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Sábado, 24 de agosto de 2019
Indagados por la justicia

El empleo político más peligroso del mundo: ser ex presidente de Perú

Los últimos cinco presidentes electos que han gobernado el país vecino arriesgan un futuro tras las rejas, con uno de ellos cumpliendo condena efectiva hace casi una década. El punto más dramático lo puso ayer Alan García, quien prefirió quitarse la vida antes de enfrentar a la justicia por graves cargos de corrupción.

Aunque tenía un panorama judicial complicado y con un posible horizonte tras las rejas, nadie se imaginó que el líder del tradicional APRA tomaría la decisión extrema de suicidarse. Un destino que recuerda que, tras dejar el Palacio Pizarro, los mandatarios peruanos han debido enfrentar a la justicia de su país, acusados de graves cargos, la mayoría de ellos, relacionados con diversos actos de corrupción.

En efecto, casi todos los ex mandatarios de la nación vecina que están vivos enfrentan casos judiciales que los pueden llevar, o ya los han llevado a la cárcel. Incluso Francisco Morales Bermúdez, el ex dictador de 97 años que en 1975 derrocó al general Juan Velasco Alvarado, está condenado por la justicia italiana a cadena perpetua por la desaparición de una veintena de ciudadanos italianos en el marco de la Operación Cóndor. 

La única excepción fue la de Valentín Paniagua, quien entre 2000 y 2001 encabezó el gobierno de transición tras la caída de Alberto Fujimori, y que falleció en 2006.

Esta es la lista de los ex jefes de Estado de Perú y su situación judicial, que ayer alcanzó su clímax con el suicidio de Alan García.

Alan García (1985-1990) y (2006-2011)

Al momento de su muerte, la fiscalía peruana investigaba a García por presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias. Lo acusaba de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarle a la empresa la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima, en 2009, durante su segundo gobierno.

Las autoridades sostenían que recibió parte de este soborno en forma de un pago de US$ 100.000 por una conferencia en Sao Paulo. El resto de los sobornos los habría recibido a través de los ex funcionarios de su gobierno Luis Nava (Ministro de la Producción de García) y Miguel Atala (ex vicepresidente de Petroperú), detenido durante la misma jornada que se suicidó el ex mandatario.

Al momento de su trágica muerte, la Fiscalía peruana investigaba a Alan García por presunto lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.

Además, Alan García estaba acusado de recibir aportes de Odebrecht para las elecciones presidenciales de 2006. Según declaró el año pasado Jorge Barata, antiguo representante de Odebrecht en Perú, entregó US$ 200.000 a la campaña de García, a través de Luis Alva Castro, otro miembro del APRA. Por ello, en noviembre pasado las autoridades judiciales ordenaron que el ahora fallecido García no pudiera salir del país durante 18 meses.

Alberto Fujimori (1990-2000)

En abril de 2009 fue condenado a 25 años de prisión como responsable de delitos de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). En el primer caso 15 personas, erróneamente vinculadas al grupo Sendero Luminoso fueron asesinadas, incluyendo a un niño de ocho años, y otras cuatro más fueron heridas por atacantes que, posteriormente, fueron identificados como miembros del Grupo Colina, destacamento militar de las Fuerzas Armadas peruanas. En el caso de la Cantuta, un profesor universitario y nueve estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos por el mismo Grupo Colina

Fujimori, de 80 años, fue reenviado en enero pasado a la misma prisión donde cumplía su condena cuando fue indultado el 24 de diciembre de 2017 por el ahora también ex presidente Kuczynski (2016-2018).

Alejandro Toledo (2001-2006)

La fiscalía peruana acusa a Toledo de haber recibido dinero de Odebrecht para, supuestamente, favorecerla en la licitación de una obra de infraestructura en Perú durante su periodo presidencial entre los años 2001 y 2006. A raíz de ello el poder judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva para Toledo quien se encuentra prófugo en Estados Unidos.

Toledo está involucrado en el caso Ecoteva, que involucra la creación de una empresa offshore en Costa Rica para, presumiblemente, lavar dinero de origen ilícito.

Además, Toledo está involucrado en el caso Ecoteva, que involucra la creación de una empresa offshore en Costa Rica para, presumiblemente, lavar dinero de origen ilícito. En Ecoteva, la fiscalía acusa del delito de lavado de activos al ex mandatario y a otros implicados como su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex agente de seguridad Avi Dan On.

En marzo pasado fue detenido en San Francisco, Estados Unidos, por “estar ebrio en la vía pública”. Tras ser requerido por las autoridades peruanas, la policía local emitió un comunicado en el que afirmaron que “mientras estaba bajo custodia, recibimos un mensaje de Interpol sobre posibles cargos de Perú contra el Sr. Toledo Manrique. Después de contactar a funcionarios peruanos e Interpol, nos enteramos de que la existencia de cargos solo en Perú no autoriza la detención del sujeto en los Estados Unidos y el Sr. Toledo Manrique fue puesto en libertad a las 9 am del 18 de marzo de 2019”.

Ollanta Humala (2011-2016)

Junto a su esposa, Nadine Heredia, a Humala se le acusa de haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña presidencial en 2006 y 2011. Por eso, enfrenta los cargos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

La fiscalía asegura que la pareja lideraba una organización criminal dedicada al lavado de activos, beneficiándose con fondos que financiaron las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano (PNP).

A la ex primera dama se le acusa de usar el dinero recibido por el gobierno venezolano para financiar la ONG Promoción de la Identidad y Desarrollo Nacional (Prodin), la cual habría servido como caja chica del Partido Nacionalista. Y también de haber depositado más de US$ 42.000, dineros supuestamente provenientes de Odebrecht, a una cuenta de su hija menor en el Banco de Comercio.

En julio de 2017 Humala fue recluido de forma preventiva luego de haberse entregado voluntariamente por las acusaciones que pesan sobre él. Al año siguiente, en abril, por resolución del Tribunal Constitucional del Perú inició su proceso de libertad. De momento, el líder del Partido Nacionalista Peruano y su esposa tienen impedimento de salida del país.

Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2017 renuncia al cargo)

Es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Por ello, la fiscalía solicitó el lunes pasado la prisión preventiva de Kuczynski, a quien acusan de haber aprovechado su cargo de ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo para favorecer a Odebrecht. En diciembre de 2017 la constructora brasileña informó al Congreso peruano que había pagado US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczysnki.

A Kuczynski lo acusan de haber aprovechado su cargo de ministro de Estado en el gobierno de Alejandro Toledo para favorecer a Odebrecht.

En el texto, señalan que pagaron US$ 782.207 a Westfield Capital, empresa de asesoría de banca de inversión con dirección en Miami, Estados Unidos, y propiedad de este ex mandatario peruano. Asimismo, First Capital, ubicada en la misma dirección de Westfield, recibió más de US$ 4,4 millones por asesorías a Odebrecht en proyectos en Perú entre 2004 y 2013.

El mismo día que Alan García se quitó la vida, PPK cumplía detención preliminar de 10 días en un recinto policial de Lima, mientras comenzaba la audiencia de prisión preventiva por un plazo de 36 meses en contra del ex mandatario. Sin embargo, presentó una crisis cardiaca que obligó a hospitalizarlo e intervenirlo quirúrgicamente, según anunciaron las autoridades médicas de la clínica limeña donde fue internado. Ello deja pendiente la orden de detención preventiva en su contra por parte de la fiscalía, que pide tres años de prisión para PPK.

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