El pasado 1 de marzo de 2024, la Corte Suprema dio a conocer el fallo definitivo respecto de los recursos de casación interpuestos, tanto por los querellantes y los querellados, y en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, de agosto del año 2021. 

En síntesis, la Suprema mantuvo prácticamente en su totalidad lo resuelto en su oportunidad por la Corte de Concepción, manteniendo las condenas de los ejecutores materiales directos de los 19 homicidios de vecinos de Laja y San Rosendo ocurridos en la madrugada  del 18 de septiembre de 1973 y cuyos responsables fueron ex uniformados de la tenencia de Carabineros de Laja a esa época. 

En efecto, se resolvió mantener: la pena de presidio perpetuo respecto del ex teniente de carabineros Alberto Juan Fernández Michell; la pena de 15  años y un día de presidio mayor en su grado máximo respecto de los ex  carabineros, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utreras,  Víctor Manuel Campos Dávila, Nelson Casanova Salgado, José Jacinto  Otárola Sanhueza, Mario Sebastián Moya Burgos y, Manuel Enrique Cerda Robledo, todos los nombrados como autores de los 19 homicidios calificados. Finalmente se mantuvo la pena de 5 años de presidio mayor en  su grado mínimo respecto del ex carabinero Anselmo del Carmen San Martin Navarrete. 

Se debe considerar además que, en su oportunidad, respecto de otros cuatro ex carabineros, Luis León Godoy, Lisandro Martínez García, Gabriel González  Salazar y Samuel Vidal Riquelme, uniformados que habían sido sobreseídos temporalmente por el ministro instructor de la causa, Carlos Aldana Fuentes, por supuesta causa de demencia, se mantiene lo resuelto por la  Corte de Concepción en su fallo de agosto del año 2021, en orden a que no  correspondía favorecerlos con dicha decisión procesal y, en su lugar, se ordenó continuar el juicio contra los mismos por juez no inhabilitado, previéndose también sentencias condenatorias para cada uno con penas similares a las antes mencionadas.

A su turno, el fallo de la Corte Suprema terminó por absolver de responsabilidad penal respecto de los homicidios, a Pedro Jarpa Foester, por estimar que los delitos mencionados no le eran imputables por no existir dolo o dolo eventual en su actuar. No obstante, que la misma Corte se hace cargo del reproche penal que merecía la conducta desplegada por este con motivo de las detenciones y secuestros de ex trabajadores de la CMPC Planta Laja, principalmente su actuar consistente en la identificación directa de  las personas que iban siendo detenidas y secuestradas por carabineros a la  salida de los turnos de CMPC. 

Finalmente, respecto de la empresa CMPC y su relación y vinculación con  los hechos delictuosos investigados, los familiares apuntaron que "se refuerza nuestra convicción de que dicha empresa papelera y sus agentes, efectivamente permitieron, alentaron y facilitaron la consumación del designio criminal, como consta irrefutablemente en la investigación del Ministro Carlos Aldana, en las consideraciones tenidas en vista por la Corte de Concepción y en las reflexiones y consideraciones hechas suyas en el fallo de la Corte Suprema -suministro de vehículos, cal para cubrir los cuerpos de las víctimas,  propiedad o tenencia del predio donde las víctimas fueron sacrificadas,  proporción de choferes de la propia compañía, etc-". 

En síntesis, la Suprema mantuvo prácticamente en su totalidad lo resuelto en su oportunidad por la Corte de Concepción, manteniendo las condenas de los ejecutores materiales directos de los 19 homicidios de vecinos de Laja y San Rosendo ocurridos en la madrugada  del 18 de septiembre de 1973 y cuyos responsables fueron ex uniformados de la tenencia de Carabineros de Laja a esa época. 

En ese sentido, apuntan que "recordar a este respecto que, en su momento se dictó sobreseimiento definitivo del ejecutivo de la CMPC Carlos Ferrer Gómez y del chofer de  gerencia Rodolfo Román Román, en razón de haberse producido el  fallecimiento de estos, considerando que previamente habían sido procesados. Respecto de Lionel Alejandro Aguilera Covarrubias, el fallo de la Corte Suprema no innovó lo fallado por la Corte de Concepción". 

