El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), entidad de corte socialdemócrata con sede en Guatemala que se especializa en el análisis técnico en materia fiscal de países de América Central, publicó un estudio sobre el ejercicio financiero de El Salvador, comparando cifras socioeconómicas de los últimos años.

Icefi informa que el gobierno de Nayib Bukele ha registrado una mejora en las cuentas fiscales, pero advierte que ésta se da “a costa de recortes en áreas claves para el bienestar de la población” como Educación, Salud y Obras Públicas. Todo en un contexto de aumento en la pobreza y la inseguridad alimentaria.

Titulado Análisis de la Ley del Presupuesto General del Estado para el Ejercicio Financiero Fiscal 2023 de El Salvador y su comparación con el presupuesto ejecutado en 2022, el documento de 46 páginas recoge datos de distintas entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Panamericana de la Salud, la ONU y el propio gobierno de Bukele; entre otros. (Léalo acá).

En el caso particular de la inseguridad alimentaria grave, se pasó de 13,8% en el primer periodo mencionado a un 14.7% durante el actual del presidente Bukele.

De acuerdo con el informe, un 4,5% de la población de El Salvador se encontraba bajo los parámetros de extrema pobreza en 2019, año en que asumió Bukele como presidente. Según las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos del Banco Central de Reserva del país centroamericano, aquella cifra aumentó a 8,6% en 2020 y bajó a 7,8% en 2021. Icefi describe esto como “un retroceso de casi una década en la lucha contra la eliminación de la pobreza extrema”.

El análisis de Icefi también cita datos contenidos en el Informe del Panorama regional de seguridad alimentaria nutricional 2022, elaborado por distintas agencias de la ONU (FAO, Fida, OPS, WFP y Unicef), el cual apunta que El Salvador, Guatemala y Honduras son las naciones que experimentaron un mayor aumento en inseguridad alimentaria moderada o grave en América Latina.

Entre 2014 y 2016, un 42,2% de la población salvadoreña (equivalente a 2.7 millones de personas) se encontraba afectada por inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que entre 2019 y 2021 esto aumentó a un 46,5%, con 3 millones de personas que “no comieron lo suficiente o incluso no comieron”. En el caso particular de la inseguridad alimentaria grave, se pasó de 13,8% en el primer periodo mencionado a un 14.7% durante el actual del presidente Bukele.

En cuanto al gasto público, el instituto asevera que se ha bajado la inversión en Educación desde un 4,6% del PIB en 2021 a 3,9% en 2022; disminución que también experimentó la cartera de Salud (de un 3,5% a un 3,4% en el mismo periodo) y Obras Públicas (de un 1,5% a un 0,9%).

Icefi alerta además en un comunicado de prensa que para el presupuesto de 2023 “se está aplicando al ramo de agricultura y al programa de la pensión para los adultos mayores y personas con discapacidad, contrasta con los aumentos en las asignaciones de recursos para la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Prensa, de la Presidencia de la República”. (Lea acá el comunicado).

El “peso de la recaudación continúa dependiendo mayoritariamente de los impuestos indirectos, y con ello, la estructura del sistema tributario salvadoreño continúa siendo regresiva”.

En materia tributaria, el centro de estudios guatemalteco explica que para este año se vendrá una caída en la carga tributaria desde 20,7% a 19,4%; en circunstancias que el “peso de la recaudación continúa dependiendo mayoritariamente de los impuestos indirectos, y con ello, la estructura del sistema tributario salvadoreño continúa siendo regresiva”.

La entidad también acompaña una serie de recomendaciones; como liquidar el fondo Bitcoin que creó Bukele para así incorporarlos a la partida presupuestaria 2023; una mayor transparencia fiscal; reducir los recursos orientados a publicidad; y “prohibir la contratación de funcionarios ad-honorem”, entre otras.