Durante la jornada de ayer, fue aprobada la iniciativa legal que establece una multa para quienes no voten en las elecciones populares y volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular y la presentación de indicaciones.

El proyecto de ley iniciado en moción fue aprobado en general por la sala de Cámara de Diputadas y Diputados por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones.

Votaron en contra o se abstuvieron los diputados del Partido Comunista, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, mientras que la Democracia Cristiana se mostró dividida.

El proyecto fue presentado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y establece multas que van entre los $33.000 y $210.000, aproximadamente, y se aplica únicamente a ciudadanos con nacionalidad chilena, excluyendo de esta obligación a los migrantes avecindados en el país.

Durante la discusión, quedó en evidencia que se trataba de una normativa que generó división dentro del parlamento, provocando reacciones encontradas entre los representantes de distintos sectores. 

El diputado Jorge Brito (FA), por ejemplo, señaló que "esperamos que se rechace el intento de la oposición y los partidos de derecha, no sólo de ratificar que los extranjeros en Chile participen de la elección de nuestro presidente, sino además de fijar una multa de hasta $204 mil a nuestros compatriotas que se vean imposibilitados de concurrir a las urnas (...) aumentar las penas para quienes no participen no va a sanar la relación de la ciudadanía con los políticos ni tampoco les va a salvar el otorgarles la posibilidad de voto a aquellos que ustedes consideran que, sin ser chilenos y chilenas, a ustedes los van a elegir para la elección de este año, porque lo que tenemos en mente es que esto sea rechazado y sea tratado como corresponde, fijando sin asimetrías y sin discriminaciones en contra de nuestros compatriotas que seamos únicas y exclusivamente las y los chilenos los que participemos de la elección de nuestra presidenta o presidente de la República".

En una línea similar, el diputado Luis Cuello (PC) planteó que "la multa que se establece en este proyecto de ley es bastante elevada" y expresó que "esta clase de sanciones se establece a través de los juzgados de policía local, con un procedimiento que no es electrónico, no mucho menos. Un procedimiento que se hace a papel, con expediente a papel, igual que en los viejos juicios civiles. Y por lo tanto, eso implica una enorme sobrecarga para los funcionarios de los juzgados de policía local y también una ineficacia de la multa, una ineficacia de la sanción".

"Hoy estamos discutiendo un proyecto que, vuelve a poner el voto obligatorio para los chilenos, pero sigue dejando la puerta abierta para que personas que no son de aquí, que llevan poquito tiempo, puedan decidir quién va a ser nuestro presidente, quién va a estar sentado en este Congreso ¿De verdad creemos que eso es justo? ¿Le dejaríamos la llave de la casa a alguien que apenas conocemos, que apenas está llegando a nuestra casa? No basta con que a los extranjeros se les diga, si quieren, voten no más, mientras a los chilenos nos caen multas elevadas", dijo por su parte el diputado Luis Cuello (PL). 

En contraparte, en la oposición la medida fue celebrada. El diputado Henry Leal (UDI) indicó que "hoy día nos jugamos algo que es muy relevante, ¿Estamos por la democracia de verdad o estamos por la democracia a la carta? ¿La democracia cuando nos conviene o la democracia cuando a la calculadora no nos conviene? (…) vemos acá que hay un grupo que no quiere el voto obligatorio, porque un voto sin multa es un voto voluntario. Y eso nos lo compartimos".

La diputada Joanna Pérez (Demócratas), impulsora del proyecto, aseveró que "se les ofreció este proyecto que es intermedio al Gobierno, porque el Gobierno lo que no quería era el proyecto del Senado, que obligaba en multa al extranjero. Este proyecto deja fuera a los extranjeros, habla de ciudadanos (…) pero la izquierda se niega porque está con calculadora en mano. Quienes somos demócratas vamos a defender la democracia siempre, sin dobleces y me molesta el doble estándar".

Calculadora en mano

Desde la restauración del voto obligatorio, los sectores que representan a la izquierda y a la derecha han tenido resultados menos predecibles, al concentrarse una parte importante del padrón en ciudadanos indecisos o reacios a participar del proceso de forma voluntaria. 

El primer ejemplo fue el resultado en las votaciones por el plebiscito de Aprueba o Rechazo a una nueva constitución en septiembre de 2022, recordando que hasta esa fecha y desde las elecciones municipales de octubre de 2012, el voto en el país había sido voluntario. 

"Todos esperaban que el regreso del voto obligatorio en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional favoreciera a la izquierda. Y todos se sorprendieron cuando un contundente 90% de los votantes obligados (aquellos que no habían votado en la segunda vuelta presidencial de 2021 y votaron en el plebiscito) optó por el Rechazo", rememoró el economista Eduardo Engel en una columna publicada en El Mercurio en julio del año pasado.

En ese sentido, el analista continuó ejemplificando que "los errores de cálculo continuaron. En el plebiscito de salida del segundo proceso constitucional, la oposición esperaba que los votantes obligados dieran el triunfo al A favor; sin embargo, como mostramos en un trabajo con David Altman, Juan Díaz y Benjamín Peña, las preferencias de estos votantes mutaron y esta vez votaron muy parecido a los electores habituales".

"En conclusión, para que el voto obligatorio sea efectivo, no basta con imponer multas que no se cobren, se debe ir más allá. También sería deseable reducir el incremento del financiamiento público de partidos y campañas que genera la mayor participación con voto obligatorio. Son temas que merecen ser abordados sin cálculos electorales que, por lo demás, suelen estar errados", apuntó Engel.

En una proyección del escenario electoral para las parlamentarias de 2025 publicada en El Mostrador, desde Factoría Pública explicaron dentro de las principales conclusiones que “en regla general, a mayor dispersión de un sector, el contrario sale beneficiado”, principio que se refleja en los escenarios planteados, donde la fragmentación o unidad de las listas puede cambiar la distribución de escaños.

“Lo que nosotros hicimos fue tomar todos los votos de los partidos en concejales -que es la cifra más representativa, porque todos los partidos, o casi todos, compiten en casi todas las comunas.  A esto se le sumó los votos de los candidatos independientes de cada partido y aplicamos la cifra repartidora que se utiliza en la elección parlamentaria”, dijo el cientista político y director de Factoría Pública, Danilo Herrera.

El analista agregó que las proyección “solo habla de movilización de partidos y no de particularidades de candidatos”, y además advirtió que  no se consideró al Partido Nacional Libertario (PNL) porque no existía para las elecciones 2024. Además, si bien existen factores como los cálculos particulares para cada distrito, la proyección de acuerdo a escenarios de convergencia y dispersión permiten visualizar un primer panorama que ya está siendo trabajado desde los partidos políticos.