A la 10 horas de esta mañana en el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Concepción se presentará una denuncia que acusa la tala ilegal de bosque nativo al interior de un conjunto de cerros de Talcahuano, hecho que estaría pasando a llevar normas del plan regulador de la comuna.

La acción es impulsada por vecinos de Talcahuano, la ONG de Conservación Winkul Lafken, el consejero regional, Javier Sandoval (Partido Igualdad), el presidente de Chile Cosoc, Juan Carlos Venegas, y el concejal chorero, Víctor Palomino.

Estos terrenos pertenecen a la Compañía de Acero Siderúrgico (CAP) y sería esta misma empresa la encargada de la tala de árboles, según indicaron los denunciantes. 

Según el texto destinado al Serviu, al cual tuvo acceso INTERFERENCIA, a fines de 2018 comenzó la tala de sesenta hectáreas principalmente de los cerros San Martín y La U, en que existían gran variedad de árbol nativo y también monocultivo (pino y eucalipto). 

Estas zonas, según el vigente Plan Regulador de Talcahuano, son Zonas de Protección Cerro, es decir, están protegidas del uso inmobiliario e industrial con tal de preservar el ecosistema del lugar.

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Arriba: imagen de junio de 2018, antes de la tala. Abajo: imagen de febrero de 2019, después de la tala.

La misma normativa comunal establece además que este territorio es zona de mitigación, en otras palabras, impide que las emisiones de la industria impacten directamente en la zona urbana de los cerros. En este sentido, la preocupación de los denunciantes se fundamenta en que la calidad del aire en Talcahuano está declarada como zona saturada por Material Particulado Fino Respirable.

Sumado a esto, al interior de las hectáreas comprometidas, específicamente en el cerro Puntilla de Los Perales, se encuentra el monumento histórico en donde a fines de 1817 Bernardo O’Higgins firmó el primer acta de independencia de Chile. También entre los cerros hay zonas de importancia arqueológica e incluso hay un Küel (lugar ceremonial mapuche para recordar a los ancestros), el cual está reconocido incluso por la Conadi en un documento.

Uno de los puntos que complicaría en términos legales el desarrollo de esta tala es que al encontrarse al interior de una zona urbana, no podrían ejercer labores forestales.

La preocupación de los denunciantes es latente, puesto que CAP actualmente desarrolla un plan de reforestación que comprende sólo un 10% de árbol nativo, mientras que el resto se trata de pino, el cual es cuestionado por su alto consumo de agua subterránea.