La Tesorería General de la República (TGR) inició esta semana la ejecución de embargos contra deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), desencadenando una ola de denuncias, críticas transversales y una incipiente batalla legal que ya llegó a los tribunales. La medida, impulsada directamente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se convirtió en el mayor foco de conflicto político del gobierno de Kast en lo que va de su administración.

El "manotazo" que nadie esperó

Las redes sociales se llenaron de testimonios de personas a las que la TGR les vació literalmente sus cuentas bancarias —corrientes, vista y de ahorro— por mantener deudas morosas del CAE, sin que mediara aviso previo inmediato. Los afectados reportaron que los embargos se aplicaron incluso sobre ingresos inferiores al umbral de cinco millones de pesos que el gobierno había declarado como criterio de priorización.

La TGR confirmó que los embargos ya se ejecutaron en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos, con extensión al resto del país en los días siguientes.

El gobierno defiende la medida

La ministra de Educación, María Paz Arzola, salió a respaldar los cobros. Señaló que la morosidad del CAE hace que el financiamiento de la educación superior sea insostenible, y puso como ejemplo el ajuste anual de recursos para la gratuidad, que ronda los 200 a 300 millones de dólares: con esa cantidad, dijo, se podría equiparar el monto por niño en jardines infantiles, una demanda histórica del país. Arzola también atribuyó parte de la morosidad al efecto de las promesas de condonación del gobierno anterior: sostuvo que a los deudores se les decía que se les iba a condonar la deuda, lo que generó el incentivo de dejar de pagar.

En la misma línea, el ministro Quiroz recordó que el Estado gasta 500 millones de dólares anuales traspasando fondos a los bancos porque los deudores no pagan, y destacó que cerca de 30.000 personas ya se habían acercado voluntariamente a reprogramar su deuda tras el llamado de hace casi 90 días. Frente a las denuncias de embargos a personas con ingresos bajos, Quiroz admitió que si hubiera casos de personas por debajo del umbral de $3,5 millones mensuales, conversaría con la TGR para buscarles una solución distinta, pero reafirmó que los cobros continuarán de forma ordenada.

En regiones, la postura del oficialismo también fue de minimización del conflicto. El seremi de Educación de La Araucanía, Aaron Ríos, desdramatizó las críticas al señalar que lo que se está haciendo es simplemente aplicar la ley vigente, con el propósito de recaudar recursos para invertirlos donde hay mayor rentabilidad social: jardines infantiles, comprensión lectora, matemáticas básicas.

La oposición sale al paso

Las críticas desde el parlamento fueron duras y transversales. La jefa de bancada del Frente Amplio, diputada Emilia Schneider, calificó los embargos de "inmoralidad tremenda", y cuestionó la lógica del gobierno de vaciar cuentas de deudores del CAE mientras simultáneamente impulsa una reforma tributaria que baja el impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%.

El diputado PPD José Montalva fue más lejos en el cuestionamiento jurídico: señaló que ninguna deuda se cobra de esa manera y que no pueden equipararse las herramientas de cobro de impuestos con el cobro de una deuda contraída para estudiar. Anunció que la Comisión de Hacienda citará tanto al ministro Quiroz como al tesorero para rendir cuentas.

El diputado socialista Juan Santana, de la Comisión de Educación, sostuvo que usar la herramienta más dura del Estado contra alguien que se endeudó para estudiar es desproporcionado, y sentenció que el CAE fue un mal sistema desde el comienzo y que su salida nunca pasa por vaciarle la cuenta a la gente.

La discusión sobre la legalidad del procedimiento ya está abierta en los tribunales. El constitucionalista Tomás Jordán explicó que el CAE es un crédito regulado por ley, cuyo incumplimiento debería perseguirse a través de juicios ordinarios o ejecutivos, no mediante embargo administrativo inmediato. La única excepción que permite la ley sería el descuento sobre devolución de impuestos; cualquier cobro fuera de ese margen constituiría una vulneración del debido proceso.

De hecho, hace cerca de tres semanas la Corte de Apelaciones de Arica acogió un recurso de una deudora del CAE y dejó sin efecto el procedimiento de cobro iniciado por la TGR, al estimar ilegal que la Tesorería aplicara el procedimiento ejecutivo previsto para obligaciones tributarias a una deuda de crédito estudiantil.

La crisis no muestra señales de amainar. Con parlamentarios citando al ministro, cortes de apelaciones resolviendo en sentidos contradictorios según la región y miles de afectados sin liquidez inmediata, el CAE se perfila como el primer gran flanco político del gobierno Kast en materia social.