Trabajar bajo riesgo de intoxicación por plaguicidas, sin información suficiente, equipos de protección ni posibilidad efectiva de negarse, no puede reducirse a una infracción de seguridad laboral. En esas condiciones, la exposición deja de ser voluntaria y puede configurar indicios de trabajo forzoso. Ese fue el eje de la presentación «Agrotóxicos: el problema», realizada por María Elena Rozas, Coordinadora de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile (RAP-Chile), durante el XI Tribunal Ético de ANAMURI.

La undécima versión del Tribunal se realizó el 26 de agosto en Santiago, en el marco del Día Nacional de las Mujeres Asalariadas Agrícolas. Convocado bajo el lema «Ante el retroceso: defensa y resistencia por nuestros derechos», el encuentro volvió a abrir un espacio público de denuncia sobre las vulneraciones que afectan a las trabajadoras del mar, del campo y de los territorios. 

El encuentro reunió a mujeres del norte, centro y sur del país, junto con representantes de organizaciones sociales, del mundo académico y de instituciones públicas. Las exposiciones se articularon con testimonios de trabajadoras de la tierra y del mar que resisten, desde sus territorios y comunidades, distintas expresiones de explotación laboral.

Un modelo sostenido por sustancias altamente peligrosas

María Elena Rozas situó las intoxicaciones laborales dentro de una estructura productiva más amplia. El sistema alimentario convencional depende de plaguicidas y fertilizantes químicos derivados de combustibles fósiles, mientras las empresas agroquímicas y biotecnológicas intervienen en las políticas públicas y orientan qué se cultiva, cómo se produce y para quién. Las tecnologías patentadas, diseñadas para monocultivos comerciales a gran escala, expanden el mercado de plaguicidas y profundizan el control corporativo sobre la agricultura y la alimentación.

En ese modelo, los plaguicidas altamente peligrosos (PAP) sostienen la producción agroindustrial, pero sus costos recaen sobre quienes trabajan y viven cerca de los cultivos. La exposición puede provocar intoxicaciones agudas y enfermedades crónicas, además de degradar los suelos, contaminar aguas superficiales y subterráneas, afectar la biodiversidad y agravar la crisis climática. Niñas y niños, mujeres asalariadas agrícolas, embarazadas y comunidades campesinas se encuentran entre los grupos más vulnerables.

Intoxicaciones y contaminación de las aguas

Según los datos de vigilancia epidemiológica citados en la presentación, Chile registró 651 casos confirmados de intoxicación aguda por plaguicidas en 2024. La mayor incidencia se concentró en trabajadoras y trabajadores jóvenes y las regiones con más casos fueron Maule, O’Higgins, Metropolitana y Coquimbo. Ese año se notificaron 20 muertes, dos de ellas vinculadas al trabajo.

La Coordinadora de RAP-Chile advirtió que la exposición a plaguicidas también ocurre cuando se ingresa durante o después de una fumigación a predios, escuelas, jardines infantiles, establecimientos de salud o residencias de personas mayores; cuando no se respeta el período de reingreso; o durante la dosificación, mezcla, trasvasije, llenado de estanques, transporte, almacenamiento, limpieza y manejo de residuos. La ausencia de equipos de protección personal adecuados atraviesa estas situaciones.

La presentación agregó un segundo frente de riesgo relacionado con la contaminación del agua. Muestreos realizados en 2024 en ríos de las regiones de Maule y Ñuble detectaron diurón y fosetil-aluminio en el sistema Putagán-Loncomilla y en los ríos Ñiquén y Changaral. El diurón está clasificado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como posible carcinógeno, mientras el fosetil-aluminio puede causar efectos nocivos duraderos en organismos acuáticos. 

Cuando el riesgo deja de ser voluntario

La Organización Internacional del Trabajo define el trabajo forzoso como aquel exigido bajo amenaza de una pena y realizado de manera involuntaria. Para identificarlo, la OIT utiliza once indicadores y advierte que no es necesario que todos estén presentes: uno o varios indicios claros pueden justificar una alerta y una investigación. 

A partir de ese marco, Rozas identificó situaciones presentes en la agricultura y la agroexportación. La primera es la falta de consentimiento: aceptar un empleo no equivale a aceptar una intoxicación. Si una trabajadora desconoce los riesgos, no recibe protección adecuada o no puede rechazar una tarea peligrosa sin perder su ingreso, la exposición no es realmente voluntaria. Los plaguicidas entran en su organismo sin consentimiento y vulneran su derecho a la salud.

Un segundo indicador corresponde a las condiciones abusivas y peligrosas de trabajo. Aplicar plaguicidas sin protección, ingresar a zonas tratadas antes de que concluya el período de reingreso o realizar labores de limpieza y manipulación sin medidas de seguridad expone a daños previsibles. La precariedad económica, el desconocimiento del idioma o de la toxicidad de los productos profundizan la vulnerabilidad.

La amenaza de despido, las denuncias ante la policía, los daños a la familia o las listas negras contra quienes alertan sobre intoxicaciones también pueden operar como mecanismos de coerción. A ello se suma el engaño. Muchos contratos temporales no informan que el trabajo implicará contacto con plaguicidas altamente peligrosos, mientras el sector agroexportador tiende a reducir el problema a un supuesto «mal uso» individual.

La salud laboral es una cuestión de poder

La exposición de RAP-Chile instaló una definición política decisiva respecto a que las intoxicaciones son la consecuencia de un sistema productivo que concentra las decisiones y las ganancias, pero traslada los daños sanitarios, ambientales y climáticos a las trabajadoras, sus familias y los territorios.

El Tribunal Ético de ANAMURI, realizado desde 2009, no sustituye a la justicia institucional. Su fuerza reside en hacer visibles las responsabilidades empresariales y estatales que suelen permanecer dispersas o impunes. Al llevar el problema de los agrotóxicos al terreno de los derechos laborales y humanos, la presentación de Rozas cuestionó la normalización de empleos en los que la necesidad económica obliga a aceptar riesgos que ninguna persona debería soportar.

Mientras la agroexportación dependa de sustancias altamente peligrosas y de relaciones laborales marcadas por la precariedad, la protección de las mujeres asalariadas agrícolas seguirá subordinada a los intereses de las corporaciones agroquímicas y la agroindustria. Garantizar información completa, derecho efectivo a negarse, equipos de protección, fiscalización respeto de los períodos de reingreso y sustitución de los PAP es una obligación pública urgente.

Tras las exposiciones, correspondió al jurado elaborar el dictamen del Tribunal. Este estuvo compuesto por Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos; Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer e Igualdad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Camila Montecinos, de ANAMURI; Sonia Sagredo, de la Confederación Ranquil; y Daniel Riquelme, abogado de la Unidad de Estudios del Sindicato Mar y Tierra.

En el balance difundido tras el cierre, ANAMURI sintetizó las definiciones políticas del encuentro en tres exigencias tendiente a poner fin a la privatización del mar, terminar con la pesca y la acuicultura industriales y poner fin al modelo agroexportador contaminante. Frente al retroceso de los derechos laborales, la organización llamó a no ceder ningún derecho y a fortalecer la unidad, la defensa y la resistencia de las trabajadoras de la tierra y del mar.