La Dirección Metropolitana de Gendarmería interpuso un recurso de amparo en favor de 44 personas privadas de libertad, tanto en la Penitenciaría como en Santiago Uno, para que el Ministerio de Salud se haga cargo de ellos, porque sufren “enajenación mental”, como establece el artículo 458 del Código Procesal Penal.

En este sentido, el servicio de prisiones, patrocinado por el abogado Sebastián Ramírez Montalva, solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que tome cartas en el asunto, oficie a la cartera mencionada para que los aludidos cumplan su condena en recintos donde existan especialistas en la materia.

De acuerdo al escrito que publica Interferencia, las personas con problemas mentales, “en un contexto penitenciario, es un riesgo para su integridad física y, subsecuentemente pone en riesgo a la población penal”, como también a los funcionarios”.

“(...) sin mencionar que además de no contar con una infraestructura especializada, el personal de servicio de Gendarmería de Chile, no está formado para custodiar, contener o tratar aquellas personas (...)”, detalla el documento.

DDHH y la ONU

Citando la ley que rige la labor penitenciaria, la institución verde boldo criticó “la insistencia infundada de los tribunales de base en lo criminal, expone a una situación de peligro presente y probable (...) y obliga a Gendarmería a excederse de sus funciones”.

En ese sentido, argumentó que los funcionarios, incluso, arriesgan “eventuales responsabilidades administrativas”. Eso sin contar, sigue el libelo, las de carácter penal y compromete incluso al Estado de Chile”, ante la eventualidad de acciones civiles.

Citando la ley que rige la labor penitenciaria, la institución verde boldo criticó “la insistencia infundada de los tribunales de base en lo criminal, expone a una situación de peligro presente y probable (...) y obliga a Gendarmería a excederse de sus funciones”.

La presentación incluso invoca al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó  en 2017, donde se establece que los Estados deben garantizar, “a través de programas de promoción y prevención de salud mental”. A renglón seguido, agrega que lo propio existe en la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros ligados a la tortura, penas crueles que “son Ley de la República”. 

Fuentes de Gendarmería consultadas por este medio, indicaron que la situación se ha vuelto “insostenible” en el último tiempo, y que los funcionarios han expuesto en variadas oportunidades la situación.

En el recurso, se solicitó además que la Subsecretaría de Redes Asistenciales y sus servicios respectivos para que informen al tenor del amparo interpuesto en el tribunal de alzada capitalino.

Interferencia intentó obtener una versión del servicio, pero se indicó que no habría comentarios.