Estallido social
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
Revisamos cómo titularon sus ediciones de ese viernes periódicos como La Tercera, El Mercurio, El Diario Financiero y, claro, Interferencia. Ningún editor sabía lo que pasaría ese día, pero la mirada de estos medios refleja, en parte, cómo sentían el pulso de lo que sucedía.
En la causa donde el Ministerio Público ingresó ayer la petición de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su antecesor Mario Rozas, el Consejo de Defensa del Estado figura como querellante. Serán los consejeros quienes resolverán si acompañan a la fiscalía para imputar delitos ante un tribunal.
Este académico de Paris Cité y de la UDP ha estudiado el gran fenómeno del pasado reciente de Chile, desde la perspectiva de una clase social emergente a la que llama 'popular-intermediaria'. La misma que está definiendo el gran ciclo electoral de 2020-2022, en un horizonte de crisis de la 'imaginación política'.
Leonardo Medina Caamaño, el miembro de la Armada que arrolló y mató a Manuel Rebolledo en Talcahuano durante el estallido social, quedará sin pasar un sólo día en la cárcel. La familia de la víctima estudia recurrir a la justicia internacional.
El tribunal de alzada desestimó los recursos presentados tanto por la parte querellante como por la defensa del uniformado, los que respectivamente buscaban un nuevo juicio para conseguir una condena por homicidio y un sobreseimiento, respectivamente. Con esto se confirma la condena de cuasidelito de homicidio, lo que en la práctica dejará a Leonardo Medina Caamaño sin pasar un solo día en la cárcel.
Fuentes cercanas a Dirección del INDH aseguran que la decisión de no renovar a 48 funcionarios de 63 que terminaban contrato, se debe a que los fondos son transitorios, por lo que no se podría garantizar su paso a contrato indefinido. Desde las jefaturas regionales aseguran que las víctimas pagaran las consecuencias.
En dos años, la labor del uniformado ha estado marcada por conflictos importantes. Dos muertos bajo la responsabilidad de la Armada y un cuestionado negocio forestal, el cual ha dañado el bosque nativo en la península de Tumbes, hacen que su nombre entre en controversia en la Región.
El 21 de octubre pasado se cumplieron dos años del día en que el joven de Talcahuano fue arrollado por un vehículo de la Armada conducido por el infante Leonardo Medina Caamaño. Los padres esperan un buen resultado en tribunales, mientras cargan con el cansancio y la tristeza de todavía ver al causante de la muerte de su hijo en libertad.
La primera semana del estallido social estuvo marcada por una denuncia de torturas en la estación de Metro Baquedano. Se aseguró que el caso era falso, quedando incluso la investigación sobreseída en 2020. Sin embargo, otra querella, interpuesta poco después por una persona diferente, indica que las acusaciones de tortura en la céntrica estación habrían ocurrido.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conversó con los padres de Manuel Rebolledo Navarrete, joven que fue asesinado en Talcahuano en el contexto de las protestas de octubre de 2019, a quienes señaló que el organismo estará presente en la audiencia que se realizará el próximo 25 de octubre.
Durante la revuelta popular de octubre de 2019 los focos de los documentalistas se encontraban puestos en las calles de Chile, registrando las violaciones a los derechos humanos, torturas y montajes. Las historias registradas por diferentes colectivos son parte de la memoria latinoamericana que mira en perspectiva estas jornadas que ocurrieron hace dos años.
Esto podría llevar cuestionar los actos administrativos de ambos altos mandos y sus alzas salariales. Contraloría sugirió sanciones porque los oficiales no tomaron "medidas oportunas" para evitar la crisis de derechos humanos de 2019 y 2020.
La abogada española Alicia Gil se opone a la justicia con perspectiva de género y dio una polémica entrevista a un medio español a propósito del caso "La Manada". Además, es contraria a la aplicación de la figura del delito de “genocidio” para perseguir a quienes han exterminado a colectividades por razones políticas, a pesar de que ha sido una herramienta para condenar a esos criminales.
Tras más de 40 años bajo los lineamientos de la Constitución de 1980, escrita en dictadura y sometida a un fraudulento plebiscito que instaló el neoliberalismo como modelo de desarrollo, hoy se instala por primera vez en la historia republicana una asamblea constituyente electa popularmente que tendrá la tarea de redactar la nueva Carta Fundamental del Chile que emergió con el estallido social de octubre de 2019.
