Entre marzo y mediados de mayo, el Ministerio de Justicia no informaba a la Policía de Investigaciones (PDI) cuando rebajaba la condena de un extranjero con orden de expulsión. Así se desprende de la respuesta que la propia cartera de Fernando Rabat entregó a Interferencia. En ese período, explicó, los decretos de esas personas “eran remitidos al Servicio Nacional de Migraciones mediante un oficio conductor, que acompañaba cada decreto. En dicho oficio se informaba que la persona beneficiada con la rebaja de condena mantenía una orden de expulsión, con el objeto de que la institución procediera conforme a sus competencias”.
Solo “desde mediados de mayo de 2026”, agregó el ministerio, “se remitió un oficio a la PDI y otro al Servicio Nacional de Migraciones, informándoles que, en adelante, serían incorporadas directamente en la distribución de los decretos de rebaja de condena correspondientes a personas extranjeras que mantuvieran una orden de expulsión”.
La cartera cerró su respuesta con una conclusión: “Por tanto, cuando se rebaja a personas extranjeras con una orden de expulsión, ambas instituciones eran informadas de los respectivos decretos de rebaja de condena”. La afirmación no calza con su propia explicación. Según el mismo ministerio, durante esos dos meses y medio el aviso iba únicamente a Migraciones, el servicio que ordena las expulsiones, y no a la PDI, la institución encargada de ejecutarlas.
La respuesta coincide en parte con lo que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había planteado el 6 de noviembre. “Respecto de las 13 personas (...), todas tienen orden de expulsión”, sostuvo entonces, y añadió que “algunas están en proceso de materialización; algunas se han materializado”, según consignó Cooperativa. De acuerdo con ese medio, Pavez explicó además que el Ministerio de Justicia notificó a Migraciones para iniciar los procedimientos de salida del país.
Los decretos no dejan rastro de esos oficios. Al final de cada uno figura una lista de distribución con las instituciones que deben conocer la decisión. En los decretos de marzo a mayo que beneficiaron a extranjeros, y a los que ha accedido Interferencia, esa lista incluye a Gendarmería, a la Seremi de Justicia respectiva, a la División de Reinserción Social y al Registro Civil, pero no a la PDI ni a Migraciones. El ministerio no acompañó a su respuesta copia ni número de los oficios conductores que, según afirma, acompañaron cada decreto.
El cambio de mayo
La revisión de los decretos es consistente con la fecha que indica la cartera. Los últimos decretos a extranjeros revisados por este medio que no consideran a la PDI ni a Migraciones en su distribución son del 15 de mayo. Los primeros que sí las incluyen, con la transcripción del subsecretario de Justicia (s) Patricio Cuevas, son del 1 de junio.
El criterio que describe el ministerio, sin embargo, deja una pregunta abierta. Según su respuesta, el aviso se limitaba a las “personas extranjeras que mantuvieran una orden de expulsión”. Los decretos revisados no mencionan esa circunstancia, y la cartera no explicó cómo verificaba, antes de firmar, qué extranjeros tenían una orden vigente.
Una orden de expulsión que el decreto no mencionaba
El caso del boliviano Ricardo Mejía muestra cómo operaba ese circuito. Condenado en 2024 por el Juzgado de Garantía de Iquique a tres años y un día de presidio por tráfico de drogas, Mejía tenía desde octubre de ese año una orden de expulsión del Servicio Nacional de Migraciones, que además le prohibía volver a Chile por 25 años. Cumplía su pena en libertad condicional en Copiapó cuando, el 8 de mayo, el Ministerio de Justicia dictó el decreto que le rebajó tres meses y fijó el término de su condena para el día siguiente.
Según el criterio que describe la cartera, se trata de un caso que debía ir acompañado de un oficio conductor a Migraciones, aunque no a la PDI, porque el decreto es anterior a mediados de mayo. El decreto, transcrito por el subsecretario (s) Patricio Cuevas, no menciona la orden de expulsión, y su distribución incluyó a la División de Reinserción Social, a Gendarmería, a la Seremi, al Registro Civil y al propio beneficiado, pero no a la PDI ni a Migraciones. El ministerio no acompañó a su respuesta copia ni número del oficio conductor que, de acuerdo con su explicación, debió seguir a este decreto. La orden de expulsión llegó al expediente judicial por otra vía: Gendarmería la adjuntó al informar al tribunal que la condena estaba cumplida. El juzgado, el 14 de mayo, ordenó comunicar esa resolución solo al Registro Civil.
La policía preguntó por su cuenta
Que los tribunales no oficien a la PDI ni a Migraciones al tener por cumplida una condena es una práctica judicial, no una decisión del ministerio. En las resoluciones de cumplimiento revisadas por este medio, disponibles en la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, el juzgado recibió el informe de Gendarmería, tuvo por cumplida la condena y ordenó comunicarlo, en casi todos los casos, al Registro Civil y a la unidad penal.
