En agosto, Interferencia dio a conocer la denuncia de un fiscalizador externo de obras sociales en Arica que acusó haber sido removido de sus funciones luego de dar cuenta de un millonario subsidio aprobado por la Seremi de Vivienda y Serviu subrogante de Arica, Gladys Acuña (PS).

La denuncia apunta a que la constructora Noval, filial de SalfaCorp, demoró seis meses en el inicio de las obras de 144 viviendas sociales en Arica y que, a pesar de no contar con los permisos correspondientes, recibió un subsidio de $7.700 millones. Es más, la misma Acuña, con cargo duplicado en Seremi y Serviu, visó un aumento del 15% en el subsidio, entregando otros $1.155 millones.

Sin embargo, los reparos del fiscalizador le costaron caro: fue removido por “necesidades del servicio” en 2023. Tras reclamar por vía administrativa, Contraloría ordenó al Serviu retrotraer los procesos, considerando que no se ajustaron a derecho.

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Tras más de un año de espera, finalmente el Serviu de Arica dio inicio al proceso de restitución el pasado 12 de septiembre. Según el documento, firmado por la propia Gladys Acuña, se pide al fiscalizador Ángel Martínez exponer por escrito “lo conveniente a sus intereses y que digan relación con el presente procedimiento de invalidación”.

Interferencia conversó con Martínez, quien nos compartió la respuesta dada al Serviu tras años de denunciar irregularidades en su gestión. En sus descargos, el fiscalizador pide llegar a “una solución indemnizatoria y el cierre definitivo del vínculo, sin reintegro a la prestación”. Esto, considerando como agravante que prestó servicios de consultor por 7 meses sin recibir remuneración por su trabajo.

Así también, pidió oficiar a la empresa constructora y a la fiscalizadora interna del Serviu para remitir todos los antecedentes del periodo 2023–2025 del proyecto habitacional. La solicitud no es baladí. Martínez acusa que, mientras fue fiscalizador, solicitó información al Servicio sin recibir respuestas. 

En palabras de Martínez: "La situación que enfrento es de una inacción administrativa inaceptable y que contraviene flagrantemente la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos. He presentado al menos diez solicitudes fundamentales que requieren una respuesta por parte del servicio los que, a la fecha, llevan entre 270 y 720 días sin recibir respuesta alguna, superando con creces el plazo máximo de seis meses que la ley otorga a la administración para resolver. Más aún, mi reciente solicitud de certificación de estado, ingresada el 15 de septiembre de 2025 (Ordinario GRL-005-2025), que buscaba precisamente formalizar esta prolongada mora, tampoco ha sido respondida a la fecha”.

“Esta persistente falta de pronunciamiento no sólo vulnera el derecho de petición y el debido proceso, sino que evidencia una grave omisión en el cumplimiento de los deberes de celeridad y eficiencia que rigen la actuación de los órganos del Estado, afectando directamente la tutela de mis derechos”, apunta.

En esta línea, el pasado 16 de septiembre ingresó un nuevo oficio para exigir respuestas a oficios realizados en el marco de las obras del proyecto habitacional Nuevo Norte II.

Según el documento, el Serviu de Arica no ha respondido respecto a oficios para clarificar el aumento de contrato, requerimientos sobre IVA y denuncias de mora en un plazo de hasta 730 días desde que Martínez ofició al Sevicio.