Estamos donde tú estás. Síguenos en:

Facebook Youtube Twitter Spotify Instagram

Acceso suscriptores

Viernes, 18 de septiembre de 2020
Avaluado en US$ 32 millones

Demandan al Ejército por cuestionada venta millonaria de terreno fiscal en La Reina

Joaquín Riffo Burdiles

318aac13-ad4a-48bd-8ea2-62f31ca5a85b.jpeg

Manifestación este lunes afuera del predio en La Reina.
Manifestación este lunes afuera del predio en La Reina.

El diputado Tomás Hirsch (AH) junto a los concejales Sara Campos y Álvaro Delgado (DC) presentarán este martes una acción judicial por nulidad de derecho público y la prohibición de celebrar la licitación de un predio de 6.87 hectáreas que la institución castrense busca poner en el mercado por un valor mínimo de 25 mil millones de pesos.

El pasado 12 de julio, el Comando de Bienestar del Ejército de Chile publicó en El Mercurio un llamado a Licitación Pública para la venta del lote denominado D-1, ubicado en avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9282, comuna de La Reina. El precio mínimo de oferta fue fijado en 862.872 UF (cerca de 25 mil millones de pesos). 

Desde el conocimiento público de esta situación, el malestar ciudadano no se hizo esperar. Esto considerando que se trata de un terreno fiscal de 6.87 hectáreas, ubicado a un costado del Hospital Militar, el que ahora será redestinado a la venta por parte del Ejército.

Ayer lunes, vecinos y organizaciones sociales se dieron cita a una manifestación pacífica en las afueras del terreno, exigiendo detener la licitación del predio. En paralelo, durante la jornada el ministro de Defensa Mario Desbordes y el general de brigada del Ejército, José Marzal Sánchez, fueron citados a la Comisión de Defensa para dar explicaciones respecto a esta licitación. 

En esa línea, Desbordes explicó que los recursos obtenidos por la licitación del terreno estarán destinados a la construcción de un proyecto habitacional que beneficiará a 380 suboficiales de la institución en la comuna de Estación Central, y recalcó que “no es un proyecto que pretenda obtener recursos para fines propios del Ejército”, tal como recogió The Clinic.

Asimismo, Marzal afirmó que el Comando de Bienestar “no recibe recursos de la Ley de Presupuestos, sino que es responsabilidad de este comandante - y la ley así me lo exige - generar los recursos para poder desarrollar los proyectos que busquen dar solución a las necesidades que la ley expresamente nos mandata”.

La Comisión de Defensa de la Cámara Baja aprobó como acuerdo solicitar formalmente al Ejército vía oficio el cese de la licitación pública, pero hoy el tema se judicializó. 

Lo anterior pues el diputado Tomas Hirsch (AH) junto a los concejales DC de La Reina Sara Campos y Álvaro Delgado decidieron presentar una demanda contra el Consejo de Defensa del Estado por nulidad de derecho público y la prohibición de celebrar la licitación. 

Licitación en entredicho

INTERFERENCIA accedió al texto de la demanda (ver documentación adjunta), donde se solicita la “Prohibición de celebrar actos y contratos sobre el predio lote D-1 ubicado en avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9282, comuna de La Reina, inscrito a fojas 8458 N° 8715 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1966”.

Al respecto, el diputado Hirsch expresó que “estamos presentando una demanda contra el Ejército, representado por el Consejo de Defensa del Estado, para que se declare la nulidad del PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal) que le otorgó al Ejército un terreno de 6,8 en la comuna de La Reina, que hoy esa misma institución pretende vender en 25 mil millones de pesos para, según dicen, construir viviendas en otra comuna para suboficiales de esa institución”. 

A su vez, el parlamentario aseguró que “hemos hecho todo lo posible por dialogar con el Ministerio de Defensa y con el Ejército, le hemos planteado que este terreno necesariamente debe volver a la comuna y su comunidad para que pueda disponerlo en las tremendas necesidades de viviendas sociales que hay en la comuna, equipamiento comunitario y de áreas deportivas. Ese es el destino que debe tener este terreno y de ninguna manera ser usado para un negocio inmobiliario”.

“Lamentamos haber tenido que llegar a esta instancia judicial, pero es la única alternativa que le queda a la comunidad de La Reina, puesto que tanto el ministro Desbordes como el general a cargo del Depto de Bienestar del Ejército lamentablemente se negaron a la solicitud que hicimos de detener la licitación y realizar una mesa en conjunto con distintos actores y la comunidad para decidir el futuro de ese terreno”, apuntó Hirsch. 

La concejala Sara Campos dijo que “resulta impresentable y un gran abuso que un terreno que fue comprado por el fisco para destinarlo a un bien social como es la recreación de la población termine siendo un negocio inmobiliario. Estos terrenos adquiridos el año 1965, cuando la comuna nacía, finalmente se quedaron en manos del Ejército tras el golpe militar. Posteriormente en 1989, antes de entregar el poder a los civiles, fueron traspasados al Ejército con el destino de construir viviendas para sus funcionarios, lo que no ha ocurrido en 30 años. Exigimos que este terreno vuelva al fisco para que en conjunto definamos cuál es el mayor uso social, ya que tenemos escasez de terrenos en la comuna”. 

Por su parte, el concejal Álvaro Delgado aseveró que “nuestra demanda busca la nulidad de las resoluciones que destinaron los predios a Patrimonio de Afectación Fiscal, facultad que se le dio a las FF.AA. en un decreto con fuerza de ley de 1971 por un plazo acotado de 90 días y que siguieron utilizando hasta 1998. Gracias a la falta de fiscalización de las autoridades gubernamentales y políticas, y a una especial deferencia que la Contraloría tenía al momento de controlar a las instituciones armadas, concepto que fue reconocido por el mismo contralor Bermúdez en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados”. 

En efecto, según los denunciantes, las FF.A. tienen un régimen especial que les ha permitido desarrollar iniciativas de gestión inmobiliaria, utilizan la figura de los PAF, es decir bienes inmuebles que se han destinado al Ejército por Ministerio de Bienes Nacionales. De esta manera, la institución militar, sin conocimiento ni autorización del dueño - el fisco -, los pasa a Bienestar. Desde ahí los declara prescindibles y los vende quedándose con los recursos para actividades propias del Bienestar, y de este modo no pasan a fondos generales de la Nación.

Como indican los antecedentes discutidos ayer en la cámara baja, la utilización abusiva de la facultad de los PAF durante casi 26 años - entre 1972 y 1998 - permitió que las FF.AA tengan en la actualidad 2.440 terrenos en PAF en todo el país (2.324 hectáreas sólo en la Región Metropolitana).

A partir de lo anterior, la Fundación Defendamos la Ciudad, por medio de su presidente Patricio Herman, afirmó a INTERFERENCIA que “es impúdico que un comando de bienestar del Ejército, que es un mero administrador de estos bienes fiscales, tenga la patudez de venderlos en el mercado inmobiliario para obtener ganancias. Eso no corresponde en un país serio. Hay un contundente dictamen de 1998 que es resultado de la ministra de Bienes Nacionales del momento, Adriana Delpiano, que determinó que las disposiciones a las cuales aludían las FF.AA. y de Seguridad Pública han estado utilizando este ardid para disponer a su antojo de bienes que no les pertenecen”

Adjuntos: 

Ya que estás aquí, te queremos invitar a ser parte de Interferencia. Suscríbete. Gracias a lectores como tú, financiamos un periodismo libre e independiente. Te quedan artículos gratuitos este mes.

Comentarios

Comentarios

Añadir nuevo comentario