Las vinculaciones del narcotráfico con la corrupción de las altas esferas del Estado ha sido una constante en el Perú. Y, en el caso de ser procesados los autores, no han faltado jueces y fiscales que han asegurado la impunidad de los grandes narcotraficantes.

La gestión del economista peruano Luis Carranza terminó de manera abrupta en medio de graves acusaciones de acoso laboral, falta de probidad y manejos políticos indebidos. En sus cuatro años al mando, más de 100 funcionarios se han ido del mayor banco de desarrollo de la región.

Tras el cierre del Congreso en septiembre de 2019, la ciudadanía peruana escogió a los parlamentarios que van a legislar en los próximos 16 meses. El resulado es un sistema político altamente fragmentado, en el cual los peruanos giraron al centro y castigaron a las organizaciones afectadas por casos de corrupción. El partido de Keiko Fujimori bajó considerablemente su influencia y la colectividad de Alan García desapareció del Poder Legislativo tras su suicidio en abril. 

Los últimos cinco presidentes electos que han gobernado el país vecino arriesgan un futuro tras las rejas, con uno de ellos cumpliendo condena efectiva hace casi una década. El punto más dramático lo puso ayer Alan García, quien prefirió quitarse la vida antes de enfrentar a la justicia por graves cargos de corrupción.

En menos de dos días, Pedro Chávarry removió y restituyó a los fiscales que persiguen a Keiko Fujimori y Alan García, entre otros políticos vinculados al caso más grande de corrupción de Latinoamérica. El presidente peruano, Martín Vizcarra, va ahora por la cabeza del persecutor.