Ayer jueves, el consolidado nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó un total de 19 incendios activos en combate, sumados a 26 controlados y 5 extinguidos. La cifra de víctimas fatales se mantiene en 21.

Respecto al impacto en infraestructura y personas, el organismo cifró en 878 el número de viviendas destruidas, con más de 20.432 damnificados y 305 personas lesionadas.

En ese contexto, Interferencia se contactó con la Dra. Edilia Jaque, académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, quien además ejerce como directora del Grupo de Estudio Multiamenazas, Vulnerabilidades y Cambio Climático del Biobío, una de las regiones más afectadas por los incendios. 

Dicha organización, activa desde 2022, tiene como objetivo principal el de generar un modelo de análisis de multiamenaza para la Región, como una herramienta para gestionar el riesgo de desastre. De esa forma, se han dedicado a evaluar las amenazas frente a fenómenos de remociones en masa, inundaciones fluviales e incendios forestales; construir un índice de multiamenazas basado en tres tipos de fenómeno socionaturales más frecuentes del Área metropolitana de Concepción; y proponer modelos de mitigación para flujos de detritos e inundaciones, que consideren el nivel de multiamenaza, la relación entre el costo de implementar las medidas y la seguridad que proporcionan, y su impacto ambiental.

Considerando el contexto actual, lo primero que indicó la académica fue que “lo que está ocurriendo es un desastre que se define claramente como la ocurrencia del evento en una condición de vulnerabilidad. Queda demostrado que no hubo gestión adecuada, o sea, no hubo gestión del riesgo. Entonces siempre que estamos hablando de la gestión integrada del riesgo, de la gestión del riesgo de desastre y finalmente todos los enfoques se dirigen hacia la emergencia”.

En ese sentido, Jaque lamentó que “no hemos podido entrar con fuerza en la gestión de los otros factores del riesgo, que son la amenaza, que es la probabilidad de que ocurran los eventos, de cualquier tipo. Naturales o socionaturales y el contexto donde ocurren, o sea, la vulnerabilidad. En este momento, desde la perspectiva de la geografía, de los riesgos, de la planificación territorial, no hay nada que hacer”. 

En cuanto al trabajo que han desarrollado como equipo, explica que “empezamos a trabajar con incendios a partir del 2012 más o menos. Y el 2014 con el evento de Valparaíso empezamos a trabajar más en el Área Metropolitana de Concepción. A partir de eso tenemos un buen número de trabajos científicos y de informes técnicos para los municipios”.

Sobre la catástrofe actual, la especialista cree que “se habla mucho de resiliencia, pero yo no puedo ser resiliente si no sé qué es lo que me va a pasar. Por ejemplo, si estoy habitando una zona en donde se puede incendiar todo en un en un minuto, en la noche. Entonces, si yo no conozco la amenaza del lugar donde habito, no puedo ser residente. Si tampoco conozco qué tan vulnerable soy a eso, o sea, que si la materialidad de mi vivienda cumple con la con la regla, si tengo por dónde evacuar, si sé a dónde tengo que evacuar. O sea, tampoco conozco qué tan vulnerable soy. Por lo tanto, el riesgo, que es la multiplicación de esos dos factores, es altísimo”.

“Nos encontramos con que hay mucho financiamiento para estudios super tecnológicos y de gran desarrollo a niveles como de ciencia muy dura para establecer el rol de distintos aspectos en la ocurrencia de incendios como la biomasa, la meteorología o los vientos, que está bien, pero en la parte aplicada estamos muy al debe”, añadió. 

A partir de lo anterior, Jaque ejemplificó que “la planificación territorial en Chile está en una brecha extrema, o sea, tenemos un 29% de planes reguladores que están vigentes con una actualización adecuada. Entonces, eso quiere decir que más del 70% de todos los instrumentos de planificación de todas las comunas de Chile están desactualizados”.

Sobre ello, apuntó que “en rigor, algunos están vigentes, pero datan de los años 80, lo que es gravísimo porque esas comunas están creciendo y están desarrollando sus zonas urbanas sin un instrumento actual, o sea, sin considerar los riesgos”.

“Más allá de eso, nosotros constatamos que de esos 75 planes reguladores que están vigentes y actualizados, sólo 43 de ellos tienen estudios de riesgo”, advirtió. 

En cuanto al conflicto entre comunidades y forestales, la investigadora expresó que “ni siquiera es tan importante decir quién llegó primero, porque, por ejemplo, solo en la comuna de Penco dentro del área urbana hay plantaciones. Entonces, alguien puso un límite urbano que pretendía planificar toda esa comuna, pero dentro de esa área urbana hay plantaciones, o sea, hay uso forestal, y ahí finalmente se termina privilegiando el interés de la propiedad privada”.

En cuanto a un balance hacia futuro en búsqueda de soluciones, dijo que “obviamente si sabemos de todas las amenazas que tenemos en nuestro país y fundamentalmente en los últimos 15 años cómo se han desatado los incendios forestales yo partiría por ahí, por esta gran brecha en la que el desarrollo de instrumentos de planificación actualizados y en las metodologías que se utilizan para desarrollar los estudios de riesgo”.

“Hoy en día la ley de Senapred, que se supone que es el que está encargado de la prevención, le entrega la obligación de tener mapas de amenaza a cada comuna, pero cada una de éstas con mucha suerte tiene una oficina de riesgo y en la oficina de riesgo también con mucha suerte hay un un equipo que pueda tener la capacidad técnica para desarrollar mapas de riesgo”, describió.

Respecto del panorama hacia adelante, la académica apuntó a un fenómeno cuya complejidad reside en lo multifactorial del problema: “si todo sigue igual, quizás se va a volver quemar en 7 años más, como decía un forestal en el noticiario, cuando vuelvan a crecer los pinos. Entonces, aquí lo que hay es un contexto muy complejo, porque no es solo responsabilizar a los municipios, porque no tienen ni los recursos ni las capacidades humanas para desarrollar estos trabajos, ni tampoco sólo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tiene que ser un trabajo coordinado e integral con foco en la prevención”.