos para acceder a asesoría legal especializada o para defenderse en instancias judiciales. En este sentido, la existencia de Conech se justifica en la necesidad de asegurar que ninguna empresa quede desprotegida.

De esa forma, la Conech A.G., con más de 50 empresas asociadas y una creciente comunidad digital, ha extendido la invitación a micro, pequeñas y medianas empresas contratistas y proveedoras del Estado a unirse a su gremio.

Según explican el proceso de afiliación es sencillo: solo deben descargar los documentos desde www.conech.cl y enviarlos a [email protected], con copia a [email protected]. La membresía es gratuita, sin costos de incorporación ni cuotas mensuales, y ofrece a los socios acceso a asesoría técnica y legal, capacitaciones y representación efectiva ante organismos públicos.

Los directivos de la Asociación Gremial enfatizan que su objetivo no es buscar privilegios, sino restaurar el equilibrio a través de "reglas claras, responsabilidades reales y obras que se concluyan". Por ello, explican que buscan “un Estado que actúe con el mismo estándar que exige a sus proveedores, porque mejorar la contratación pública es mejorar Chile”.