Gracias al apoyo de nuestros lectores conseguimos 280 nuevos suscriptores
Ya sumamos
de 1000 suscriptores | meta septiembre
Suscríbete recomiéndanos,
compártenos

Estamos donde tú estás. Síguenos en:

Facebook Youtube Twitter Spotify Instagram

Acceso suscriptores

Viernes, 19 de abril de 2019
Regimiento N° 23 de Copiapó

Esposas de cabos internados en psiquiatría denuncian acoso al interior del Ejército

Victoria Viñals

En los últimos días, dos suboficiales fueron internados tras intentar atentar contra sus vidas. Las esposas de ambos denuncian hostigamiento por parte del alto mando, abandono de la institución e injustas acusaciones de robo. Este caso se suma al del teniente Gonzalo Jaña, quien también acusa un modo de operar muy similar en su contra, en el mismo recinto militar.

En noviembre de 2017 el cabo primero Óscar Alvayay ejercía su cargo como guardalmacén del almacén general de vestuario y equipo del Regimiento Nº 23 de Copiapó. En esa fecha reportó la pérdida de 18 cascos "antifragmentario modelo golfo". El suboficial notificó formalmente la pérdida de este equipamiento, en el acta de entrega de la unidad por el cambio de mando realizado en diciembre tras la salida del comandante Andrés Rudolf Álvarez y la asunción del Comandante Javier Mendoza San Martín.  

En conversación con INTERFERENCIA Jessica Campusano, esposa de Alvayay, relata que al notar la pérdida de los cascos, su marido solicitó el "apoyo y consejo" del comandante José Rosas Ossandón, quien en ese entonces se desempeñaba como comandante de la Unidad de Cuartel.

"Le dijo que él tenía que ver por su propia cuenta cómo solucionaba el problema. Que comprara los cascos faltantes en el Persa Bío Bío, en las ferias o donde fuera posible. Le dijeron que tratara de que los cascos fueran similares a los de uso militar", afirma. 

Con esa instrucción, el cabo viajó a Santiago donde compró, con dinero de su bolsillo, cinco cascos en la feria de avenida Teniente Cruz en Pudahuel, donde pagó 60 mil pesos por cada uno. Además compró otro a un particular por 70 mil pesos. Los doce cascos restantes los compró en la Feria de La Candelaria, que se pone en el mes de febrero en Copiapó, por 600 mil pesos. 

Los cascos nunca fueron reportados como robados, pues se consideró simplemente que no habían sido devueltos por los funcionarios o ex funcionarios de la institución que los habían usado, pese a la orden que tienen de devolver este tipo de material.

Poco tiempo después, a mediados de 2018, un compañero del mismo regimiento que había sido trasladado a otra región, le pidió a Alvayay que le vendiera un casco porque tenía que devolver el suyo y lo había perdido. El cabo le vendió en 50 mil pesos, uno de los cascos que había comprado con su dinero. 

En febrero de este año, Alvayay fue citado a prestar declaración ante la sección segunda del regimiento. Ante la falta de información clara respecto al contenido y razones de la citación, se negó a declarar. Por esa razón, llamó al comandante (s) del regimiento, Andrés Galecio, "quien se negó a conversar con él en tres oportunidades", sostiene Jessica Campusano. 

"Mi esposo trató de dar las explicaciones correspondientes. Dijo que los modelos eran distintos porque él había tenido que reponerlos. También dijo que él había comprado los casos con una plata que nosotros teníamos guardada, que era nuestra, no del Ejército. Pese a todo, y para no tener problemas laborales, mi esposo declaró. Sin embargo, no le dieron copia de su declaración", agrega. 

Ahí, sin que se ordenara aún el inicio de un sumario administrativo, comenzó una persecución en su contra de parte del alto mando, tanto por ese casco, como por los otros faltantes. Una historia que recuerda a la ocurrida en el mismo regimiento, donde el teniente Gonzalo Jaña denunció torturas por parte del alto mando por inculparlo del robo de material de guerra, y los esfuerzos de esa instución por darlo de baja. 

En agosto de 2018, poco antes de la venta del casco que dio origen al conflicto, el cabo Rubén Mendoza comenzó a trabajar como asistente de Óscar Alvayay en el almacén del Regimiento. 

Según narra su esposa, Alvayay dejó de comer y cada vez hablaba menos. Lo hostigaban para declarar. Lo intimidaban para que reconociera que se había robado los cascos. Su esposa tuvo que esconder todo lo que tenían en la casa que le recordaba al Ejército.

Jessica Campusano recuerda que en ese momento “les quitaron las llaves del almacén de armamento. Lo dejaron una semana en el patio, sin poder acceder a la oficina a la que estaba a cargo. Tampoco lo destituyeron de su cargo formalmente, sólo de palabra. Además le negaron el permiso para viajar a Antofagasta a operarse de un problema en la columna. También lo dejaban más de dos horas en el patio pasándole revista. Mi esposo fue testigo de cómo le pasaron las llaves del almacén de armamento a soldados conscriptos, lo que está prohibido por los reglamentos”.

Además, según relata, cuando el sucesor de Alvayay llegó al almacén encontró todo desordenado, con papeles por todos lados y facturas perdidas. Otros uniformados habían entrado a su oficina y habían desordenado todo.  

