El pasado viernes, concluyó la segunda audiencia de formalización por el caso Sartor en que se decretó la medida cautelar de arresto para cuatro de los 11 imputados. Los acusados enfrentan delitos económicos como administración desleal, negociación incompatible, lavado de activos, entrega de información falsa al mercado, estafa y fraude, por no realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA). 

Este lunes, la audiencia de formalización continuará en una discusión en específico con las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público que solicitará la prisión preventiva para Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery, Michael Clark, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez.  

Sin embargo, el tribunal de primera instancia decretó la medida de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Óscar Ebel y Hugo Baranda, mientras que para Mauro Valdés y Miguel León la medida cautelar decretada fue arresto domiciliario parcial y firma mensual, lo mismo para Alfredo Harz, quien junto a Ebel suscribió un acuerdo de cooperación eficaz. 

En palabras del fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, quien evalúo la última jornada de formalización como positiva, explicó que el caso se trata de una defraudación financiera en que quienes estaban a cargo de la administración de los patrimonios públicos, utilizaron dichos fondos para realizar operaciones que les permitieron desarrollar negocios a través de triangulaciones con su propias empresas y fondos privados que ellos gestionan, desviando recursos hacia sus negocios para su propio beneficio y no de los aportantes. 

Asimismo, respecto a Michael Clark el persecutor añadió que “se le agrega el delito de lavado de activos por las operaciones que realiza con Azul Azul a partir de la compra. Estos dineros provienen de fondos públicos, se le imputan una administración desleal, en la etapa posterior contribuye al ocultamiento del origen de los dineros y además realiza aprovechamiento por años, percibiendo remuneraciones, realizando transacciones hasta la fecha incluso actual”. 

“Todos supimos que rescindió un contrato del cual no sabemos su redacción, tenemos incluso información de que podrían haber más de un contrato. Eso permitió estas operaciones de aprovechamiento como la no realización de la OPA”, agregó. 

En este contexto, Interferencia, entrevistó a Roberto Rabi González, escritor, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Procesal y Penal, investigador de la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno (ASIFUCH), coautor de los libros sobre el Club Universidad de Chile “Relatos azules, algo más que fútbol” (2013) y “Toda la historia de la U” (2017), además de ser columnista de este medio a cargo de la publicación “Revisión del VAR”.

¿Demuestra el Caso Sartor que la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas vulneró su propia promesa original de traer transparencia y solvencia al fútbol chileno?

No. Más bien demuestra exactamente lo contrario. La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas prometió transparencia, solvencia y profesionalización, pero el Caso Sartor evidencia que esos objetivos, en lo esencial, no se alcanzaron. Es cierto que algunos clubes lograron ordenar parcialmente su situación financiera y adoptar estándares más 

 profesionales de gestión, pero ese avance resulta bastante limitado frente a la creciente opacidad de las estructuras de propiedad. Hoy es frecuente encontrar fondos de inversión, sociedades cascada, controladores indirectos y relaciones patrimoniales que dificultan saber quién ejerce realmente el control de un club. Si las imputaciones de la Fiscalía llegan a acreditarse, el caso demostraría que el modelo no sólo fue incapaz de asegurar la transparencia que prometía, sino que incluso pudo facilitar estructuras societarias suficientemente complejas como para dificultar la fiscalización y el control público. Todo ello era bastante previsible, porque no hablamos, en simple, de una ausencia palmaria de controles, sino de que los controles existentes han sido vulnerados con demasiada facilidad. Y no solo en el caso Sartor.

Hoy la operación de Azul Azul está intervenida por un liquidador, en una figura que muchos sienten similar a lo que fue la sindicatura de José Manuel Edwards cuando quebró la Corfuch. ¿Considera usted que son figuras homologables, tanto en forma (el dinero que el club social le adeudaba a la tesorería versus las implicancias del Caso Sartor) como en fondo (el control de una institución deportiva)? 

Existen similitudes, pero también diferencias muy importantes. En ambos casos aparece un tercero administrando o interviniendo el destino del controlador del club, generando incertidumbre respecto de quién ejerce realmente el poder. Sin embargo, la antigua sindicatura respondía a un procedimiento concursal sobre la corporación que administraba directamente el club. Hoy el liquidador interviene una sociedad inversionista que participa en la propiedad de Azul Azul. Jurídicamente son instituciones distintas.

Con todo, hay un paralelo histórico que me parece imposible ignorar. Desde hace más de veinte años se ha discutido si las quiebras de los grandes clubes de fútbol realmente reunían los presupuestos que exigía la legislación concursal. En el caso de Universidad de Chile, una parte muy significativa del pasivo correspondía a tributos aplicados sobre primas y premios cuya procedencia y alcance jurídico fueron objeto de un intenso debate. Más allá de esa discusión técnica, la forma en que las instituciones enfrentaron esas crisis transmitió la impresión de que existía un interés particularmente intenso en llevar a los clubes a la quiebra, en circunstancias que, frente a otras crisis empresariales de gran magnitud —como las que afectaron a bancos o al caso Johnson's—, el Estado y el sistema financiero privilegiaron fórmulas de rescate, reorganización o continuidad antes que la liquidación.

