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Sábado, 24 de agosto de 2019
Haciendo pasar predios rurales por urbanos

El caso de corrupción inmobiliaria en O'Higgins opacado por Caval

Joaquín Riffo Burdiles

Documentos mal emitidos y con información adulterada sobre los ítems de calificación de uso de suelo; una gran cantidad de viviendas construidas con subsidio edificados en zonas de riesgo de inundación y aluvión; y una constante negligencia y omisión de información por parte de los órganos fiscalizadores, son algunas de las irregularidades que denuncia el arquitecto Daniel Guzmán, ex funcionario público, quien ha llevado el caso ante la Contraloría y recientemente ante el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. 

El pasado 17 de julio, el arquitecto Daniel Guzmán -ex funcionario de la Municipalidad de Codegua, región de O'Higgins- realizó una denuncia ante la Fiscalía Nacional por malversación de caudales públicos y adulteración de instrumentos públicos.

Lo anterior, con el fin de poner en conocimiento, actos y gestiones negligentes, que involucrarían a la Fiscalía de O’Higgins, todos ellos relativos a una denuncia anterior titulada Irregularidades de malversación de recursos públicos y adulteración de instrumentos públicos en la Municipalidad de Codegua, Unidad Dirección de Obras (DOM) que fue formalmente presentada el 2 de noviembre de 2017, pero que no causó mayor revuelo. 

Según el arquitecto, se trata de actos con carácter de delito ocurridos en pleno proceso de actualización del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua del año 2015; el que habría afectado -a su vez- al Plan Regulador Comunal de Codegua, ambos instrumentos públicos de planificación urbana vigente. Esto, con el propósito principal de adulterar información de uso de suelo, para hacer pasar predios rurales como urbanos.

"El año 2015, realizando labores profesionales como arquitecto revisor en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Codegua, fiscalicé una gran cantidad de Certificados de Informaciones Previas [CIP], documentos oficiales de carácter legal que informan la normativa aplicable a un predio en particular. Documentos que fueron mal emitidos, y que contenían información adulterada en los ítems de calificación de usos de suelo. Estas adulteraciones se traspasaban a distintas solicitudes para permisos de edificación y subdivisión predial, sin objeción del Director de Obras, profesional responsable de la emisión de los certificados y decretos respectivos", cuenta Guzmán.

Entre las irregularidades estándar que se podían observar, acota el arquitecto, “existían terrenos rurales, que literalmente se hacían pasar como terrenos urbanos, esto con la finalidad de ser subdivididos por la Dirección de Obras en absoluta ilegalidad y en complicidad negligente del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua". 

A su vez, añade que “otro hecho común, pero grave, que me motiva a insistir en mi denuncia, era la existencia de una gran cantidad de viviendas construidas con subsidio edificados en zonas de riesgo de inundación y aluvión; áreas claramente definidas por los instrumentos de planificación territorial vigente. Esta irregularidad ocurría gracias a la constante negligencia de omisión de información en los CIP, los cuales se evacuaban, omitiendo informar las restricciones de los predios, al proyectista o al contribuyente. Esto se sumaba a una nula fiscalización por parte de la Dirección de Obras, Serviu y finalmente la Seremi de Vivienda de la región, las que aplicaban un singular criterio a beneficio de unos y en desmedro de otros, según fuera el caso en particular”.

Según remarca Guzmán, “estos hechos y otros más, fueron debidamente denunciados y sucedían, en pleno proceso de actualización del Plan Regulador Intercomunal de Rancagua y procesos de actualización de los planes reguladores comunales de la región, todos estudios financiados con fondos públicos durante el año 2015. 

Además, precisa Guzmán, “el Serviu, el año 2014, tenía perfecto registro de las negligencias cometidas en viviendas subsidiadas y construidas en zonas de riesgo. La información fue registrada al momento que los contratistas o constructores intentaron cobrar los honorarios por la ejecución de proyectos habitacionales, donde algunos se ejecutaron sin permiso de edificación y a la fecha no pueden ser ocupados legalmente, hasta subsanar el Articulo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones [OGUC], referido a las Zonas de Riesgo”.

Consultada sobre este hecho por el medio local El Tipográfo, la alcaldesa de Codegua, Ana María Silva, negó los hechos y anunció acciones legales contra los denunciantes, por -según ella- haber sido víctima de injurias. Por su parte, la Seremía de Vivienda aseguró “no tener antecedentes sobre el nombre del comité, ubicación geográfica de las viviendas, ni nada que nos permita fiscalizar el estado actual de estas viviendas”.

El denunciante dice haber fiscalizado los hechos que forman parte de la denuncia siendo funcionario público y que entregó en su momento los antecedentes de la malversación a su jefatura y algunos concejales comunales. También asegura haber sido testigo de una serie actos irregulares ocurridos en dependencias de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins (Minvu O'Higgins).

Sin embargo, era 2015, y el caso no generó mayor atención en ese momento, dado que en ese momento estalló el Caso Caval, el que también radicó en Rancagua, concitando toda la atención mediática y judicial.

EL ROL DEL MINVU

Según declara el ex funcionario público “si todos los antecedentes mencionados hasta aquí representan un hecho irregular digno de denuncia; faltaba la 'guinda de la torta', la cual ocurrió el mismo año 2015, en dependencias de la Seremi de Vivienda, durante las mesas de trabajo con las Direcciones de Obras de Graneros, Codegua y Mostazal, junto a la Unidad de Desarrollo Urbano de la Seremi Minvu de O’Higgins. 

En esta reunión, menciona Guzmán, “la consultora Habiterra, contratada con fondos públicos para llevar a cabo la modificación al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, expuso a ‘modo de denuncia’ que producto de una serie de negligencias por parte del proyecto Autódromo Internacional de Codegua, el Plan presentaría un aumento exponencial de zonas de riesgo de inundación para la comuna de Codegua, afectando tanto a predios rurales como a urbanos; en especial al centro de la comuna”.

“Esta anomalía se generó a razón de la destrucción de las medidas de mitigación y la ocupación ilegal del estero con el objeto de ampliar la pista de carrera del autódromo, así también como por la negligente construcción de falsos muros acústicos. La consultora Habiterra, sustentó su denuncia en estudios técnicos, los cuales coincidían curiosamente y tangencialmente con los procesos sancionatorios del proyecto Autódromo y oficios de la Superintendencia del Medio Ambiente, la que certificaba el hecho expuesto por parte de la consultora”, dice Guzmán.

De acuerdo al profesional, todas estas irregularidades siguen estando presentes al día de hoy, sin ser subsanadas ni sancionadas. “Por lo demás, el autódromo continúa funcionando normalmente, y esquivando constantemente los procesos sancionatorios y decretos de cierre, como ocurrió el pasado año 2018”, comenta el arquitecto.

Acompañado de la Fundación Defendamos la Ciudad, el arquitecto dirigió sus denuncias ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía Regional de O'Higgins, sin éxito, por lo que ahora decidió contactarse directamente con la Fiscalía Nacional.

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Muy dinámico e informativo

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