Con ese circuito, la PDI debió consultar por su cuenta. El 16 de abril, tres días después de la rebaja del boliviano Elías Salazar Burgos, el Juzgado de Garantía de Antofagasta respondió a una consulta de la unidad de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Tocopilla que la expulsión ya decretada en su contra estaba "legalmente suspendida" mientras no pagara una multa de 40 UTM. En Punta Arenas, el tribunal tuvo por cumplida la pena del colombiano Jorge Luis Angulo Sánchez el 22 de abril. Seis días después, la PDI pidió antecedentes, y el juzgado le respondió que no había inconveniente para ejecutar la expulsión que Migraciones había ordenado en mayo de 2025.
En el caso de los condenados por drogas, ese aviso pesa más. Desde febrero de 2022, la Ley 18.216, modificada por la Ley 21.325, impide a los jueces sustituir esas penas por la expulsión, de modo que la medida queda en manos del Servicio Nacional de Migraciones, como recordó la Delegación Presidencial de Tarapacá en una de las causas revisadas.
Información desfasada
Cuando la policía consultó, no siempre recibió datos vigentes. El 28 de abril, la unidad de Migraciones y Policía Internacional de la PDI en Chillán preguntó al Juzgado de Garantía de Iquique por la situación del boliviano Edwin Cruz Equiza. Al día siguiente, el tribunal respondió que su condena se cumpliría "eventualmente" el 4 de agosto. El 30 de abril, el Ministerio de Justicia firmó el decreto que le rebajó tres meses y fijó el término para el 4 de mayo. El 5 de mayo, el juzgado tuvo por cumplida la pena e informó sólo al Registro Civil. No consta en la causa que se haya corregido la respuesta entregada a la PDI, y el decreto es anterior a la fecha desde la cual, según el propio ministerio, la policía comenzó a ser informada.
El desfase también ocurrió entre Gendarmería y los tribunales. En Santiago, el 10° Juzgado de Garantía tardó tres meses en saber que habían terminado las condenas del dominicano Ericsson Donato Hernández y de los ecuatorianos Jefferson Josué Morocho Basurto y Manuel Bolívar Garcés González, sentenciados a seis años por tráfico. Sus rebajas, firmadas el 16 de abril, fijaron el término de las penas para ese mismo día. El 10 de julio, el tribunal certificó que Gendarmería aún no le había informado el cumplimiento, y sólo después de un oficio de la PDI, el 17 de julio, pidió cuenta al penal.
Sin orden vigente, sin aviso
El criterio del ministerio también implica que los extranjeros sin una orden de expulsión vigente no eran informados ni a Migraciones ni a la PDI. Es el caso del venezolano Edixon Escobar García, cuya rebaja de seis meses firmó el ministro Rabat el 23 de abril. Como informó Interferencia la semana pasada, Escobar García había sido condenado a expulsión en 2020, una pena que luego se revocó, y desde el 30 de octubre está en prisión preventiva en Arica, imputado nuevamente por tráfico. La resolución con la que el Juzgado de Garantía de Arica tuvo por cumplida su condena, el 29 de abril, se limitó a disponer: “Comuníquese al Servicio de Registro Civil e Identificación”.
La pregunta del Congreso
La misma inquietud llegó al parlamento. El 6 de noviembre, los diputados Juan Santana (PS), César Valenzuela (PS), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) oficiaron al Ejecutivo para saber si los beneficiados tenían una orden de expulsión vigente al recuperar su libertad, cuántos fueron efectivamente expulsados y cuántos siguen en Chile, informaron T13 y BioBioChile. Santana planteó como pregunta central “si es que realizaron los actos administrativos necesarios para concretar estas expulsiones”, mientras Barraza sostuvo que “esa información es crucial para establecer responsabilidades políticas”.
Ese mismo día, el gobierno dio a conocer que las expulsiones materializadas en 2026 llegan a 2.136. La cifra no distingue cuántas corresponden a extranjeros beneficiados con rebajas de condena, y Pavez tampoco precisó cuántos de los 13 casos que mencionó ya salieron del país.
Interferencia consultó al Servicio Nacional de Migraciones si recibió los oficios conductores que menciona el Ministerio de Justicia y si ejecutó las expulsiones de los casos revisados, quienes solo se limitaron a señalar que las expulsiones materializadas les corresponden a la PDI, que es la que las concreta. Migraciones no precisó si fueron notificados de las rebajas ni si los condenados tenían órdenes de expulsión vigentes.
La expulsión no es una atribución del Ministerio de Justicia: la ordena el Servicio Nacional de Migraciones o un tribunal, y la ejecuta la PDI, que hoy depende del Ministerio de Seguridad. Lo que sí depende de la cartera de Rabat es a quién comunica sus decretos, y por su propia respuesta, hasta mediados de mayo la PDI no estaba entre los destinatarios. El 9 de noviembre, en medio de la crisis, el gobierno suspendió todas las rebajas de condena mientras se tramita el proyecto que deroga el beneficio.
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