Durante décadas, el sector pesquero y acuícola chileno operó bajo un modelo que privilegiaba la costumbre por sobre la norma, y la tolerancia por sobre la fiscalización efectiva. El 2025 marcó el fin de ese equilibrio precario. No porque alguien lo decidiera en una reunión, sino porque la acumulación de presiones regulatorias, comerciales y sociales hizo insostenible seguir funcionando como si las reglas fueran opcionales. La pregunta que escuché una y otra vez en reuniones con armadores, plantas procesadoras, comunidades costeras y autoridades fue siempre la misma: "¿y ahora qué hacemos?". Porque el costo de la incertidumbre jurídica empezó a competir directamente con el costo del cumplimiento. Y esa ecuación, cuando se invierte, cambia todo.

El cambio normativo más disruptivo fue la entrada en vigencia plena de la Ley 21.752, que modificó el sistema de distribución de cuotas en 23 pesquerías. No se trató de un ajuste técnico marginal: fue una redistribución de derechos de acceso que alteró incentivos, expectativas y correlaciones de poder en toda la cadena productiva.

Lo relevante aquí no es solo quién ganó o perdió puntos porcentuales. Lo relevante es que el modelo pasó de ser estático a dinámico: los porcentajes pueden ahora ajustarse según desempeño, cumplimiento y sostenibilidad. Eso significa que las decisiones de inversión, empleo y abastecimiento en 2026 ya no pueden hacerse con la lógica de "tengo garantizada mi cuota por 10 años". El tablero cambió, y el derecho adquirido dejó de ser una trinchera cómoda.

Durante años, la fiscalización en pesca fue episódica y poco sistemática. Los decomisos existían, pero eran eventos aislados que no modificaban conductas estructurales. En 2025, eso terminó. La coordinación entre Sernapesca, la Armada, PDI y el Ministerio Público generó controles efectivos en mar, en plantas y en carreteras. Y cuando la probabilidad de ser fiscalizado deja de ser anecdótica, toda la cadena se ajusta.

En acuicultura, el 2025 dejó algo claro: sobreproducir, esquivar evaluaciones ambientales o saltarse protocolos sanitarios ya no es un "detalle operacional" que se puede gestionar con multas menores. Las sanciones emblemáticas, incluyendo cierres temporales de centros de cultivo, mandaron un mensaje inequívoco: la licencia social y regulatoria para operar ya no se obtiene por inercia.

El compliance ambiental y sanitario pasó de ser un costo diferible a ser el precio de entrada. Y en un mercado como el salmonero, donde la reputación país es activo comercial, cada sanción doméstica afecta la credibilidad internacional. Eso hace que la presión por cumplir ya no venga solo del regulador, sino también de los propios compradores en Europa, Estados Unidos y Asia.

La implementación de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) representó un avance. Pero también tensionó la seguridad jurídica de proyectos productivos cuando los procesos se judicializan o cuando no existen criterios claros de compatibilización de usos.

El problema no es el derecho indígena. El problema es la ausencia de una arquitectura institucional que permita resolver conflictos de superposición de usos de manera predecible. Si cada caso termina en tribunales, lo que tenemos no es gobernanza: es litigación permanente. Y eso desincentiva inversión, escalona conflictos y genera incertidumbre para todos los actores involucrados.

En 2026, la calidad de nuestra gobernanza costera se va a medir por algo simple pero exigente: ¿somos capaces de definir reglas claras y mecanismos de coordinación temprana que permitan compatibilizar derechos sin convertir cada permiso en una guerra jurídica?

Desde 2026, entran en vigor estándares internacionales más exigentes en trazabilidad, sostenibilidad y derechos laborales. Esto no es retórica: son requisitos de acceso a mercados. La Unión Europea, con su reglamento contra la pesca ilegal, y Estados Unidos, con sus controles de importación, ya no aceptan declaraciones genéricas. Exigen evidencia, certificaciones y auditorías. Eso significa que la conversación local ya no se define solo en toneladas y precios FOB. Se define también en capacidad de demostrar cumplimiento. Y aquí es donde el sector tiene que entender algo: el mundo no nos va a esperar mientras discutimos si las reglas nos parecen justas. Simplemente va a comprar a quien sí cumpla.

La pregunta es incómoda pero ineludible: ¿queremos un sector que funcione por conflicto reactivo y judicialización permanente, o por planificación estratégica y gobernanza predecible? Porque la primera opción es cara, lenta y erosiona capital social. La segunda requiere voluntad política, pero es la única que permite construir certeza en un contexto de reglas que ya cambiaron.

Las excusas se acabaron. Ahora toca demostrar si somos capaces de operar bajo el estándar que el país y el mundo nos exigen.

(*) Pablo Manríquez Díaz, autor de esta columna, es abogado especialista en Derecho Pesquero