El caso Rabat ya dejó de ser solo un debate sobre decretos de rebaja de condena. El ministro enfrenta una investigación penal por presunta prevaricación administrativa, una acusación constitucional en preparación y críticas desde la propia derecha, mientras Kast insiste en sostenerlo. A eso se suma que la Contraloría inició una fiscalización en el Ministerio de Justicia por las rebajas de condena, sin plazos ni resultados conocidos. 

La acusación, que a esta hora todavía no ingresa a la Cámara, abre una pregunta incómoda para todos los bandos: ¿sirve para resolver el problema o solo para prolongarlo? Con todo, a la oposición no le queda más que presentarla, y hacerlo de modo que no provoque una estampida de votos de derecha, que son indispensables para que prospere.

Un país que lo quiere fuera

El argumento más sólido a favor del libelo no es jurídico, sino político. La Cadem del 1 de noviembre registró un 70% de desacuerdo con la decisión de Kast de mantener al ministro, seis puntos más que una semana antes. Otro sondeo, el de Pulso Ciudadano, mostró una aprobación presidencial de 22,1% y un 74,2% que pide la renuncia de Rabat, incluido casi la mitad de los partidarios del Gobierno.

Con esas cifras, la oposición puede sostener que el juicio político ya ocurrió en la calle y que la acusación solo lo formaliza. A eso se suma que la Cámara aprobó una resolución pidiendo al Presidente la destitución del ministro, una señal que ni siquiera los votos oficialistas lograron frenar del todo.

De todos modos, el Gobierno y el oficialismo han dicho que no se han violado las leyes, mientras que la investigación por prevaricación sugiere lo contrario. Además, dejar en la indefensión a las víctimas de violencia sexual y de crimen organizado puede verse como un grave abandono de los deberes del cargo.

El dilema del oficialismo

Para los parlamentarios de derecha, el costo es doble. Quienes levantaron la consigna “con mis hijos no” ahora deben decidir si respaldan al ministro. Votar en contra de la acusación implica arriesgarse a cargar con la etiqueta de defensores de quienes obtuvieron rebajas por delitos sexuales contra menores, un estigma que ningún diputado quiere llevar a su distrito.

Por eso el oficialismo se mueve entre la lealtad y la supervivencia. Los diputados UDI Hotuiti Teao, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito se manifestaron a favor de la salida de Rabat en la sesión especial, aunque eso no implica que voten la acusación. Otros, como el republicano Agustín Romero, cierran filas: “no hay ningún voto oficialista a favor de esa acusación”, afirmó este lunes. RN, en cambio, habla de decidir “en conciencia”.

Hay que considerar, además, que el voto es parlamentario por parlamentario, y cada uno tendrá que justificarlo ante sus electores. Quien elija mal puede pagarlo en la reelección, en especial los diputados de los distritos más golpeados por el caso.

El talón de Aquiles jurídico

Aquí está el principal argumento en contra. El ministerio sostiene que una ley de 2022 excluyó a ciertos delincuentes sexuales de los beneficios, pero que esa restricción no podía aplicarse retroactivamente a delitos anteriores, y que actuó conforme a la ley y a fallos vigentes. Desde ahí, el oficialismo construye su defensa: una discrepancia de interpretación no equivale a infringir la Constitución ni las leyes, que es lo que exige una acusación.

La propia oposición ha tenido problemas para afinar el texto. A comienzos de este mes, a una semana del anuncio todavía no estaban definidos los principales argumentos ni los capítulos del libelo. Y hay quienes reconocen en privado que no es fácil demostrar una transgresión clara, lo que explicaría la demora.

Esa debilidad, sin embargo, hay que matizarla. La investigación por presunta prevaricación y el desamparo de las víctimas son los pilares con los que el libelo puede levantar su caso. Pero antes de convencer a los indecisos, los propios opositores tienen que convencerse de que esos argumentos resisten el examen jurídico.

Una aritmética incierta

Quienes la impulsan creen que podría superar los 78 votos necesarios en la Cámara. El presidente del PPD, Raúl Soto, la da por “lista al 99%” y asegura que habrá votos de Chile Vamos. Pero hay datos que invitan a la cautela. En la sesión especial, la resolución que pedía la renuncia obtuvo solo 68 votos, con 42 en contra y 7 abstenciones, y 38 diputados simplemente no estuvieron.

La llave la tiene el PDG. Sus 14 diputados dicen no tener decisión tomada y reconocen que ninguno de los dos lados tiene los votos. Y hay otro escenario: analistas plantean que parlamentarios de Chile Vamos podrían optar por ausentarse de la sala, una salida cómoda que no los obliga a votar, pero que igual facilita la aprobación.

En ese terreno, el arte está en despolitizar la acusación. Si se percibe como partidista o como una excusa para pegarle a Kast, se le regala al oficialismo el argumento para cerrar filas.

Un desgaste que ya corre

Gane o pierda, la acusación tiene un efecto inmediato: mantiene el caso en la agenda. La diputada Gael Yeomans lo dejó claro este lunes, presentarán el libelo igual, tengan o no los votos del PDG. Para el Gobierno, eso significa semanas más de un ministro cuestionado, mientras la Cámara tramita además el Presupuesto 2027.

El riesgo para la oposición es el inverso. Una acusación rechazada podría darle a Rabat un respiro y a Kast un argumento para decir que el asunto estaba cerrado. Y para La Moneda, el costo ya está a la vista: el Mandatario insiste en que el ministro es “sobresaliente” y en que asumió el “error político”, pero cada día sin definirse alimenta la sensación de un gobierno que se desangra por no soltar lo que ya perdió.