El artículo apuntado por los legisladores de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Social Cristiano e independientes estaba relacionado con el mecanismo de financiamiento de la iniciativa, el que obliga al pago de una patente de 1,3 UTM por tonelada a las empresas industriales por la extracción del jurel ligada a cuotas traspasadas por otros países.

Ayer miércoles la instancia legislativa fijó una nueva distribución en torno a la captura de la merluza común, aprobando un porcentaje considerablemente menor a lo propuesto inicialmente por sector, aunque podrían alcanzar hasta un 50% si la cuota global de captura anual supero los 35.020 toneladas. Por su parte, la pesquera industrial PacificBlu anunció su decisión de revertir la medida de cierre de sus operaciones en Talcahuano tras el acuerdo alcanzado en el Congreso. 

La instancia sesionó ayer para continuar con la discusión de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, en medio de la polémica por la entrega de datos errados por parte de la Subsecretaría de Pesca y manifestaciones de pescadores artesanales en las afueras del Congreso para defender las cuotas que ya habían sido aprobadas por el parlamento.

El legislador socialista recibió críticas tras alinearse con la derecha para rechazar una indicación clave en la discusión del nuevo proyecto de fraccionamiento pesquero. La propuesta del Gobierno, que buscaba destinar el 15% del aumento de la cuota global de jurel al financiamiento de la implementación de la ley, fue desechada por mayoría durante la sesión del miércoles.

La pesquera ha sido enfática en señalar que recurrirán a la justicia si la iniciativa gubernamental que busca cambios en las pesquerías correspondientes a los sectores artesanales e industriales llega a ser ley. Para ello, han recurrido al abogado Jorge Bofill, quien lidera la estrategia judicial. 

En conversación con Interferencia, el parlamentario que integra la Comisión Mixta que llevará adelante la discusión por el proyecto de fraccionamiento que está legislando una redistribución de las cuotas de la pesca artesanal e industrial se refirió a sus expectativas sobre la tramitación de la iniciativa. “Yo hubiese preferido tramitar el fraccionamiento dentro de la discusión sobre la Ley General de Pesca”, apuntó el congresista, en relación a la estrategia del Ejecutivo de separar la discusión sobre las pesquerías del proyecto de una Nueva Ley de Pesca. 

Durante esta jornada, la iniciativa gubernamental que redistribuye las cuotas entre los sectores artesanal e industrial se resolvería en Comisión Mixta, donde existe una alerta por la eventual participación de los diputados Bobadilla (UDI), Moreira (UDI) y Berger (ind-RN), quienes el año pasado presentaron 211 indicaciones copiadas de un informe técnico jurídico de la gremial empresarial Sonapesca.

En medio de la discusión sobre el proyecto de la Ley de Fraccionamiento, normativa que establece un sistema de cuotas para la pesca artesanal e industrial, siguen las protestas por parte de pescadores artesanales: exigen que se retroceda a la versión original aprobada en la Cámara Baja. La jornada terminó con disturbios que incluyeron quema de vehículos policiales. 

La comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado disminuyó la cuota de pesca propuesta por la Cámara de Diputados, que favorecía a los artesanales y les permitía capturar mayores cantidades de jurel, merluza común y jibia. 

Hasta las últimas sesiones de la Comisión de Pesca del Senado efectuadas en enero, el ambiente en la Cámara Alta venía tensionado, en particular con los senadores PS Espinoza y Saavedra -ambos de circunscripciones con importantes zonas costeras- por una disposición que llegó a calificarse de dilatoria y entorpecedora hacia la iniciativa gubernamental. Distintas señales indican que la discusión sobre el proyecto se extenderá hasta una comisión mixta.

Aunque la iniciativa entrega mayores cuotas de pesca al sector artesanal, no cuestiona el actual sistema de permisos de pesca permitiendo que un grupo de empresas mantenga el control de las pesquerías y sus mercados. Expertos cuestionan la versión del sector que sostiene que la disminución de sus cuotas de pesca traerá desempleo. 

Trabajadores de la industria merlucera de la Región del Biobío, el subsecretario de Pesca, Julio Salas y la diputada de la zona, María Candelaria Acevedo, se dieron cita para discutir propuestas que puedan perfeccionar el proyecto de Fraccionamiento recientemente votado en la Cámara Baja.

El texto, enviado a segundo trámite, busca garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo de la actividad pesquera. Para ello, se impulsa un modelo de gobernanza que promueva la equidad y transparencia en el uso y conservación de las especies hidrológicas. Se espera abarcar la captura, extracción, caza, recolección y acuicultura, tanto dentro de la jurisdicción nacional como en alta mar, en lo que es el primer revés importante para los sectores industriales asociados a la actividad. 

Debido al poco avance que ha logrado la nueva ley de pesca en el Congreso, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que se centra en la repartición de cuotas de pesca. La iniciativa busca destrabar el proceso legislativo aunque ya encuentra detractores: desde el sector pesquero industrial acusan “inequidad e injusticia” por no estar siendo incluidos debidamente en la discusión, aseguran.

Una indicación introducida en 2012 a la actual ley de pesca, permitió que pescadores artesanales e industriales pudieran traspasarse, unos a otros, hasta el 100 % de sus cuotas de pesca de merluza austral. Más de una década después, la decisión tiene acorralados a los pescadores artesanales que intentan sobrevivir en un mercado dominado por la industria. 

