El desalojo de las personas venezolanas en la plaza Brasil en Iquique el pasado viernes 24 de septiembre fue un eslabón más dentro de una política migratoria ciega a las necesidades de protección de quienes ingresan al país, pero ávida de demostrar el poder estatal a través de las fuerzas del orden y declaraciones de no pasarán.

Es difícil pensar que la acción de desmantelar, cercar, limpiar y sacar a las personas de la plaza, de la calle o de las playas son una solución a la situación que enfrentan los miles de migrantes venezolanos que ingresan al país. ¿Pudieron acaso esa primera noche dormir tranquilos bajo un techo que los cobijara y abrigo que los protegiera? ¿Tuvieron los niños y niñas una comida más nutritiva que aquella que tenían disponible mientras vivían en la plaza? ¿Pudieron lavarse y asearse y pensar en que ahora si había una posibilidad de retomar los sueños que los empujaron a salir de su país?

Nada de eso ocurrió. Las pocas cosas que habían logrado juntar en su estadía en Chile, la escasa tranquilidad que puede brindar una carpa, la incipiente organización de quienes allí habitaban y que les permitió establecer turnos para cuidarse, terminó siendo arrasada e incluso quemada en un acto de crueldad como pocas veces hemos visto.  

Lo que se buscó fue dar una respuesta a la población local que mira cada vez con más preocupación y sospecha la llegada de migrantes. Y con ello se abrió la puerta a una serie de demostraciones xenofóbicas que se venían acumulando desde hace tiempo.

El desalojo no fue un intento por buscar una solución a quienes han debido hacer de la calle un lugar para dormir. No hubo intento en dar algo de esperanza y pistas de un mejor futuro a quienes han cruzado el continente, muchas veces a pie, en busca de una oportunidad. Lo que se buscó fue dar una respuesta a la población local que mira cada vez con más preocupación y sospecha la llegada de migrantes. Y con ello se abrió la puerta a una serie de demostraciones xenofóbicas que se venían acumulando desde hace tiempo.

Y es que la total ausencia de respuestas contundentes por parte del gobierno permitió que creciera el cansancio, la rabia y el odio hacia la comunidad venezolana. La ausencia de una aproximación solidaria y de un compromiso con los derechos de los seres humanos por parte de las autoridades permitió que germinaran sentimientos de rechazo los que fueron creciendo con las horas al punto de ser capaces de gritarle a niños y niñas que se fueran del país porque aquí nadie los quería. El odio emerge como un sentimiento demasiado peligroso y con consecuencias devastadoras cuando se manifiesta impunemente.

El crecimiento del ingreso por paso no habilitado es una situación inédita. Este ha sido uno de los grandes errores del gobierno: pensar que se puede manejar esta crisis con las mismas herramientas con las que se aborda la migración en general. Lo extraordinario de la situación que se está viviendo en el norte del país requiere pensar en medidas extraordinarias: asistencia y ayuda humanitaria a quienes recién ingresan, permisos especiales de trabajo a quienes han ingresado por pasos no habilitados; programas especiales de residencia temporales, reconocimiento de la situación de refugio acorde con el acuerdo de Cartagena firmado por Chile, asegurar derecho a la educación a niños que ya vienen con un importante nivel de desescolarización.

Pero lejos de incorporar algunas de estas prácticas, se ha dicho que cualquier ayuda que brinde el Estado Chileno a estas personas sería una señal para que entrara más de un millón de venezolanos que están en Perú. Estas respuestas denotan una ausencia total de algo que nos caracteriza como seres humanos: solidaridad y sentido humanitario.

Estas medidas han sido implementadas por países donde hay incluso un mayor número de personas venezolanas residentes como son Colombia y Perú. Pero lejos de incorporar algunas de estas prácticas, se ha dicho que cualquier ayuda que brinde el Estado Chileno a estas personas sería una señal para que entrara más de un millón de venezolanos que están en Perú. Estas respuestas denotan una ausencia total de algo que nos caracteriza como seres humanos: solidaridad y sentido humanitario.

Expulsiones y desalojos se mueven bajo un mismo encuadre: mostrar que se está haciendo un esfuerzo por mantener alejados a las y los migrantes del paisaje local y esconder el hecho de que son miles quienes se quedan en condición irregular. Lo terrible es que esta irregularidad conlleva una marginalidad absoluta que va más allá de la pobreza porque lo que cuestiona en última instancia, es la legitimad de la presencia, del estar y del ser.

-Carolina Stefoni, Universidad de Tarapacá e investigadora asociada a COES

-Aline Bravo, Proyecto Fondecyt "Rutas y Trayectorias de Migrantes Venezolanos"