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Sábado, 24 de agosto de 2019
Educación

La bicicleta financiera con que la Universidad La República ha eludido el pago a sus acreedores

Catalina Mundaca
Diego Ortiz

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Inteferencia
Inteferencia

En 2011 esta universidad privada -ligada en su fundación a los masones- debió irse a quiebra, pero un acuerdo con sus acreedores le permitió seguir operando, a cuenta de que los excedentes fueran a amortizar la deuda. Sin embargo, las autoridades de la casa de estudios dieron con un mecanismo que escondía transitoriamente esas remesas  y que hoy presenta un hoyo financiero de $ 84 millones de pesos.

En abril de 2011 la Universidad de La República estuvo a punto de ser declarada en quiebra. En ese momento tenía deudas que ascendían a los $ 3.752 millones de pesos, respecto de los once principales acreedores de la Universidad, entre los que se encuentra el Banco de Chile, Guaraní Inversiones Limitada y Logros Servicios de Préstamos Limitada.

En ese momento, el rector Alfredo Romero Licuime aseguró que la Universidad de La República, ligada en su fundación a la masonería, "es un proyecto educacional que debe perseverar", y que su quiebra supondría “no sólo el fracaso de una iniciativa nacida del puro interés en el servicio a la educación, sino un daño social y económico inimaginable, tanto para la comunidad universitaria, para la corporación, así como para todos sus acreedores".

Para evitar el cierre y siguiendo lo estipulado en el artículo 178 del libro IV del Código de Comercio, se propuso la creación de un convenio judicial preventivo. Este documento tenía por objeto que los ingresos de la casa de estudios -obtenidos principalmente mediante el pago de aranceles y matrícula de sus más de 4.800 estudiantes- fueran gestionados por una administradora de fondos, ente autónomo distinto de la Universidad, que asegurara que la institución seguiría funcionando como hasta entonces y que pagara, paulatinamente, a los acreedores.

Además, tanto la Universidad como la administradora quedarían sujetas a la intervención de un síndico, quien velaría por el adecuado cumplimiento del convenio; y por una comisión de acreedores que autorizaría operaciones de mayor envergadura y aseguraría el pago de las deudas.

El convenio se firmó con la presencia del presidente de la junta directiva de la Universidad, Victor Montero, el abogado Ernesto Ravera y fue nombrado como síndico Patricio Jamarne, ex síndico de Colo Colo. El proceso se tramitó en el Noveno Juzgado Civil de Santiago y fue aprobado el 26 de abril de 2011.

Sin embargo, el acuerdo fue impugnado por otros acreedores y llegó a verse en la Corte Suprema, donde fue definitivamente aprobado el 29 de mayo de 2015.

Desvíos de fondos

La fórmula establecida por el acuerdo preventivo judicial era sencilla. Le tocaba a la administradora de fondos percibir la totalidad de las platas entrantes de la Universidad, entregarle a esta los recursos necesarios para su funcionamiento -conforme a un presupuesto semestral- y destinar los excedentes al pago de los acreedores.

Sin embargo, desde el año 2014 hasta el 2017, el proceso de traspaso de las platas ha estado sujeto a una serie de operaciones irregulares, conforme la documentación a la que tuvo acceso INTERFERENCIA.

En particular se trata del informe Cuenta Especial de Transferencias, con fecha 6 septiembre 2018 y elaborado por el contralor de la Universidad, Orlando Inostroza Bilbao. En el documento se da cuenta de que los fondos de la Universidad son depositados, primero y transitoriamente, en la cuenta corriente personal de Ítalo Soto González, director de finanzas de la Universidad, y no en la cuenta del fondo de administración.

Según se relata en el informe, el modo de proceder con la recaudación -el que todavía está en funcionamiento- consiste en que los ingresos son recibidos en las cajas de las sedes de la Universidad, para luego ser custodiados y mantenidos por estas, con el fin de realizar el pago de sus obligaciones mensuales, tales como arriendo, remuneraciones, honorarios y servicios de proveedores locales. Todos estos movimientos cuentan, siguiendo la investigación del contralor Inostroza, con la autorización de la Casa Central.

Los excedentes mensuales, por su parte, eran despachados por las once sedes de la institución a la Casa Central en efectivo, cheques o vales vista (estos últimos a nombre de Manuel Rivera Parada, ex vicerrector de Administración y Finanzas).

Esos fondos llegaban directamente a la Tesorería o a las cuentas de la Universidad en el Banco Estado, pero de manera casi automática se traspasaban vía transferencia electrónica a la cuenta corriente personal de Ítalo Soto González, director de Finanzas de la Universidad, bajo el rótulo "Cuenta Especial de Transferencia". Luego, con los tiempos controlados, los fondos se volvían a traspasar a la Tesorería de la Universidad, con lo que, finalmente, daban al administrador del fondo.

Entre junio de 2014 y diciembre de 2017, la cuenta de ítalo Soto manejó un total de $10.838 millones de pesos de fondos provenientes de las once sedes de la Universidad.

Como resultado de este mecanismo, la auditoría citada dio cuenta de que existe una diferencia de más de $ 84 millones de pesos entre los fondos provenientes de las transferencias hechas por la Universidad a la cuenta de Ítalo Soto y las transferencias realizadas por Soto a las cuentas corrientes de la universidad.

De todos modos existen pruebas de que las autoridades de la Universidad conocían bien el mecanismo. De hecho, un documento de uso interno anterior, realizado por el contador Humberto Labarca Montalbán para la Universidad, explica que a entidades que no tienen acceso al crédito, como la propia Universidad, no pueden mantener saldos en sus cuentas corrientes, pues "el riesgo de que dichos fondos sean incautados por orden judicial es alto, y de ocurrir ello se ve afectada fuertemente la planificación de pagos y el cumplimiento de los presupuestos”.

Además, el documento recomienda operar en lo preferible con efectivo y documentos representativos de efectivo para “no traspasar el riesgo de manejo y custodia del efectivo a las instituciones financieras", tal como se promueve al momento del pago de los estudiantes.

"En relación con los egresos, el utilizar las cuentas corrientes bancarias implica hacer coincidir los tiempos de los depósitos y los giros respectivos para no mantener saldos que puedan ser incautados, o bien utilizar cuentas corrientes de terceros para su operación”, dice el documento, ofreciendo otra información útil para la Universidad respecto de lo clave que son los timing en las operaciones.

La renuncia de un síndico

La serie de irregularidades que afectaron los pagos de la Universidad, fueron detectadas por el síndico designado en el acuerdo judicial preventivo. En conocimiento del escenario, Patricio Jamarme renunció a su cargo de interventor en octubre de 2012.

Mediante un documento judicial, Jamarme aseguró que su dimisión respondía a cinco aspectos fundamentales. Primero dejó en claro que a esa fecha el convenio no se había implementado. En segundo lugar, el síndico dijo que se le había negado el acceso a la contabilidad de la Universidad “desconociendo si se lleva de forma ordenada”.

También, Jamarme reportó que no se le había informado a qué acreedores se le habían realizado pagos, tampoco los montos y denunció que se realizaban “pagos por deudas anteriores al convenio que no han sido autorizados por sindico”.

Por último, dio cuenta de que hasta ese momento, no había abierto una cuenta corriente bancaria para la sociedad, “manejándose dineros en cuenta de un tercero a la que interventor no tiene acceso”.

Tras la renuncia de Jamarme, asumió como síndico Pablo Cifuentes Corona.

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