Mi impresión es que hoy ocurre algo similar en otro plano. La intervención derivada del caso Sartor obedece a instituciones jurídicas completamente distintas y responde a antecedentes propios de esa investigación. Sin embargo, me atrevo a pensar que, si el activo involucrado no hubiera sido el controlador de Universidad de Chile, difícilmente la intervención habría tenido el mismo nivel de exposición pública, de escrutinio y de intensidad. La U sigue siendo una institución cuya relevancia social convierte cualquier decisión judicial o administrativa que la roce en un asunto de interés nacional. Eso no significa que las decisiones hayan sido incorrectas, pero sí explica por qué este caso adquiere una dimensión que probablemente no habría tenido tratándose de otra sociedad de inversión sin un club de fútbol detrás.

¿Cómo afecta la crisis directiva de Azul Azul a la percepción pública de la Universidad de Chile como una de las instituciones de educación superior públicas más importantes del país?

La Universidad de Chile y Azul Azul son personas jurídicas distintas, pero es imposible separar completamente ambas imágenes. El nombre, el escudo y la historia pertenecen a una institución pública con enorme prestigio académico y cultural. Cuando el principal dirigente del concesionario enfrenta una investigación penal de esta magnitud, inevitablemente se produce un impacto reputacional que trasciende a la sociedad anónima. Precisamente por eso la universidad siempre ha procurado mantener mecanismos de control sobre el uso de sus signos distintivos y sobre el cumplimiento del contrato que autoriza la explotación del nombre y de la insignia. En ese contexto, tampoco resulta indiferente que la actual rectora de la Universidad haya debido enfrentar cuestionamientos públicos a raíz de conocerse, con posterioridad al inicio de su campaña, que integrantes de su familia figuraban entre los inversores perjudicados por Sartor. Aunque se trata de un asunto completamente distinto y que no implica, por sí mismo, responsabilidad  penal alguna de la rectora, hubiera sido del todo prudente informarlo. Su coincidencia temporal con la crisis de Azul Azul ha contribuido a instalar un clima de mayor escrutinio sobre la gobernanza y los vínculos entre la universidad y la concesionaria, aumentando la sensibilidad pública frente a cualquier hecho que pueda afectar la credibilidad de ambas instituciones.

¿Qué mecanismos legales o contractuales tiene la Universidad de Chile (casa de estudios) para proteger su nombre, insignia y prestigio? ¿Cómo se estima el daño a la imagen?

Los mecanismos existen, pero en la práctica han demostrado ser bastante débiles. La principal herramienta de la Universidad de Chile es el contrato mediante el cual autorizó a Azul Azul a utilizar su nombre, escudo y demás signos distintivos. Sin embargo, la experiencia de estos años muestra que esos instrumentos han tenido una eficacia limitada para proteger el prestigio institucional cuando la concesionaria enfrenta crisis de gobierno corporativo o cuestionamientos públicos de gran magnitud.

El daño reputacional, además, es especialmente difícil de reparar. No se traduce únicamente en una pérdida económica, sino en que una de las universidades públicas más prestigiosas del país termina asociada, aunque jurídicamente no tenga responsabilidad alguna, a conflictos empresariales, investigaciones penales y disputas societarias completamente ajenas a su misión académica.

Por eso no resulta extraño que muchas personas planteen, con argumentos atendibles, que ha llegado el momento de revisar seriamente la continuidad de esa relación contractual. Si el nombre, el escudo y la identidad de la Universidad terminan expuestos de manera recurrente a controversias que ella no controla, es legítimo preguntarse si el modelo vigente sigue siendo compatible con el deber de la casa de estudios de proteger su patrimonio institucional y su prestigio. Esa discusión, que hace algunos años parecía impensable, hoy aparece razonablemente instalada.

¿Hasta qué punto lo ocurrido en el ámbito judicial afecta a los resultados deportivos? ¿Qué otras consecuencias pueden derivarse de la crisis de Azul Azul?

Creo que una crisis de esta magnitud inevitablemente termina afectando al equipo. No sólo porque dificulta la planificación deportiva, la relación con auspiciadores o la toma de decisiones, sino también porque es razonable pensar que los jugadores no estén completamente con la cabeza en el juego cuando el club vive un escenario de tanta incertidumbre. El fútbol se juega en la cancha, pero también desde la estabilidad institucional. Incluso si los resultados acompañan, una crisis de gobierno corporativo siempre proyecta una sombra sobre el proyecto deportivo.

Actualmente, la hinchada de Universidad de Chile lleva varios partidos manifestándose por el alto precio de los abonos y de las entradas, además del trato que recibe el hincha común tanto de local como visitante. ¿Qué le parece las explicaciones que ha dado la actual presidenta Cecilia Pérez al respecto y las propuestas que ha entregado la dirigencia a cambio, como permitir que niños ingresen gratis o hacer 2x1 con entradas de abonados?

Me parece que las explicaciones y medidas anunciadas tienen más cara de distractor que de solución. Son un analgésico barato para un problema mucho más profundo. Permitir el ingreso gratuito de niños o establecer promociones 2x1 puede ser un gesto positivo, pero no aborda el verdadero malestar de la hinchada: la sensación de que el club ha dejado de tratar al hincha como el centro de su proyecto para verlo principalmente como una fuente de ingresos. El problema no son sólo los precios, sino el modelo de relación con quienes sostienen al club desde las tribunas. Mientras esa percepción no cambie, difícilmente medidas puntuales lograrán recomponer la confianza.