Conclusiones

En su comunicado, los familiares sostienen que "estamos poniendo término a un largo y por qué no decirlo, muchas veces extenuante, fatigoso, cruel, y desde luego doloroso camino que desde su  inicio vio transcurrir prácticamente 51 años en espera de este momento final  desde el punto de vista judicial y humano. Esta es la realidad y el tiempo  que debimos enfrentar". 

Al respecto, manifestaron que "se dice y a veces repite que, la justicia tardía no es justicia, pero nosotros, siempre con una mirada hacia el futuro, sincera y sin ánimo de venganza,  podemos decir que “la justicia, aunque tarde, es también justicia cuando llega”. Este camino, iniciado ante Tribunales inmediatamente después de la detención y desaparición de nuestros familiares, en septiembre de 1973, lo fue con la presentación de los primeros recursos de amparo en búsqueda de conocer su paradero, el '¿Dónde están?. Recursos todos que, como ocurrió en casos similares, en todo el país, fueron rechazados por los Tribunales de Justicia".

"Posteriormente, el año 1979 y con el apoyo extraordinario e invaluable del Departamento Social del Arzobispado de Concepción, se interponen las  primeras querellas criminales en contra de los responsables de estos  luctuosos hechos, asumiendo la investigación el valeroso Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, ejemplo de fortaleza humana y  jurídica, Sr. José Martínez Gaensly. Para él y los abogados Martita Worner, Jorge Barudi, Fernando Saldaña, entre otros, nuestro eterno reconocimiento y respeto", relataron. 

"Terminado este camino, en lo jurídico y humano, podemos manifestar nuestra tranquilidad por lo que hicimos, por los caminos que abrimos, por las verdades que denunciamos, por la relevancia que otorgamos a nivel nacional a esta causa, que ha sido y será el mejor homenaje de memoria y dignidad para nuestros padres, cónyuges, hermanos e hijos, los que vieron truncadas vilmente sus vidas en la madrugada de un 18 de septiembre de 1973"

Sobre ello, describieron que "la breve y valiosa investigación del ministro Martínez Gaensly habrá de concluir con la ubicación de los cuerpos de nuestros familiares, su  identificación y entrega para su digna sepultación y, con la declaración de  incompetencia de este, en atención a que en los hechos aparecía  nítidamente la responsabilidad de carabineros de la ex tenencia de Laja, razón por la que debió trasladar el proceso a la justicia Militar, la que  prácticamente de manera inmediata y sin investigación alguna, procedió a  aplicar la Ley de Amnistía, sobreseyendo la causa sin hacer efectiva responsabilidad alguna de los uniformados autores de los hechos". 

Así, "recuperada la democracia en nuestro país, se inicia un proceso incansable  por obtener justicia a tantas violaciones a los derechos humanos ocurridas  en la etapa dictatorial. Es así como causas como la nuestra, el año 2010, son reabiertas, entregándose la responsabilidad de su investigación al  ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Sr. Carlos Aldana Fuentes, quien recién el año 2018 dicta sentencia condenatoria en primera instancia respecto de los uniformados involucrados". 

"Posteriormente se apela la sentencia definitiva dictada por el Ministro Sr.  Aldana, acogiendo la Corte de Apelaciones de Concepción gran parte de  nuestras pretensiones, elevando sustancialmente las penas impuesta a los  ex uniformados, condenando también a Pedro Jarpa Foester, ex empleado  de la CMPC Planta Laja, y elevando sustancialmente también las  reparaciones indemnizatorias civiles otorgadas a los familiares", aseveran.

"Terminado este camino, en lo jurídico y humano, podemos manifestar nuestra tranquilidad por lo que hicimos, por los caminos que abrimos, por las verdades que denunciamos, por la relevancia que otorgamos a nivel  nacional a esta causa, que ha sido y será el mejor homenaje de memoria y  dignidad para nuestros Padres, Cónyuges, Hermanos e Hijos, los que vieron  truncadas vilmente sus vidas en la madrugada de un 18 de septiembre de 1973", relataron.