En menos de veinticuatro horas, el relato del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, pasó de la firmeza de un presunto dictamen de inteligencia a la fragilidad de una simple recopilación de noticias y opiniones locales.

Luego de haber asegurado categóricamente en televisión abierta que agencias norteamericanas poseían pruebas sobre la articulación del estallido social por parte de organizaciones de izquierda, el diplomático tuvo que presentarse en el edificio de la Cancillería chilena para matizar drásticamente sus palabras. Ante el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, Judd terminó admitiendo que la legación estadounidense no realizó ninguna investigación independiente en territorio nacional ni cuenta con carpetas secretas que identifiquen a grupos o personas específicas.

La convocatoria en la Cancillería duró apenas quince minutos, pero bastó para que el Ejecutivo chileno marcara una tajante advertencia diplomática. El canciller Pérez Mackenna le recordó expresamente al representante norteamericano la premisa fundamental de que los embajadores no deben opinar sobre la política interna de los países en los que están acreditados.

A la salida del encuentro, un visiblemente cauteloso Brandon Judd intentó desmantelar el revuelo provocado el día anterior, reconociendo que sus aseveraciones no provenían de operaciones de inteligencia militar o de informes clasificados de la CIA, sino de una revisión elaborada a partir de fuentes abiertas locales, tales como declaraciones de políticos, reportes policiales, actas del Congreso y artículos académicos chilenos.

El episodio comenzó a gestarse cuando el embajador concedió una entrevista televisiva en la que respaldó efusivamente las intervenciones de la subsecretaria de Estado para la Diplomacia de Estados Unidos, Sarah Rogers, pronunciadas días antes en el Foro Madrid. En esa oportunidad, Judd aseveró que los datos recopilados por la inteligencia de su país confirmaban de manera inequívoca el rol de organizaciones de izquierda en los destrozos y la violencia ocurridos desde octubre de 2019. Sin embargo, al ser requerido formalmente por la Cancillería para que hiciera entrega de dichos antecedentes con el fin de remitirlos a la Fiscalía Nacional, el representante estadounidense tuvo que confesar que no poseía documentación sustancial ni insumos judiciales que aportar.

El repentino viraje de la embajada lejos de aplacar los ánimos encendió las alarmas en el espectro político chileno, donde diversos sectores calificaron el actuar diplomático como temerario e impertinente. Desde el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro tildó las intervenciones de Judd como actos de una frivolidad inédita en la diplomacia bilateral, instando al Gobierno chileno a escalar el reclamo mediante la presentación formal de una nota de protesta.

Por su parte, parlamentarios del Partido Comunista y del Partido Socialista acudieron directamente ante la Fiscalía para presentar una denuncia criminal. La acción judicial busca esclarecer si funcionarios de organismos policiales o del Sistema de Inteligencia del Estado traspasaron de manera irregular o ilegal información sensible a una legación extranjera, lo que constituiría una severa infracción a las leyes de inteligencia vigentes en el país.

El tropiezo diplomático de Brandon Judd deja al descubierto los riesgos de instrumentalizar el debate sobre la seguridad y el conflicto social interno en plataformas político-partidarias internacionales. Al pretender transformar titulares de prensa, informes policiales y transcripciones parlamentarias en supuestas revelaciones de inteligencia de una superpotencia, la representación norteamericana terminó provocando un bochornoso impasse diplomático que empaña la relación bilateral y reabre un complejo debate sobre la soberanía y los límites de la injerencia extranjera en la memoria política reciente de Chile.