Desde el penal de Punta Peuco, el ex brigadier del Ejército y ex integrante de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Miguel Krassnoff Martchenko, volvió a generar un encendido repudio entre organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de la dictadura militar. A través de una extensa misiva enviada al senador Iván Flores (DC) —y posteriormente difundida públicamente por la cuenta de X @PuntaPeucoHoy—, el condenado por más de 80 causas de violaciones a los derechos humanos cuestionó duramente sus sentencias judiciales, negó la aplicabilidad del concepto de lesa humanidad a sus crímenes y arremetió con una frase que encendió inmediatas alarmas: su supuesta certeza de alcanzar una “más que pronta libertad total”.

En el escrito, motivado por las declaraciones previas del parlamentario democratacristiano en rechazo a iniciativas que permitan la salida de prisión de condenados por atropellos a los derechos humanos, el represor argumentó que el concepto de lesa humanidad no es aplicable a su caso por haber sido tipificado en la legislación chilena en 2009 sin carácter retroactivo. Krassnoff justificó su desempeño en la DINA entre 1974 y 1976 señalando que cumplió la misión de “neutralizar la violencia y el terrorismo”, afirmando que jamás recibió órdenes de vulnerar derechos humanos y asegurando que no requiere “perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales”, sino únicamente la aplicación estricta de las leyes vigentes para obtener su libertad.

Un prontuario de mil años y crímenes incalculables

La narrativa de inocencia sostenida por el exmilitar contrasta radicalmente con el sólido prontuario judicial acreditado en los tribunales chilenos. Miguel Krassnoff acumula a la fecha condenas que superan en conjunto los mil años de presidio efectivo, derivados de su responsabilidad penal en secuestros calificados, homicidios y torturas sistemáticas perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

En su paso como uno de los principales jefes operativos de centros clandestinos de detención como Londres 38 y Villa Grimaldi, Krassnoff lideró interrogatorios brutales y desapariciones forzadas. Entre los emblemáticos casos por los que ha sido sentenciado destacan el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau, el homicidio de la periodista Diana Arón —quien fue detenida y torturada con un embarazo de pocas semanas—, y las graves torturas infringidas a Mónica Pacheco, una joven gestante agredida cobardemente con agua y aceite hirviendo según consta en los antecedentes judiciales.

Contundente rechazo de víctimas y la alerta por la impunidad

Las palabras del ex brigadier motivaron un rechazo categórico de los sectores aludidos. En declaraciones recogidas por El Mostrador, el senador Iván Flores sostuvo que la actitud del represor demuestra una “absoluta falta de arrepentimiento” y una soberbia preocupante respecto al valor de las vidas humanas, reafirmando que debe cumplir la totalidad de sus condenas tras las rejas. En tanto, Erika Hennings, sobreviviente de Londres 38 y querellante por la desaparición de su esposo Alfonso Chanfreau, señaló a BioBioChile que la carta refleja la misma soberbia con la que el exoficial actuaba en el recinto clandestino, cuestionando además que Krassnoff se mantenga en un pacto de silencio sin aportar información sobre el destino final de las víctimas.

A su vez, la abogada querellante en causas de derechos humanos Karinna Fernández advirtió al mismo medio que la convicción expresada por el reo sobre su liberación excede una simple opinión individual y debe interpretarse como una señal de alerta frente a eventuales compromisos políticos o gestiones gubernamentales no transparentadas a las víctimas. 

Esta inquietud se enmarca en la discusión de proyectos legislativos para otorgar reclusión domiciliaria a reclusos de avanzada edad y en las evaluaciones de indultos particulares bajo el gobierno de José Antonio Kast, contexto frente al cual representantes como Valquiria Jorquera, ex presionera política en Villa Grimaldi, y Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), insistieron en exigir el cumplimiento estricto de las condenas y recordar los compromisos internacionales asumidos por el Estado chileno para erradicar la impunidad en crímenes de lesa humanidad.