En las últimas horas de ayer martes se dio a conocer que el subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, envió un oficio a la Contraloría General de la República para retirar del trámite de toma de razón 43 decretos supremos que el gobierno de Gabriel Boric había gestionado entre los años 2023 y 2026 en materia medioambiental. 

El documento fechado el 12 de marzo, un día después de asumido el presidente José Antonio Kast, incluye entre los decretos retirados la aprobación del “plan de recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin (rhinoderma Darwin y R Rufum)” y la declaración de “monumento natural de especie al pingüino de Humboldt (spheniscus humboldti)”. 

Asimismo, se retiraron la creación de parques nacionales como el Salar de Gorbea, Las Parinas y Lagunas Bravas en la comuna de Diego de Almagro; Mar de Juan Fernández en la comuna de Juan Fernández; y Nazca Desventuradas II en la comuna de Valparaíso. 

Otros decretos buscaban regulación de emisiones, descontaminación atmosférica, el plan de adaptación al cambio climático, calidad de aire, regulación de contaminantes en residuos para aguas marinas y la creación de reservas nacionales.

En respuesta a estas acciones, la cuenta oficial de No Más Zonas de Sacrificio (@nomaszonasdesacrificio) ha convocado a la primera gran movilización ambiental de 2026 en Santiago, para el próximo domingo 22 de marzo a las 11:00 horas, instancia en la que se busca protestar contra lo que las organizaciones sociales consideran un avance destructivo sobre los recursos naturales.

Al ser consultado, Kast abordó la decisión de retirar los decretos y las críticas que aludían a una “retroexcavadora”. “Bueno, el día de ayer vimos el efecto positivo que puede tener una máquina excavadora para construir futuro, y el futuro se construye en base a seguridad y empleo”, dijo el mandatario. 

“Nosotros queremos generar la mejor política pública posible en torno al pleno empleo, siempre respetando el medio ambiente. Y en eso, hemos señalado desde hace bastante tiempo que vamos a cumplir irrestrictamente la ley”, añadió.

Por otra parte, Vial explicó que el objetivo era asegurar los estándares técnicos y normativos vigentes para justificar la revisión de los decretos. "Esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores", aseguró.

En la misma línea, apuntó que "este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente Kast". Asimismo, el subsecretario indicó que 21 decretos fueron ingresados los primeros días de marzo y 13 de ellos el 10 del mismo mes. 

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La decisión provocó diversas reacciones en el mundo político y medioambiental. 

La exministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, rebatió la explicación del gobierno sobre el retiro de decretos en tramitación en Contraloría al inicio de la nueva administración, señalando que esta acción no es la práctica habitual.

Rojas enfatizó la importancia de los decretos, destacando que "detrás de ello hay personas, comunidades que han trabajado por un largo tiempo para que se proteja algo", como la salud humana. Subrayó, además, la responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente de proteger el patrimonio natural del país.

Entre los documentos retirados, la exministra mencionó la declaración como monumento natural del pingüino de Humboldt, un proceso que, según indicó, tuvo una participación ciudadana sin precedentes en el ministerio, con casi 9 mil personas manifestando su apoyo a la protección.

En respuesta a la acusación gubernamental de haber ingresado numerosos decretos en los días previos al cambio de mando, Rojas explicó que la situación se debió al "reingreso" de una cantidad importante de decretos que no eran nuevos, sino que habían estado en un proceso de intercambio ("pimponeo") con la Contraloría, apuntó T13.

Por su parte, el senador Alfonso de Urresti (PS) manifestó su profunda preocupación y advirtió sobre un posible retroceso en la institucionalidad ambiental tras la orden del Ministerio del Medio Ambiente, emitida el 12 de marzo, de retirar 43 decretos ambientales de la Contraloría General de la República.

El parlamentario anunció que solicitará explicaciones formales a la ministra del Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado. De Urresti calificó la medida como “muy preocupante”, dado que estos instrumentos representan avances regulatorios logrados en los últimos años.

“Esperemos que esto no sea una tónica regresiva desde el punto de vista ambiental, y no se intente borrar a través de un plumazo un conjunto de normas que ha ido dándose el país”, declaró.

El legislador señaló que la decisión podría afectar diversas áreas de la política ambiental, como iniciativas relativas a biodiversidad, calidad del aire, regulación de emisiones y protección de ecosistemas, muchas de las cuales se encontraban en los decretos retirados.

Finalmente, De Urresti expresó dudas sobre los fundamentos de una medida de tal magnitud. Si bien reconoció que “Hay algunos en que, efectivamente, puede haber una necesidad de revisión”, la gran cantidad de documentos retirados sugiere, a su juicio, una “regresión ambiental”.

En la misma línea, la senadora Yasna Provoste (DC) criticó duramente al gobierno de José Antonio Kast por la retirada de los 43 decretos medioambientales, considerándolos pilares esenciales de la política ambiental del país.

Aunque reconoció que "todo gobierno tiene derecho a revisar lo heredado", la senadora hizo una clara distinción: "Revisar no es lo mismo que retroceder o demoler".

Enfáticamente, Provoste advirtió que esta acción representa un "retroceso histórico que dilapida décadas de trabajo" en materia ambiental.

Ezio Costa, abogado y director de la ONG FIMA, especializada en derecho ambiental, aclaró que la indicación en cuestión no tiene la capacidad de acelerar, aprobar directamente o modificar el proceso de evaluación ambiental de los proyectos.

Según el abogado, “Por ahora, es un acto dentro de la normalidad y la legalidad. Es, en esencia, una señal política que se alinea con lo que el propio gobierno ha prometido. Lo más notable es quizás la manera en que se ha comunicado este instructivo, dándole una relevancia exagerada”, apuntó en declaraciones que consignó El Desconcierto. 

Costa añade que, en futuras discusiones sobre cómo mejorar los trámites y procedimientos, “espero que se priorice a la ciudadanía común. Los procesos que debemos realizar frente a entidades públicas y privadas son los que deberían mejorarse para elevar la calidad de vida, en lugar de favorecer a las grandes fortunas. Esto requiere especial cautela para evitar cualquier trato de favor ilegítimo hacia un proyecto o grupo empresarial específico”.