Vale la pena hacer algo de memoria. Hasta el año 2018, la institucionalidad científica de Chile constaba de una agencia (CONICYT) alojada en el Ministerio de Educación, una cartera políticamente expuesta, con numerosos frentes de acción, servicios dependientes y conflictos políticos permanentes. No debiera sorprendernos, entonces, que rara vez un ministro o ministra de educación haya prestado mucha atención al fomento de la investigación científica, y qué decir de la tecnología y la innovación. Dicha tarea recaía, con algo de suerte, en el presidente o la presidenta de CONICYT, una figura de escaso poder político. Por lo mismo, tampoco debiera sorprendernos que Chile no contara, en aquel entonces, con una política científica formal. Las estrategias producidas por el Consejo Nacional de Innovación (como la que esta semana entregó el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo al presidente José Antonio Kast) caían en tierra infértil, pues la débil institucionalidad de aquel entonces carecía de las capacidades para impulsar una política en este ámbito. Mientras tanto, el ámbito tecnológico y la innovación también recaían en Corfo, lo que derivaba en eventuales duplicidades e ineficiencias y en la falta de una mirada sistémica.

La creación de la institucionalidad de rango ministerial para la ciencia contó con un apoyo transversal y se produjo después de casi una década de debate, que incluyó la movilización de la comunidad científica, sesiones especiales en la Cámara de Diputados, el trabajo activo de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, y dos comisiones asesoras presidenciales de gobiernos distintos, que llegaron a conclusiones similares (a saber, la necesidad de otorgar a la ciencia un rango ministerial). Cabe recordar que fue la presidenta Bachelet quien impulsó la preparación del proyecto de ley para crear la nueva institucionalidad (esfuerzo liderado por el destacado científico y Premio Nacional de Ciencias, Mario Hamuy), y que, a su vez, fue el presidente Piñera quien nombró al primer ministro de la cartera. Esto muestra el amplio apoyo y consenso que reunió la iniciativa. 

Y, si bien los resultados quizás no han sido los esperados (el ministerio, cabe recordar, inició su proceso de instalación y al poco andar se encontró con el estallido social, primero, y luego con la pandemia de COVID, y quizás nunca se recuperó de la seguidilla de ministras y ministros que ha tenido en tan corto lapso), es indudable que hoy la ciencia tiene mayor visibilidad política, e incluso contamos, por fin, con una política de desarrollo científico formal (que requiere mejoras, desde luego), y con un marco legal —la Ley 21.105— que compromete al Estado en este ámbito. Nada de esto existía con una agencia de menor rango en el Ministerio de Educación. 

Pese a la compleja historia que llevó a la creación de la nueva institucionalidad, en semanas recientes hemos visto una nueva arremetida contra el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Por una parte, personeros de la UDI propusieron reducir el número de ministerios, con el Ministerio de Ciencia como una de las carteras afectadas. El argumento, al parecer, es que un menor número de ministerios se asocia con un mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, la evidencia empírica no permite confirmar dicha correlación (si acaso existe, es débil). A nivel de los países de la OCDE, de hecho, existe una amplia variación en el número de ministerios, secretarías o departamentos. Por otro lado, se ha argumentado que una eventual fusión conllevaría ahorros fiscales y una mejor coordinación. La experiencia acumulada con la institucionalidad anterior, cuando existía confusión sobre roles y responsabilidades, además de evidentes problemas de coordinación entre agencias y la escasa visibilidad política de la ciencia, debiera alertarnos sobre la pobreza de los argumentos “proeficiencia” que hoy se esgrimen para fusionar Ciencia, Educación y Cultura, por ejemplo. Además, cabe preguntarse cuál será el ahorro real al eliminar un ministerio que ya maneja un presupuesto famélico.

Las palabras del presidente Kast de esta semana (“Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia, y Chile no tiene futuro sin ciencia”) podrían interpretarse como un compromiso por valorar y fortalecer la actual institucionalidad. Sin embargo, en semanas recientes hemos visto un Ministerio de Ciencia cada vez más cuestionado y debilitado. No solo se han recortado fondos destinados a programas clave para el desarrollo científico; además, aún estaría en riesgo el financiamiento de una docena de programas, y la renuncia del subsecretario Rafael Araos expuso una eventual orden para despedir a cerca de un tercio de los funcionarios de la cartera, algo que, en caso de haberse concretado, hubiese significado decapitar el ministerio, dejarlo sin capacidad operativa. En la práctica, significaba desmantelar la cartera. 

Es legítima la preocupación por una mejor gestión del Estado, un uso más eficiente de los recursos y una reducción de la burocracia. Es un signo de una buena política. Pero impulsar el desmembramiento del Estado sin argumentos técnicos razonables, o eliminar un ministerio menospreciando el trabajo transversal y de amplia envergadura de más de una década que llevó a su creación hace apenas unos años, es un signo de mala política. En efecto, quizás sea un reflejo de algo peor: una política arrogante —que menosprecia lo ya construido— y con profundas motivaciones ideológicas y populistas, que busca soluciones simples (recortar para ahorrar) a problemas complejos.