A menos de un mes de que el presidente José Antonio Kast ratificara en La Moneda el histórico respaldo de Chile a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, las pretensiones comerciales de la Región de Magallanes y las desalineadas declaraciones de miembros del gabinete han abierto un nuevo frente de tensión con el gobierno de Javier Milei.

La realización del Punta Arenas Business Showroom y los avances para consolidar un puente marítimo austral reflotaron un complejo dilema geopolítico que contrapone el libre comercio regional con los compromisos bilaterales asumidos por el Ejecutivo.

El detonante directo de este distanciamiento radica en la arremetida empresarial impulsada desde el extremo sur. Una delegación de unos 40 representantes isleños llegó a la capital magallánica para cerrar acuerdos de abastecimiento civil con más de 60 compañías locales, buscando sustituir la costosa ruta que actualmente conecta al archipiélago con Montevideo.

El proyecto, operado por la naviera chilena Easter Island tras un acuerdo con la Corporación de Desarrollo de las Islas Falkland, contempla iniciar viajes regulares en noviembre. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió fuertemente la iniciativa asegurando que el objetivo municipal es convertirse en el gran supermercado de las islas. Ante las recriminaciones provenientes de Buenos Aires, el edil retrucó calificando las quejas como "una patudez" y argumentando que Chile es un país soberano con derecho a comerciar sin letra chica, en sintonía con lo expresado por el senador independiente Karim Bianchi, quien tildó las protestas trasandinas como una intromisión inaceptable.

Sin embargo, el roce dejó de ser un asunto meramente local cuando el ministro de Defensa, Fernando Barros, introdujo un giro discursivo al referirse al conflicto territorial. Durante una visita a la zona austral, la autoridad apeló al principio de autodeterminación de los habitantes de las islas y recordó que un país amigo lleva dos siglos ejerciendo soberanía de hecho.

Barros cuestionó además el Decreto 256 dictado por Argentina en 2010 —el cual exige permisos previos a los buques que navegan hacia el archipiélago—, señalando que dicha norma ha limitado injustamente las oportunidades de negocios para Magallanes y anticipando cambios en esa materia. Sus dichos generaron revuelo inmediato, dado que la autodeterminación es el argumento central con el que Reino Unido rechaza la demanda trasandina, postura que contraría la posición histórica que la Cancillería chilena ha sostenido en foros internacionales.

La respuesta desde la Casa Rosada no tardó en llegar. El canciller argentino, Pablo Quirno, desautorizó de forma explícita las palabras del titular de Defensa chileno al señalar que palabra de presidente mata palabra de ministro, dando a entender que para Buenos Aires el único marco válido es lo acordado de forma personal entre Javier Milei y José Antonio Kast el pasado 3 de septiembre.

Quirno advirtió que su país monitoreará con atención la red de negocios que se teje en Punta Arenas y recordó que existe un compromiso mutuo para impedir que desde territorio chileno se preste cualquier tipo de apoyo logístico a la exploración o explotación de recursos naturales en aguas disputadas.

El núcleo de la preocupación argentina no es el comercio de víveres o insumos básicos, sino el avance de Sea Lion, el megaproyecto petrolero liderado por las firmas Navitas y Rockhopper que proyecta extraer hidrocarburos en la cuenca norte de las Malvinas hacia 2028. Para Argentina, dicha actividad es del todo ilegal. Muestra de la severidad con la que el Ejecutivo argentino aborda el tema fue la reciente denuncia penal y el anuncio de sanciones diplomáticas contra la firma Thales UK Limited, acusada de efectuar vuelos chárter no autorizados entre las islas y Punta Arenas para trasladar precisamente a la comitiva de empresarios que participó en las rondas de negocios.

Esta secuencia de hechos dejó al descubierto una nueva grieta en la gestión de la política exterior del gobierno chileno. Mientras el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, justificaba las transacciones al señalar que los ciudadanos pueden realizar cualquier actividad comercial legítima desde puertos nacionales conforme a la Constitución, el canciller Francisco Pérez Mackenna tuvo que ser interpelado por el Congreso para reafirmar que Chile no ha variado su respaldo formal a los derechos de soberanía de Argentina.

Esta superposición de vocerías y la falta de un criterio unificado vuelven a tensionar el plano diplomático con el principal vecino trasandino, en un momento en que la frontera entre el intercambio de bienes de consumo y la asistencia logística pesquera y petrolera resulta cada vez más difusa.