“Esto es una estrategia que ya oímos y que es evidentemente fallida (...) este mismo argumento de la inconstitucionalidad ya se ha resuelto en ambas Cámaras en dos momentos distintos”, señaló el subsecretario de Pesca, Julio Salas, tras una exposición del gremio pesquero industrial de la Región del Bío Bío, mismo que fue cuestionado recientemente por transacciones bancarias en el marco del Caso Audios.  

La discusión de la nueva Ley de Pesca en la Cámara de Diputados ya evidencia la influencia de la industria pesquera en la redacción de la norma. Más de 200 de las indicaciones propuestas por tres diputados, coinciden con los argumentos de los grandes conglomerados agrupados en la Sociedad Nacional de Pesca.

Trabajadores de la pesca industrial del Bío Bío solicitaron el retiro del proyecto de la nueva normativa que se discute en el Congreso, sumándose a las voces de algunos parlamentarios. Pese a lo anterior -polémica de los ‘peces sintientes’ incluida- desde la Subsecretaría de Pesca se muestran optimistas por los avances que ha tenido el proyecto en la comisión, donde incluso han incrementado las sesiones para tramitar la iniciativa.

“Quienes somos representantes de la pesca artesanal, sabemos que la estrategia de quienes se oponen a la nueva ley de pesca están tratando de deslegitimar un proceso que ha sido amplio, transparente y participativo. La indicación en cuestión era conocida mucho antes que Bobadilla la utilizara para intentar empatar después que CIPER denunciara el “copy & paste” de las 211 indicaciones”.

Un artículo de Ciper da cuenta de los nexos entre empresas y los parlamentarios Bobadilla (UDI), Moreira (UDI) y Berger (ind-RN), quienes presentaron 211 indicaciones copiadas de un informe técnico jurídico de la gremial empresarial Sonapesca. Algunas de esas propuestas limitan la pesca artesanal y buscan suprimir el aumento de sanciones que propone el proyecto de nueva Ley de Pesca del gobierno. 

En el marco del proyecto de la nueva Ley de Pesca que se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados, por parte de un sector del gremio de pescadores se han presentado reparos que pretenden ser subsanados en el proceso legislativo. 

Uno de los ejes de la iniciativa dice relación con la ayuda que proveerá el Estado a los pescadores artesanales para que puedan acceder a prestaciones sociales básicas, como las de cualquier trabajador independiente, las mismas de las que el sector carece desde hace 40 años, tema que por primera vez está siendo abordado. La propuesta consiste en fomentar el pago de las cotizaciones previsionales de los pescadores artesanales que cumplan criterio de habitualidad y se estima que beneficiaría a alrededor de 35 mil personas.

En un contexto favorable tras los resultados del plebiscito constitucional y luego de varios meses de reuniones con distintos actores, finalmente el Ejecutivo hizo el anuncio del proyecto de ley que pretende reemplazar a la actual legislación, que ahora será visto en el Congreso en un trámite que no se augura fácil para el oficialismo. Por su parte, artesanales valoraron algunos puntos que restan privilegios históricos al sector industrial, aunque con algunos reparos en la licitación de cuotas.

Durante esta jornada, el Ejecutivo presentaría uno de los compromisos del programa de gobierno: el ingreso de un proyecto de ley que permita derogar y reemplazar la actual Ley de Pesca. El anuncio de la iniciativa que viene a reemplazar la cuestionada legislación vigente había sido postergado en reiteradas ocasiones en el pasado.  

Desde Condepp destacaron la disposición del mandatario a cumplir compromiso de campaña, aunque mostraron preocupación porque todavía no se ingresa el proyecto que reemplazará a la vigente ‘Ley Longueira’, que arrastra casos de corrupción.

Pese a que su promulgación fue un compromiso de Gobierno y que el Ministerio de Economía ha avanzado en el diseño, adelantando 50 contenidos, todavía no hay fecha para que sea presentada al Congreso. Esto, dados algunos temas pendientes entre Hacienda y Segpres, siendo esta última la repartición partidaria que estaría por dilatar el proceso para priorizar otros proyectos de ley en un escenario de minoría.   

Durante este mes está prevista la presentación de la propuesta gubernamental, que busca reemplazar la legislación pesquera creada en un contexto de corrupción que favoreció a los grandes actores. Todavía no se conoce su articulado, pero se avizora un escenario complejo para el ministro Nicolás Grau (Economia) en el Congreso, dada la falta ya crónica de mayorías, aunque existe consenso de que es necesario reemplazar la deslegitimada ley actual.

Durante un encuentro sostenido en julio, desde la cartera de Economía proyectaron algunas directrices que incluirá la propuesta de nueva legislación, la que reemplazará a la actual, cuestionada en su legitimidad por los actos de corrupción asociados a ella.

A partir de adelantos respecto de la nueva legislación en la que los pescadores artesanales y los nuevos actores industriales verían facilitada su participación en la actividad, académicos analizaron los impactos que tendría en cuanto a puestos de trabajo en el sector.

Después de cuatro leyes que fracasaron por distintos motivos, el Gobierno presentará dentro de poco un nuevo proyecto de Ley de Pesca. ¿Qué podría salir mal esta vez?