16 expertos mundiales en materia de derechos humanos y sociales, plantearon en Ginebra, Suiza, una declaración conjunta que busca advertir acerca de los efectos negativos de la "gradual apropiación" por parte de los intereses financieros de bienes sociales indispensables para garantizar los derechos humanos, en especial los de los más vulnerables: marginados, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, personas con discapacidades y que viven en contextos de conflicto..

 Bajo el Alto Comisionado de Naciones Unidas, los firmantes elaboraron un texto que advierte los efectos nocivos de la especulación financiera en las materias de vivienda, agua, alimentos y medio ambiente.

En cuanto a la vivienda, la declaración aborda cómo empresas como Blackstone han aprovechado la crisis por Covid-19 en España, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Suecia y Estados Unidos para adquirir viviendas sociales a menores precios, favoreciendo desalojos y generando proyectos de lujo en su lugar. 

Los expertos advierten también acerca de la tendencia de la "financiarización de la naturaleza", lo que ha producido que las decisiones sobre los ecosistemas sigan racionalidades de maximización de resultados financieros y no de protección medioambiental,

Respecto de los alimentos, la declaración observa cómo a partir de la crisis de 2008 los actores financieros especularon con los mercados futuros de los productos agrícolas, lo que produjo en pocos meses hasta la triplicación de algunos productos indispensables como el trigo, el maíz, la soja y el frijol (poroto).

Los expertos advierten también acerca de la tendencia de la "financiarización de la naturaleza", lo que ha producido que las decisiones sobre los ecosistemas sigan racionalidades de maximización de resultados financieros y no de protección medioambiental, lo que ha empujado el extractivismo y -con este- graves impactos ambientales y sociales, como el desalojo de los pueblos indígenas de los bosques.

"Por ejemplo, abordar la emergencia climática a través de mercados de futuros débilmente regulados sobre emisiones y materias primas energéticas, podría permitir que los grandes bancos e inversionistas institucionales sigan una lógica estricta de maximización de ganancias, ignorando tanto los impactos en las personas en situación de pobreza de las políticas de precios como los objetivos de mitigación del clima, que socavan los derechos humanos y los medios de vida de las personas más pobres", dice el texto.

En cuanto al agua, la declaración advierte que puede recorrer el mismo camino de los alimentos si es que se abandona al mercado de contratos futuros, poniendo en riesgo a los segmentos más vulnerables de la población en un elemento básico para la vida y le higiene, en el contexto además de la pandemia de Covid-19. 

Propuestas

Para enfrentar estos problemas, los expertos proponen:

- Asegurar una adecuada regulación de la industria de servicios financieros para prevenir los impactos negativos derivados del crecimiento de los mercados de derivados basados ​​en bienes, servicios y recursos esenciales para el goce de los derechos humanos.

- Con miras a garantizar el derecho a una vivienda adecuada, tomar medidas legales urgentes para controlar el ingreso con fines especulativos de las grandes corporaciones financieras a los sectores habitacional, inmobiliario y afines, e imponer medidas antiespeculativas como el control de rentas. , captura de precios, medidas fiscales, estabilización de precios, margen de beneficio usurero o impuestos anti-flipping.

- Con miras a garantizar el derecho a la alimentación, garantizar que solo los inversores calificados se ocupen de los instrumentos asociados, sobre la base de expectativas sobre los fundamentos del mercado, y no por motivos especulativos, de modo que puedan hacer frente a los derivados de productos alimenticios.

- Con miras a garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, se porpone prevenir la degradación, contaminación (especialmente tóxica) y asegurar la salud y sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos evitando operaciones especulativas y promoviendo medidas legales nacionales e internacionales que garanticen la ecología. salud de ríos, lagos, humedales y todos los demás cuerpos de agua.

- Con miras a garantizar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, se propine adoptar medidas legales urgentes para evitar que el agua, como bien público, sea gestionada como un activo financiero en los mercados de futuros bajo la lógica especulativa que preside estos mercados, y promover la gobernabilidad democrática de los servicios de agua y saneamiento, bajo un enfoque de derechos humanos.

- Prevenir injusticias ambientales y acciones que atenten contra los derechos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas respecto de tierras, aguas, ecosistemas y biodiversidad, que son la base de sus culturas y medios de vida.

- Reconocer, en la ley, los títulos, tenencia, derechos y responsabilidades de la tierra y el agua de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, permitiéndoles aplicar las leyes consuetudinarias, el conocimiento ecológico tradicional y sus propios sistemas de gobernanza para la gestión sostenible del agua. , tierra, ecosistemas y biodiversidad en sus territorios de vida más allá de los intereses y estrategias comerciales y especulativas.