La oposición ingresó el jueves 12 de noviembre la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, después de 15 días de anuncios, reuniones y ajustes jurídicos. El documento de 189 páginas y tres capítulos entró a las 20:05 horas, con firmas de diputados de la DC, el PL, el PPD, el PS, el FA y el PC.
Los firmantes son Emilia Schneider y Jorge Brito (FA), Juan Santana y Raúl Leiva (PS), Marcos Barraza y Daniela Serrano (PC), Jaime Araya (independiente-PPD), Luis Malla (PL), y Jorge Díaz y Javier Muñoz (DC). Son diez diputados de seis partidos, y la oposición logró así una acusación unitaria, que era lo que venía buscando.
La Cámara prevé dar cuenta del ingreso este lunes 16 de noviembre. En esa sesión se sorteará a los cinco integrantes de la comisión que revisará el libelo y emitirá un informe para la Sala. Desde ahí empieza la pelea por los votos.
Un ingreso a destiempo
El texto se ingresó a las 20:00 horas, en plena tramitación del Presupuesto, aprovechando que en la partida de Vivienda había muchos diputados inscritos para intervenir. La demora había generado tensión en el propio sector. Algunos insistían en que el libelo ya debía estar presentado.
Mientras tanto, el Presidente Kast, desde Europa, repetía el emplazamiento. “Que la presenten y que se vote si lo estiman conveniente”, dijo desde Roma. Por su parte, la diputada Serrano aseguró que el escrito fue un trabajo responsable y coordinado, en respuesta a las críticas por los tiempos.
Tres capítulos contra Rabat
El primer capítulo impugna las rebajas de condena otorgadas por decreto a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Los firmantes sostienen que una ley de 2022 excluía a esas personas del beneficio y que el Ministerio extendió criterios de fallos judiciales a casos sin órdenes individuales.
El segundo capítulo cuestiona las rebajas que permitieron recuperar la libertad a exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. El tercero acusa una infracción al principio de probidad por lo que Rabat declaró en las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara los días 27 y 28 de octubre. Los acusadores sostienen que sus explicaciones fueron inexactas e incompletas.
La Moneda cierra filas
El gobierno salió a descartar el fondo del libelo. El vocero Gonzalo Arenas afirmó que Rabat “cumplió con la Constitución y la ley” y que el Ejecutivo conversa con las bancadas oficialistas para explicarles por qué considera improcedente la acusación. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo que no tiene mérito y que el gobierno prepara una defensa. Kast, por su parte, mantiene su respaldo al ministro, aunque el 26 de octubre admitió que las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores fueron “nuestro propio error”.
En el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que no hay mérito jurídico y que un error político no constituye necesariamente una infracción constitucional. La UDI anunció que su bancada rechazará la acusación. Los republicanos ya habían comprometido sus votos: “los 30 votos republicanos van a estar con el ministro Rabat”. RN, en cambio, dejó la decisión en manos de sus diputados, sin órdenes del partido.
Del lado opositor, el tono es de firmeza. Araya declaró que “El ministro Rabat no puede continuar en el cargo”. Y la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, había adelantado que la presentarían “igual”, con o sin los votos del PDG.
La aritmética de los votos
La oposición ingresó el libelo con 65 respaldos preliminares y, si asisten los 155 diputados, necesita otros 13 para que avance al Senado. Con la Sala completa se requieren 78 votos. La atención está puesta en los 14 diputados del PDG. Su bancada revisará los tres capítulos y evalúa dar libertad de acción; su jefe de bancada, Juan Valenzuela, reconoció cuestionamientos políticos, pero planteó que hay que ver si los hechos configuran una infracción constitucional. Otras fuentes de la bancada, en cambio, habían dicho que existe una mayoría interna favorable a respaldar la acusación.
Hacer la suma es simple: 65 más los 14 del PDG da 79, un margen mínimo que no resiste fugas. Por eso la oposición mira también al oficialismo. En la votación de la resolución de la Cámara que reiteró las aprensiones por las rebajas, hubo votos a favor de diputados de RN, la UDI y Evópoli. Pero algunos oficialistas que habían mostrado disposición a respaldar la acusación retrocedieron, y la ausencia por dos semanas de la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) altera algo la aritmética.
Un pronóstico abierto
Hoy la acusación está cuesta arriba, pero no cerrada. La oposición depende casi por completo de que el PDG vote en bloque, o de que alguien del oficialismo rompa filas o se ausente. El gobierno, por su parte, apuesta a que la disciplina de Republicanos y UDI y la falta de definición del PDG desinflen el libelo antes de llegar a la Sala.
Todo se juega en las próximas semanas. Si la Cámara aprueba, el Senado deberá pronunciarse sobre la responsabilidad constitucional de Rabat. Si se rechaza, la oposición habrá pagado el costo de una acusación fallida, pero el gobierno seguirá con un ministro cuestionado y un caso que no se cierra con la votación.





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