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Martes, 7 de abril de 2020
Revista Cítrica

Covid-19: Una visión crítica desde Argentina de lo que pasa en Chile

Maxi Goldschmidt (*)

A cinco meses del estallido social, el coronavirus deja más al descubierto una de las principales demandas: el sistema sanitario. Las polémicas medidas y declaraciones del ministro de Salud. Una población en riesgo ante un gobierno que sigue apostando al mercado y a la represión.

“¿Qué pasa si el virus muta a una forma más benigna y en realidad lo único que produce es un resfrío común? ¿Qué pasa si el virus muta y se vuelve buena persona?”. Con esas palabras el ministro de Salud, Jaime Mañalich, descartó que el gobierno chileno decrete la cuarentena nacional, una medida que pide gran parte de la población, la comunidad médica y decenas de autoridades regionales. 

Según las cifras oficiales, en los últimos cuatro días el promedio de nuevos contagios es de 100 cada 24 horas, totalizando 632, el número más alto de la región después de Brasil.

“Insensatez completa” e “innecesario”, dijo sobre el pedido de cuarentena nacional el ministro de Salud, uno de los hombres más cuestionados por estas horas en Chile, donde el sistema sanitario deja al descubierto una de las principales críticas de la población: que está pensado para quienes pueden pagar.

“Mientras escuchamos que el gobierno dice que ‘Chile no vivirá lo de Italia’ y que ‘tenemos uno de los mejores sistemas de salud del planeta’, la situación es crítica en hospitales y centros de salud. Tienes que llevar tus propias sábanas si tienes la suerte de conseguir una cama. La salud es privada y si no tienes plata te mueres. Ya era así antes del coronavirus, ahora sólo será peor”, dice una observadora de Derechos Humanos que hasta hace unos días recorría hospitales y comisarías, y que hoy recibe las denuncias de pacientes y profesionales de la salud desde su casa, en cuarentena con su familia. 

Mientras que en las últimas horas el gobierno decidió que a partir de la noche de este domingo, entre las 22 y las 5, habrá toque de queda “preventivo”, en redes sociales abundan videos denunciando el colapso de hospitales, con pacientes acostados en el piso por falta de camas o profesionales de salud que desmienten las cifras oficiales (al sábado 21 de marzo: 632 casos y una muerte).

Desde el Colegio Médico también apuntaron a la política errática de Piñera. “La estrategia que ha tomado el gobierno de diagnosticar para contener la expansión de Covid-19 es imposible de implementar a la fecha. Es urgente ampliar la capacidad de testeo y mejorar la organización de la red asistencial”, dijo la presidenta del organismo, Izkia Siches, quien además expresó la preocupación porque los datos brindados por el ministerio de salud son “incompletos, inconsistentes y tienen una tremenda falta de transparencia que no se había visto en la historia institucional de la salud pública chilena”.

Primeras medidas polémicas

Pocas horas después de que el presidente Sebastián Piñera decretara el estado de catástrofe por 90 días -el miércoles pasado-, una de las primeras medidas fue pintar de blanco los grafitis de la Plaza Dignidad, derribar monumentos de madera de pueblos originarios y poner rejas al epicentro de las protestas. El presidente también designó como jefes de zona de catástrofe a dos generales que aparecen en una lista de oficiales que recibieron grandes sumas de dinero que no pudieron ser justificadas por el fisco.

Por su parte, el Congreso también se movió rápidamente para posponer la fecha del plebiscito para el cambio constitucional, que pasó del 26 de abril al 25 de octubre. La elección de constituyentes, en tanto, quedó fijada para el 4 de abril de 2021.

Hace una semana, cuando la curva de casos aumentaba de forma peligrosa en Chile -es el país, en proporción, con más infectados del continente-, fueron los alcaldes de diferentes regiones los que decidieron suspender las clases, pese a la oposición de los ministerios de Salud y Educación. La presión política hizo que Piñera saliera a anunciar la medida, pocos minutos después de que Mañalich insistiera en la negativa.

Más represión y conciencia popular

El 18 de marzo, al cumplirse cinco meses del estallido social, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó algunas cifras recopiladas hasta el 13 de marzo: 

-11.389 personas visitadas en comisarías, de las cuales 1580 fueron niñas, niños y adolescentes.

-1234 víctimas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

-282 personas que sufrieron torturas con violencia sexual.

-34 víctimas de homicidio frustrado a manos de agentes del Estado.

-2133 lesiones por proyectiles antidisturbios, de los cuales 1687 fueron por perdigones.

- 460 lesiones oculares.

El organismo presentó acciones judiciales por 1001 casos de golpizas, 714 por disparos y 275 por desnudaciones o tocaciones. Las cifras sólo representan los casos que pudo constatar el INDH, un ente autárquico y estatal, que tiene limitaciones de personal y presupuesto. 

Los números que manejan organismos de derechos humanos independientes, y que muchas veces recopilan información de hospitales y comisarías donde no llega el INDH, son muchísimo mayores. Y marcan una tendencia en alza que en las últimas horas fue denunciada por organismos internacionales. 

-La situación se ha complejizado aún más en marzo, porque gran parte de las manifestaciones están siendo encabezadas por alumnos de enseñanza media, y los niveles de represión han sido bastante fuertes, con heridas de gravedad por bombas lacrimógenas y principalmente por golpizas. La estrategia de Carabineros está centrada en los jóvenes, quienes iniciaron el estallido. Según esa fuerza, hay que hacerles tener miedo, amedrentarlos, asustarlos para que no sigan protestando.

La declaración del vocero de Amnistía Internacional de Chile, Roberto Morales, fue poco antes de que se declarara el Estado de catástrofe, lo que bajó el nivel de manifestaciones y represión en las calles.

De todas maneras, la mayoría de personas y organizaciones que participan del estallido social fueron las primeras en advertir de los riesgos de contagio, pedir la cuarentena nacional y denunciar que “en nuestro país, la salud, lejos de ser un derecho se constituye como un bien de mercado”. 

En el documento “El pueblo cuida al pueblo”, firmado por organizaciones como el Movimiento Salud en Resistencia -quienes llevan adelante las postas sanitarias que atienden a los heridos en las protestas-, la Coordinadora feminista 8M, la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Coordinadora Asambleas Territoriales (AT), remarca que “la medida más importante y colectiva que debemos tomar como actores sociales es evitar las aglomeraciones y respetar la cuarentena que corta la cadena de transmisión de una persona a la otra, permitiendo así no colapsar el sistema de salud y protegiendo a las poblaciones más vulnerables”. 

El texto, que teniendo en cuenta los recaudos llama a “crear organización, fortalecer los espacios barriales, de vigilancia de adultos mayores y la formación de redes de cuidados de niñes cuyos padres tengan que salir a trabajar”, hace hincapié en lo mismo que se respira en Chile desde el 18 de octubre: “Debemos tener conciencia de que la mejor forma de sobrellevar esta emergencia es en comunidad”.

(*) Publicado originalmente en la revista Cítrica.

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