El Ministerio Público reformalizó al funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, por el delito de homicidio. Sin embargo, la jueza Humilde Silva Gaete no accedió al cambio de medida cautelar en contra del imputado, por lo que seguirá con firma mensual.
Leonardo Medina Caamaño, el infante de marina que conducía el vehículo de la Armada con que se asesinó al joven de Talcahuano, podría enfrentar un juicio oral y de ser condenado, cumplir al menos 10 años de cárcel efectiva.
El funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, actualmente se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio, con lo que incluso podría terminar condenado tan sólo a 61 días de firma.
La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.
El doctor en ciencia política de la Universidad de Columbia y profesor de la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos, plantea que para los electores chilenos sigue siendo importante el eje izquierda-derecha, aunque emerja otro izquierda-élite / izquierda-pueblo. Asimismo, avizora cierto potencial para una nueva derecha más popular, de la mano tal vez de Franco Parisi.
El Tribunal Constitucional apostó por su propia supervivencia y dejó al presidente solo en su intento por evitar un tercer retiro de fondos de las AFP. En tanto, el panorama partidista muestra a un oficialismo más alejado de La Moneda y a una oposición más cohesionada. Por su parte, el descontento social sigue marcando la pauta.
Expertos en derechos humanos y de política internacional coinciden en que son temas relevantes para la administración de Biden, más que para Trump. Esto, entre otras cosas, explica el cambio de tono entre el reporte 2019 sobre DD. HH. y la versión 2020, donde se advierten abusos e impunidad en Chile.
En su reciente informe, Estados Unidos también dejó de hablar de "presuntas" violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile para darlas por ciertas. Esto a diferencia del reporte anterior, el último a cargo de la administración de Donald Trump.
La institución se negó a transparentar la cantidad de unidades compradas del camión Alpine RCT4 año 2020, a pesar de haber sido consultados por esto vía Ley de Transparencia con el fin de saber a cuánto asciende el gasto público en vehículos de este tipo desde el 2019 a la fecha. La cantidad de carros comprados es un dato que la policía considera como "secreto".
"El gran problema político-cognitivo sería entonces nuestro apuro por restaurar algo que se asemeje a ese orden conocido de los famosos 30 años. Basta con revisar la prensa tradicional y los actores políticos y empresariales que ahí aparecen para darse cuenta que muchos de esos cerebros no sólo se apuran demasiado, sino que no tienen respuestas y visiones que puedan generar una hoja de ruta hacia adelante".
El abogado Daniel Soto ayudó a fundar el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros el 2011 e hizo clases en la institución hasta septiembre de este año. Junto a su colega Rodrigo Pérez de Arce, realizaron un estudio jurídico para responder el por qué falló el uso de la fuerza durante el estallido, centrándose en el derecho internacional.
El estudio realizado en 196 países señala que Chile pasó de tener sus derechos “restringidos” a “obstruidos”. El motivo de esto es la represión ejercida por el gobierno de Sebastián Piñera a las protestas desde el inicio del estallido social hasta la fecha, así como también la persecución a defensores de derechos humanos y a LasTesis.
Pese a la pandemia, la convocatoria de los viernes reúne cada semana a cada vez más manifestantes. Ayer, miles de personas marcharon en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Concepción, jornada que terminó con una fuerte represión policial y enfrentamientos. En la capital el epicentro ya no es la Plaza Italia, sino que los alrededores de La Moneda.
La actualidad de ambos países está marcada por la responsabilidad política en violaciones a DDHH. En Perú la Fiscalía inició la investigación contra el ex presidente Manuel Merino. Pero en Chile, el ex ministro del Interior, Víctor Pérez, no fue acusado constitucionalmente por el Senado, sumándose así a Gonzalo Blumel a la hora de salir sin castigo político del Congreso.
Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y ahora Víctor Pérez. Todos han salido en medio de las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros. Pero el general director se mantiene y nadie explica el porqué con claridad. Pero un hecho es que en la derecha y uniformados en retiro, la situación está causando molestia.
