La Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo del Ministerio de Justicia y DD.HH. del Gobierno de José Antonio Kast, ha resuelto el cese de funciones de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), entidad instaurada recién en febrero pasado con la misión de esclarecer los procesos adoptivos anómalos ocurridos en el territorio nacional.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por BioBioChile, el acto administrativo que clausura esta repartición fue suscrito el 22 de junio, derivando en la desvinculación de los tres especialistas del equipo técnico, quienes recibieron la notificación oficial de su despido el reciente 30 de junio.

Según consignó el citado medio, quien fuera el responsable de la entidad, Ananías Reyes, tildó la determinación gubernamental como "un retroceso de Estado en la respuesta a víctimas que han sido particularmente postergadas y que requieren justicia".

En esta línea, el exencargado enfatizó que entre los planes que quedaron truncos se hallaba la puesta en marcha del Banco de Huellas Genéticas, una herramienta fundamental que no logró concretarse antes del cierre.

Asimismo, la publicación advirtió sobre la inquietud manifestada por diversos funcionarios ministeriales, dado que, aun tras la disolución de esta oficina técnica, persiste el imperativo legal de brindar atención y seguimiento a estos casos de vulneración.

Frente a las consultas del portal informativo, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos sostuvieron que las labores relativas a las adopciones anómalas no se verán interrumpidas, sino que las funciones serán absorbidas por el gabinete ministerial con el apoyo de un nuevo especialista integrado a partir del 1 de julio.

El mismo medio se contactó con el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien criticó la decisión apuntando que se trata de  “un retroceso tan importante y doloroso”.

“El Estado de Chile ha avanzado en reconocer su responsabilidad y adoptar medidas concretas para responder a las justas demandas de miles de familias que llevan exigiendo no solamente justicia, sino que también encuentro”, señaló el exsecretario de Estado.

Declaraciones desde Países Bajos

En conversación con Interferencia, la Fundación Chilean Adoptees reaccionó a la medida impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. 

“Creemos que estos casos no pueden darse por cerrados mientras continúen existiendo tantas preguntas sin respuesta. La verdad debe salir completamente a la luz. Solo mediante una investigación independiente, transparencia total y justicia será posible restablecer la confianza de las víctimas y de sus familias”, declaró Mirjam Hunze, representante de la agrupación, quien recientemente cambió su nombre a Inti Carmen Yáñez, apuntando que “quería dejar atrás el nombre neerlandés que me fue impuesto y recuperar mi identidad”.

“Si ahora también Chile decide dejar de investigar las adopciones ilegales y la trata de niños, ello constituiría una gravísima vulneración de los derechos humanos y de los tratados internacionales sobre los derechos del niño. Toda persona tiene el derecho fundamental a conocer su origen y a saber de dónde proviene. Ese derecho nunca debería depender de decisiones administrativas ni de los intereses de las instituciones”, sostuvo. 

“Asimismo, consideramos que todas las personas e instituciones que organizaron, facilitaron o se beneficiaron de estas adopciones ilegales internacionales y de la trata de niños deben ser investigadas y procesadas penalmente en Chile. Debe establecerse toda la verdad. Las víctimas y las personas afectadas tienen derecho al reconocimiento del daño que han sufrido, a la justicia y a una reparación adecuada”, dijo.

En ese sentido, desde la organización manifestaron que “creemos que Chile, al igual que los Países Bajos, tendrá que asumir su responsabilidad frente a las personas afectadas y a las víctimas de estas adopciones ilegales y de la trata de niños. La verdad, la justicia y la reparación no pueden quedar pendientes. Es hora de que las víctimas y las personas afectadas sean visibilizadas y puestas en el centro. Ellas deben recibir toda la cooperación y el apoyo necesario, en lugar de dar prioridad a quienes han colaborado o facilitado este sistema”.

En paralelo, Hunze consideró importante explicar lo que está ocurriendo actualmente en los Países Bajos.

“Fiom ha manifestado su intención de separar la información general del archivo de Las Palmas, que actualmente se encuentra bajo su custodia en Hertogenbosch, de los expedientes de identidad y de adopción de las personas adoptadas de origen chileno. En este momento, Fiom es el custodio de estos archivos. Al mismo tiempo, el abogado Ciro Colombara presentó una solicitud ante el ministro Aguilar. Dicha solicitud se encuentra actualmente pendiente de resolución ante un tribunal en Chile. Estamos a la espera de esa decisión. Si el tribunal aprueba la solicitud, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministerio de Justicia y Seguridad de los Países Bajos podrán exigir a Fiom que los expedientes no sean separados ni fragmentados y que el archivo completo sea devuelto a Chile”, describió. 

El 25 de junio de 2026, la Fundación Chilean Adoptees sostuvo una reunión con el embajador Hernán Bascuñán. “Durante ese encuentro nos aseguró que, tras una reunión celebrada el 11 de junio con el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y el Ministerio de Justicia y Seguridad, se había acordado expresamente que los archivos no serían divididos. Esa fue la garantía que recibimos y sobre la que depositamos nuestra confianza. Sin embargo, para nuestra sorpresa, ayer recibimos una carta de la directora de Fiom informándonos de que la institución tiene la intención de firmar un convenio con el KDC, un centro privado católico de documentación ubicado en Nimega, para trasladar allí parte de los archivos. Con ello, da la impresión de que Fiom pretende desprenderse de esta responsabilidad”, acusó.