El 9 de septiembre de 2026, Jorge Alejandro Silva Ovando salió en libertad en Punta Arenas, un año y medio antes de lo que fijó su condena. Un día antes, el Ministerio de Justicia había firmado un decreto reservado que le rebajó 18 meses de la pena de 15 años y un día que le impuso en 2013 el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas por la violación y el abuso sexual reiterado de una niña. Así lo informó el 28 de octubre La Prensa Austral, que identificó el caso como uno de los 56 que Interferencia informó una semana antes. Desde entonces, el caso ha generado reacciones en todo el espectro político de Magallanes y ha puesto en duda cómo el Estado informa y protege a las víctimas.

El caso y el decreto

Según La Prensa Austral, los hechos ocurrieron entre 2003 y 2012, cuando la víctima tenía entre 8 y 16 años. En octubre de 2013, el tribunal oral de Punta Arenas condenó a Silva Ovando a 15 años y un día de presidio y a diez años de control posterior a la pena. Desde marzo de 2013 cumplía su condena en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Punta Arenas, un recinto semiabierto. Su pena debía terminar el 9 de marzo de 2028.

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Justicia de Magallanes envió su solicitud de rebaja al ministerio el 30 de junio de 2026. El 8 de septiembre, Luis Silva Irarrázaval, entonces subsecretario de Justicia, firmó como ministro subrogante el decreto exento N° 3.143, que le restó 18 meses a la condena y fijó su término para el día siguiente. Esa rebaja es una de las 56 que Interferencia dio a conocer en un comienzo.

Como en otros casos de este tipo, el ministerio se amparó en la Ley 19.856, que permite reducir penas por buena conducta. La Ley 21.421, publicada en febrero de 2022, excluyó de ese beneficio a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Para concederlo, el ministerio citó fallos de la Corte Suprema según los cuales esa reforma no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su publicación, y concluyó que estaba "jurídicamente impedida de rechazar el beneficio". La Prensa Austral advirtió que la jurisprudencia de la Suprema no es unánime y que ese mismo año el máximo tribunal había rechazado un recurso similar.

El 21 de octubre, Interferencia expuso que el Ministerio de Justicia había acortado entre marzo y septiembre las penas de 56 condenados por delitos sexuales contra menores, 27 por abuso sexual y 29 por violación. La mayoría de esos decretos los firmó el ministro Fernando Rabat, y el resto Silva y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, como subrogantes. El gobierno del Presidente José Antonio Kast terminó calificando las rebajas como un "error". El seremi de Justicia de Magallanes, Cristóbal Fernández, dijo a La Prensa Austral que el de Silva Ovando es el único caso de la región entre esas 56 rebajas.

La advertencia de Gendarmería

Al día siguiente, el 29 de octubre, La Prensa Austral publicó que dos años antes de la rebaja, Gendarmería de Magallanes había evaluado a Silva Ovando con un "riesgo de reincidencia de nivel alto". Con base en esa evaluación, la Comisión de Libertad Condicional de Punta Arenas le negó ese beneficio en 2023, 2024, 2025 y 2026. El informe de Gendarmería citado por el diario describía "deficientes herramientas para la resolución de conflictos y habilidades de autocontrol". Su defensa recurrió sin éxito a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, argumentando que las negativas eran arbitrarias porque cumplía el tiempo mínimo y tenía una conducta intachable.

Consultado por el diario, el seremi Fernández explicó que la rebaja de condena la decide otra comisión, que trabaja con "parámetros objetivos legales", y que una persona puede tener un informe desfavorable para la libertad condicional y aun así ser evaluada para una rebaja.

La víctima

El 1 de noviembre, La Prensa Austral publicó el testimonio de la mujer que fue víctima del condenado durante su infancia, identificada con el nombre ficticio de María para resguardar su identidad. Según el relato, se enteró de la salida por terceros y ninguna autoridad la contactó. Contó que la noticia reabrió una herida que creía superada y que retomó su tratamiento psicológico. "Yo creo que ni renunciando ni cambiando a la gente de sus puestos van a calmar esa rabia, esa impotencia que uno siente", dijo. También pidió a las autoridades que "indaguen un poco más, solo quienes fueron víctimas saben lo mal que se siente".

