“Adentro, el Conservador es una olla de grillos”.

Así es descrito el ambiente laboral del Conservador de Bienes Raíces de Santiago en una de las tantas declaraciones tomadas durante la investigación contra el titular del Registro de Hipotecas y Gravámenes del servicio, Carlos Miranda Jiménez, acusado de maltrato laboral.

La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada el 22 de agosto de 2024 por el Sindicato N°1 del Conservador de Santiago.

En ella, se describe cómo el titular Carlos Miranda irrumpió en una reunión que los sindicatos sostuvieron con el oficial primero del CBRS, Francisco Barriga, de 82 años, durante una negociación colectiva que se estaba llevando a cabo y en medio de una huelga de cuatro días levantada por los trabajadores. 

Según los denunciantes, Miranda ingresó a la reunión ofuscado por la presencia de Barriga, a quien no reconoció como un interlocutor válido para destrabar las negociaciones con los sindicatos. Tras un intercambio verbal y físicamente violento contra Barriga, la reunión concluyó con el oficial ofreciendo continuarla en otra sala.

A pesar de que durante la investigación Miranda trató de desmentir las acusaciones, la fiscal del caso, Ana María Hernández Medina, tuvo por acreditada las versiones de los denunciantes, así como las consecuencias que sufrió Barriga.

“Los hechos antes referidos, produjeron en don Francisco Barriga Villarino, que se sintiera muy afectado, tanto en esa reunión, donde los testigos relatan que lo vieron rojo de vergüenza, nervioso y afligido, como posteriormente, que, según sus dichos, nunca tuvo un acoso como el sufrido y que incluso presentó su renuncia al cargo ante el conservador don Luis Maldonado Croqueville, quien no la aceptó”, señala el informe final entregado a la Corte de Apelaciones de Santiago, al que Interferencia tuvo acceso.

En esta línea, quedó “establecida la responsabilidad disciplinaria del investigado en los cargos materia de acusación (...) para lo cual se considera que se le atribuyen inconductas de maltrato o acoso laboral, efectuadas el día 21 de agosto de 2024, en contra del primer oficial del registro de prohibiciones don Francisco Barriga”.

La fiscal Hernández propuso la sanción mínima de amonestación privada en contra de Carlos Miranda. Esto, pues consideró que se trata de la primera infracción del conservador y que “su hoja de vida funcionaria, aparece exenta de anotaciones anteriores, lo que además concuerda con lo que declararon en su favor los testigos de la defensa, en cuanto lo describen como una persona trabajadora, esforzado, metódica y profesional”. 

Así también, propuso “adoptar alguna medida que pueda ayudar a mejorar el clima laboral, ya sea por la intervención de la ACHS u otra institución similar, que haga primar el buen trato en las relaciones personales y laborales de los funcionarios que laboran en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago”.

El informe final fue entregado el pasado 13 de enero a la Corte de Apelaciones de Santiago para que esta escuchara las alegaciones de las partes.

Consultado al respecto, la defensa de Miranda, liderada por Matías Rodríguez, señala a Interferencia que la sanción aún no ha sido aplicada por la Corte de Apelaciones y que está en su derecho a reclamar.

Según el abogado es “importante notar que nuestro argumento es que en este caso, la fiscal, doña Ana María Hernandez, no tiene competencia para enjuiciar estos actos ni menos por una denuncia de una supuesta víctima que en realidad es victimario de acoso laboral de dos funcionarias, mujeres, del conservador, cuyas denuncias por ley Karin están siendo investigadas por la Inspección del Trabajo”. 

Para Rodríguez, “esta denuncia sirve el propósito desviar la atención de las causas de acoso laboral que pesan sobre el señor Francisco Barriga. Dicho sea de paso las denuncias de estas dos mujeres fueron desechadas por la corte y doña Ana María”.

Cabe señalar que estas denuncias se encuentran recogidas dentro del informe y fueron hechas en la misma fecha en que Barriga ingresó su denuncia.

Ahora bien, para el abogado “la decisión tomada por la fiscal nace de un procedimiento cuestionable”. Según Rodríguez, su cliente tuvo el intercambio que acabó con el sumario “por el maltrato que él [Barriga] le propinó a dos funcionarias del registro, miembros de la mesa de negociación en el proceso de negociación colectiva”. 

“Una de las cosas más cuestionables es la total y completa vulneración del secreto de este expediente. Que es reservado, hasta que la Corte lo resuelva. Esto es de suma gravedad y será perseguido en las instancias judiciales competentes”, concluye el abogado.