Pasadas las 20:00 de este miércoles, los camioneros salieron de La Moneda sin acuerdo y confirmaron que el paro sigue. Solo minutos después, el biministro Claudio Alvarado anunció dos proyectos de ley: uno para revertir el alza de este jueves y otro para congelar los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027.

El alza, sin embargo, no se detiene de inmediato. Enap confirmó que desde el jueves 12 las gasolinas subirán 38,7 pesos por litro y el diésel 41,9, la sexta alza consecutiva de las bencinas. Si el Congreso respalda el proyecto, el incremento solo se revertiría desde el jueves 19. El paquete incluye además extender hasta diciembre de 2027 el beneficio que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico, y una compensación cuando su componente variable sea negativo. 

A eso se suma un calendario que aprieta. El viernes Kast tiene previsto partir a Asia para una gira por Vietnam, China (con ocasión de la APEC) y Japón. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, advirtió que el paro “no aguanta más días” y que debe resolverse antes de la gira. El Gobierno llega a ese plazo sin el proyecto que anunció como su respuesta y con un problema que no puede presentar como ajeno.

Un conflicto de origen propio

El conflicto tiene sus raíces en marzo, cuando el Gobierno modificó el Mepco y vino el primer gran aumento de los combustibles. Desde entonces el contexto externo ha empeorado: desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, el diésel internacional ha subido un 80 % y las gasolinas un 40 %. Nadie puede atribuirle a Kast el precio del petróleo. Pero sí la decisión de debilitar, justo antes de la crisis, el mecanismo creado para amortiguar este tipo de shocks.

La oposición ya lo dice sin rodeos. El diputado Raúl Soto (PPD) responsabilizó al ministro de Hacienda y sostuvo que el Gobierno manejó mal el asunto, que debió preverse y que reaccionó tarde, a días del alza y con un proyecto que solo topaba los aumentos en 20 pesos. Presentar como solución lo que ya existía, y lo que el propio Gobierno recortó, es un problema de credibilidad antes que de diseño.

Un proyecto que no duró un día

Conocido como “Ley Frenazo”, el proyecto buscaba fijar en 20 pesos por litro el límite para las alzas de los combustibles durante 90 días. La idea era que el traspaso de las variaciones del petróleo a los precios locales fuera más gradual, y se sumaba a los mecanismos de contención que el Gobierno ya había aplicado a través del Mepco. Entró a la Cámara la noche del martes, en pleno paro de camioneros, con discusión inmediata y la intención de votarlo el lunes 16 de noviembre.

Pero el Gobierno lo retiró a menos de 24 horas de su ingreso, y las explicaciones no calzan entre sí. La Tercera informó que Hacienda instruyó el retiro para que la tramitación no interfiriera con las conversaciones con los gremios; según Emol, el texto habría tenido un error de contenido; y Quiroz habló de dejarlo “en pausa hasta ver qué resulta”. 

Más tarde, Alvarado reconoció el problema de fondo: no querían conversar en una línea mientras tramitaban un proyecto en otro sentido. La frase resume el método. Una ley anunciada con nombre de campaña, discusión inmediata y fecha de votación terminó convertida en moneda de cambio, y el Gobierno tuvo que desarmar en 24 horas lo que había anunciado el lunes.

Congelar a contrarreloj

El eje de la negociación en La Moneda fue por cuánto tiempo se congelaban los precios, es decir, durante cuánto tiempo no habría nuevas alzas. El Gobierno ofreció congelar las alzas por 74 días y los camioneros exigieron 120; las bases rechazaron la propuesta oficial. El dirigente Cristian Sandoval explicó que 120 días era lo ideal para recuperar algo de los siete u ocho meses de alzas del combustible.

Minutos después de que los dirigentes salieran sin acuerdo, el Gobierno mejoró su oferta por la vía del anuncio. Alvarado informó el ingreso de dos proyectos de ley: uno para revertir el alza que comienza a regir el jueves y otro para congelar los precios hasta el 3 de febrero de 2027, lo que según el propio biministro significa casi 90 días sin alzas. El paquete incluye además extender hasta diciembre de 2027 el beneficio que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico, y una compensación cuando su componente variable sea negativo. 

El congelamiento no baja los precios, solo frena nuevos aumentos, y parte desde un nivel ya alto: el alza igual se aplica este jueves 12 y solo se revertiría desde el 19, si el Congreso respalda el proyecto. Aun así, el Gobierno terminó ofreciendo más de lo que había logrado cerrar en la mesa, y sin que los dirigentes lo hayan aceptado todavía. Falta saber cuánto cuesta todo esto y cómo se financia, algo que no es menor para una administración que ha hecho del recorte fiscal su bandera. 

El orden como argumento

El propio Kast ha hecho de la imagen del país parte de su argumento. Dijo que el Gobierno respalda el derecho a manifestarse, pero que un corte en una carretera “prende las alarmas en el mundo entero” y afecta la percepción de Chile como destino de inversiones. En paralelo, el Gobierno había advertido que despejaría las rutas.

Esa preocupación tiene una explicación concreta. La comitiva a Asia incluye a ministros y a una misión empresarial liderada por la presidenta de la Sofofa, en un viaje enfocado en estrechar lazos comerciales. El discurso del orden y la señal hacia los inversionistas conviven con concesiones de última hora, y la pregunta es cuál pesó más en la decisión de ceder.

El antecedente de 2022

El precedente más cercano muestra cuánto cuesta cerrar un paro así. En 2022, bajo el Gobierno de Boric, el conflicto terminó tras más de una semana de paro, con el compromiso de inyectar 1.500 millones de dólares al Mepco y de enviar un proyecto para mantener sin cambios el precio del diésel. Se cerró con plata fiscal y con un mecanismo de amortiguación repuesto, justo lo que hoy se discute.

El dilema se repite, pero ahora lo enfrenta un Gobierno que decidió restringir el gasto y que debe elegir entre financiar un congelamiento o dejar que el paro lo siga desgastando. En 48 horas el paro pasó de convocar a camioneros del centro-sur a involucrar a decenas de gremios en todo el país, y el margen para decidir se acorta con cada jornada.

Un paro sin vocería única

Sigue sin estar claro con quién se cierra el acuerdo. El presidente de Fuerza del Norte, Cristian Sandoval, dijo que el paro continúa “en indefinido” y que volverán a La Moneda cuando el Gobierno abra la conversación. Entre los puntos pendientes están la tarifa y el piso fijo, y también la eliminación del impuesto específico y los plazos de implementación. A eso se suman otros actores: micreros de Lota, Arauco y Concepción se sumaron al paro y anunciaron movilización para este jueves, y camioneros de Valparaíso marcharán hasta el Congreso. 

Hay además un error de método que los propios camioneros señalan: el paro escaló porque no se negoció con ellos y los anuncios se hicieron sin consensuarlos. Un dirigente lo resumió con una frase dura sobre Hacienda: dijo que Quiroz les “quitó nuestros 20 pesos”. Queda pendiente la respuesta de los dirigentes al nuevo anuncio, y de ella depende que Kast viaje con el conflicto encaminado o con las rutas todavía bloqueadas.