Por su parte, Claudia Álvarez, esposa de Rubén Mendoza, relata que a su esposo quieren acusarlo de cómplice del robo de los cascos.

Cuando el cabo Alvayay decidió inicialmente no declarar en el primer interrogatorio -según cuentan las esposas de estos cabos- comenzó el acoso hacia ambos uniformados, lo que según ellas estuvo a cargo del mayor Mauricio Monroy Guenel y del teniente coronel Andrés Galecio Barrios.

Hostigamiento e intentos de suicidio

Según relatan ambas mujeres, el hostigamiento estuvo destinado a encontrar un responsable último de la desaparición y venta de cascos.

“Los de Inteligencia los interrogaron tres veces y del primer interrogatorio no les quisieron dar el informe. Ellos querían que Rubén culpara a Alvayay y él no declaró porque él no sabe qué pasó. Eran colegas y trabajaban juntos, pero él no sabe nada de la situación”, relata Álvarez, la esposa de Mendoza.

Como consecuencia de estos interrogatorios, del despojo de la oficina de la que estaban a cargo y del trato que recibieron, el estado psicológico de ambos cabos se vio severamente afectado.

“Mi esposo intentó suicidarse tres veces, una de las cuales no supe hasta que él me lo confesó. Está mal. Me tuve que salir del trabajo porque no lo podía dejar solo", cuenta Campusano.

“Mi esposo vivió momentos de mucho estrés. Lo denigraron de su puesto, prácticamente lo acusaron de ser un sinvergüenza por estar vendiendo cosas que son supuestamente del Ejército cuando él los compró con su propio dinero por orden de un superior. Mi esposo tiene una hoja de vida intachable, ha tenido felicitaciones, nunca antes en 18 años de servicio ha tenido un problema”, afirma Campusano, la mujer de Alvayay.  

Según asegura Campusano, es importante el contexto en el cual Alvayay exhibe un largo historial de oportunidades en las cuales denunció irregularidades, tales “como soldados con arresto que hacían guardia”,  pero que nunca fue tomado en cuenta.

Según narra su esposa, Alvayay dejó de comer y cada vez hablaba menos. Lo hostigaban para declarar. Lo intimidaban para que reconociera que se había robado los cascos. Su esposa tuvo que esconder todo lo que tenían en la casa que le recordaba al Ejército. "Tenía el ánimo por el suelo, estaba decepcionado de que por una situación como esta lo quisieran dar de baja".

Después de mucha insistencia, la esposa del cabo cuenta que lo vio la psicóloga del regimiento, quien le dio una interconsulta urgente para psiquiatría y licencia por estrés.

“Mi esposo intentó suicidarse tres veces, una de las cuales no supe hasta que él me lo confesó. Está mal. Me tuve que salir del trabajo porque no lo podía dejar solo", cuenta Campusano.

Por su parte, Álvarez, la esposa del cabo Mendoza relata que él comenzó a tener problemas con el alcohol y otros síntomas de un desmejorado estado mental: “Yo lo noté mal. Me dijo que no quería vivir, que se sentía mal. Que lo habían tratado como un delincuente, todo el rato custodiado”.

"Mi esposo ha pensado en atentar contra su vida. Y en toda esta situación no he recibido ningún apoyo del Ejército. He tenido que costear mis pasajes sola, todo sola. Tuve que dejar mi trabajo botado para acompañar a mi esposo. Estamos estancados, yo estoy mal, mi hijo no ha podido ir al colegio", agrega Álvarez. 

Hospitales psiquiátricos

El 11 de marzo, el cabo Mendoza viajó acompañado de su esposa a Santiago para recibir atención psiquiátrica en el Hospital Militar. Ahí le dijeron que su esposo tenía depresión y pensamientos suicidas, por lo que debía quedarse internado. Al no haber camas en ese lugar fue trasladado hasta la Clínica El Arrayán. Hace tres días, volvió al recinto castrense donde actualmente continúa internado.

"El mayor [Mauricio] Monroy le dijo a mi esposo 'No sacai nada con botarte a loco, igual no más va a haber sanción`. Y mi esposo no se está haciendo el loco, mi esposo es inocente, sólo por tener un cargo está viviendo algo que no tendría por qué", afirma Álvarez. 

Por su parte, este martes, el cabo Alvayay también llegó por sus propios medios al Hospital Militar de Santiago. Tuvo que viajar solo porque no tenía el dinero para financiar el viaje de su esposa y de sus dos hijas.

"En el Hospital Militar lo evaluaron y lo diagnosticaron con depresión. Como no habían camas lo trasladaron a la unidad psiquiátrica de la Clínica Ñuñoa, donde actualmente está hospitalizado", cuenta Campusano.

Consultado por este tema, desde el Ejército señalaron que están recabando los antecedentes y que en las próximas horas se pronunciarán al respecto. 

Ya que estás aquí, te queremos invitar a ser parte de Interferencia. Suscríbete. Gracias a lectores como tú, financiamos un periodismo libre e independiente. Te quedan artículos gratuitos este mes.

Comentarios

Comentarios

Añadir nuevo comentario