El diario retomó ese punto en un editorial del 2 de noviembre, titulado "La víctima olvidada". Allí sostuvo que "ninguna autoridad le informó de la rebaja de condena ni de la posterior excarcelación" y que el debate no puede limitarse a la legalidad del decreto: "No basta con establecer si una resolución se ajustó a derecho". Ya el 28 de octubre, en otro editorial, el medio había cuestionado "que un decreto reservado borre un año y medio de presidio efectivo con la sola firma de una autoridad subrogante".

Las reacciones en Magallanes

El caso provocó críticas desde la izquierda hasta la derecha. Según La Prensa Austral, la diputada Javiera Morales (FA) ofició para conocer el informe de Gendarmería y el "riesgo que significa este delincuente para la víctima, su familia y toda nuestra región". El senador Karim Bianchi (IND) pidió la renuncia de todos los involucrados, con un escueto "Todos deben renunciar", y sostuvo que la rebaja "es un beneficio, no un derecho adquirido". El diputado Carlos Bianchi (IND) pidió la salida del ministro tras su exposición ante la Cámara: "no basta con corregir el procedimiento ni asumir los errores", dijo, y agregó que "el ministro de Justicia debe renunciar".

Las autoridades regionales también se pronunciaron. El gobernador regional, Jorge Flies, calificó la rebaja de "inentendible": "Hoy día, si bien pueden ser legales, hoy día son inentendibles", dijo, y recordó que "el gobierno anterior se ha opuesto" a este tipo de rebajas. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, fue más lejos: "Lo que ha pasado es una vergüenza para todo el Estado". Aun así, el alcalde apuntó a las leyes y no solo a quienes firmaron, y sostuvo que "son errores que vienen de antes".

En el Consejo Regional, las críticas cruzaron los sectores, según La Prensa Austral. El consejero de derecha Rodolfo Arecheta sostuvo que "en términos políticos, no veo otra salida más que la renuncia del ministro y de los responsables". El republicano Roberto Weissohn dijo que "los responsables deben asumir las consecuencias". El exdiputado y consejero Juan Morano (DC) estimó que "de todas las acusaciones constitucionales conocidas, esta parece como la más pertinente".

Una parte de las críticas apuntó al silencio del gobierno en la región. La delegada presidencial, Ericka Farías, no se pronunció pese a las solicitudes de entrevista, y delegó las explicaciones en los seremis de Justicia y de Gobierno, según La Prensa Austral. "El silencio de las autoridades regionales es inaceptable", dijo el senador Karim Bianchi. "El silencio, en un caso así, también es una forma de tomar posición", agregó el concejal de Punta Arenas Jonathan Cárcamo. Según ITV Patagonia, el diputado Carlos Bianchi sostuvo que ese silencio "constituye una forma de respaldo político" a la medida. El mismo canal recogió la preocupación de la Corporación Opción, cuya directora (s) del programa ESI, Lilian Salazar, llamó a mantener "sanciones rigurosas" para estos delitos.

El escenario nacional

El caso de Punta Arenas se suma a una crisis que ha escalado en las últimas dos semanas. El 28 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó una resolución que pide la renuncia de Rabat y de los subsecretarios Silva y Mira, y la oposición anunció una acusación constitucional contra el ministro. El 30 de octubre, el gobierno removió a Silva, el mismo que firmó la rebaja de Silva Ovando. El 1 de noviembre, Interferencia reveló que el ministerio aprobó 11 rebajas que sus propias oficinas regionales habían objetado. Y según informó este medio el 2 de noviembre, Kast suspendió nuevas rebajas y anunció una revisión caso a caso de los decretos, pero mantuvo a Rabat en el cargo.