El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concedió rebajas de condena a dos personas recluidas en los penales de Punta Peuco, condenadas por delitos de tortura y secuestro, según dos decretos exentos identificados por Interferencia.

Las decisiones se conocen en medio de la discusión sobre los beneficios penitenciarios para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, una materia que el Presidente José Antonio Kast ha abordado desde su campaña presidencial. En julio de 2025, el entonces candidato se abrió a la posibilidad de indultar a presos de Punta Peuco, particularmente en casos de personas de edad avanzada o con facultades cognitivas deterioradas, y sostuvo que cada situación debía analizarse individualmente.

Ya en La Moneda, Kast ha insistido en que su postura no implica indultar indiscriminadamente a todos los condenados. En marzo, el Presidente había confirmado que aplicaría indultos y no descartó beneficiar a condenados por derechos humanos. En mayo de 2026, afirmó que su compromiso era evaluar los casos uno a uno y sostuvo que no había prometido indultos para todos.

Aunque las rebajas de condena y los indultos son mecanismos jurídicos distintos, ambos forman parte de la discusión sobre las condiciones en que cumplen sus penas los condenados por crímenes de la dictadura. Los dos decretos obtenidos por Interferencia permiten abrir una interrogante sobre los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia para conceder estos beneficios durante la actual administración.

El ministro Fernando Rabat justificó las 56 rebajas por delitos sexuales en la reforma de 2022 y en la doctrina de la Corte Suprema sobre hechos anteriores a ella. Ese argumento se refiere a delitos sexuales contra menores y no explica por sí solo los decretos de Til Til.