Un acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, en el que ambas partes cedieron posiciones, logró cambios y límites a la 'legítima defensa privilegiada'. Los senadores aprobaron la normativa que amplía las circunstancias en que los policías pueden hacer uso de su arma de servicio y las garantías procesales correspondientes con amplia mayoría, pese a las objeciones iniciales del gobierno, organizaciones de derechos humanos e incluso El Mercurio.

Una declaración conjunta de 16 expertos mundiales aborda en detalle el efecto de la "gradual apropiación" de bienes sociales por parte de intereses financieros, lo que perjudica los derechos humanos y sociales de los más vulnerables. Los firmantes piden a los estados medidas concretas, como impedir la comoditización del agua.