Corte de Apelaciones de Santiago
Desde que explotó el Caso Hermosilla que la reputación del Poder Judicial ha ido en caída libre. Ya van tres ministros de la Corte Suprema removidos y dos de la Corte de Apelaciones de Santiago. Aunque no todos estos están vinculados al Caso Hermosilla, la revisión del celular del penalista fue clave para que las aristas se empezaran a abrir.
La conocida ministra, que ascendió a la Corte Suprema en 2013, propuesta por el ex presidente Sebastián Piñera, ahora está a cargo de lidiar con la reputación en crisis del máximo tribunal. Será la primera presidenta de esta entidad en sus casi 200 años de existencia, y los desafíos no son menores.
El empresario José Luis Cuevas solicitó la retención de USD $2,8 millones a Jorge Quiroz, acusando una serie de movimientos societarios ocultos con los que el asesor de Kast se hizo del control del proyecto minero Sierra Atacama, que acabó quebrando en 2023. La causa se tramita ante el Centro de Arbitraje y la justicia civil.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda interpuesta por la administración de Irací Hassler contra el diputado Agustín Romero, ex director jurídico de la gestión de Felipe Alessandri, para recuperar $11 millones en horas extras calificadas como irregulares por Contraloría. El fallo acusa que el municipio se limitó a presentar una demanda y una querella sin invalidar los decretos de pago ni realizar los sumarios correspondientes.
Intercepciones telefónicas al conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, dejan entrever que habría pagado $1,7 millones al diputado republicano Cristian Araya, hermano de la jefa de gabinete de Kast, por información para dar un golpe periodístico contra Daniel Manouchehri, diputado que promovió la acusación constitucional que destituyó al ex ministro Antonio Ulloa por sus vínculos con Luis Hermosilla.
Luis Hermosilla y Manuel Guerra presentaron querellas para dar con las filtraciones de sus chats. Pidieron la incautación de celulares, registro de llamadas y whatsapp de periodistas y funcionarios que tuvieron acceso a la carpeta. Sin embargo, la Corte de Santiago falló en su contra. Los periodistas “sólo revisten la calidad de terceros o testigos”, dice el fallo. No se habló de libertad de expresión.
Un contrato por $9.626 millones fue adjudicado a Vigatec, para el arriendo de cámaras corporales. La empresa ya lleva más de la mitad del servicio ejecutado. Sin embargo, recientemente una sentencia del Tribunal de Contratación Pública declaró ilegales tanto a la Comisión Evaluadora como a la resolución de adjudicación del concurso.
El 21 de febrero de este año se falló una causa sobre una liquidación concursal. En la composición de la sentencia, participó la abogada María Soledad Krause Muñoz, quien se desempeña como abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. El problema, según el abogado que presentó una nulidad del fallo, es que Krause fue socia del estudio de abogados que representó a la parte favorecida en el juicio.
En enero, la Fiscalía Judicial sugirió la sanción de amonestación privada contra el Conservador de Hipotecas y Gravámenes del CBRS, Carlos Miranda, acusado de acoso laboral contra el primer oficial del servicio, Francisco Barriga, de 82 años, en medio de la negociación colectiva y huelga levantada por los sindicatos. Dado el mal clima laboral, la fiscal también sugirió “la intervención de la ACHS u otra institución similar”. La sanción sigue en trámite.
Sonda había presentado un amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago para lograr el pago de esta deuda. Pero se desistieron de esta acción judicial.
En las conversaciones se describe que el abogado ejerció sus influencias con Andrés Chadwick para que Verónica Sabaj fuera nombrada ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, a lo que ella correspondió con favores de vuelta, incluyendo asesoría en acciones legales que involucraban a Sebastián Piñera.
Luego de que se admitiera a trámite un recurso contra la Armada por una instalación que 'destacaba' el rol de la institución durante el Golpe, Interferencia consultó al organismo si este fue retirado y aseguraron que aquello se realizó en noviembre de 2024.
En la presentación, la compañía asegura que desde hace dos años la cartera –dirigida por Juan Carlos Muñoz– se ha negado a cancelar la acreencia. Argumenta que intentaron convocar a una mesa de negociación establecida en la ley para la “resolución de controversias”, sin éxito. La Corte acogió a tramitación el amparo y ordenó a la secretaría de Estado evacuar un informe donde explique su conducta.
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
La reciente formulación de cargos informada por la Comisión para el Mercado Financiero en contra de LarrainVial por posibles infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Única de Fondos (LUF), se suman a una mala gestión que desde 2023 se hizo patente con la vinculación de la firma a casos como la ropa pirata en La Polar, una acusación de lavado de activos y el Caso Factop.
J. E. Fuentes Garrido es juez de Familia y por grado no podía acceder al beneficio, reservado para Supremos y la Corte de Apelaciones. Eso hasta noviembre de 2023, cuando el Consejo Superior, presidido por su propio padre, cambió el reglamento. En diciembre, el Consejo aprobó la solicitud de Fuentes Garrido para vivir en los exclusivos departamentos.
La decisión del Pleno del tribunal de alzada capitalino, obedeció a que el informe evacuado por la magistrada, Carla Capello, no fue satisfactorio e incluso algunas explicaciones carecían de verosimilitud.
La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.
‘Cuchillo’ Eyzaguirre fue condenado en junio a 300 días de presidio menor en su grado mínimo por maltrato habitual en contra de su ex pareja. El abogado Aldo Duque interpuso un recurso de nulidad a favor del fundador de Sin Filtros, del cual se desistió este martes, un día después de renunciar a su candidatura a alcalde de Santiago para apoyar a Mario Desbordes (RN).
La acción legal en contra de quienes resulten responsables, fue ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la independiente en la bancada PPD, Camila Musante. En ella, la parlamentaria detalla episodios vinculados a los whatsapp del abogado Luis Hermosilla y pide que los ministros Jean Pîerre Matus, Ángela Vivanco y el ex titular de Interior, Andrés Chadwick, sean citados a declarar.
La determinación de Daniel Calvo será vista por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y afecta al magistrado de ese juzgado especial, Óscar Meriño y al funcionario Cristian Contreras con la misma sanción disciplinaria. Tal como adelantó este medio, propuso el sobreseimiento por un eventual pago de coimas.
El vencimiento del permiso autoriza al alcalde a demoler el helipuerto de los ex ministros Moreno y De Vicente. En noviembre, la Corte de Santiago ordenó suspender su operación, pero los propietarios apelaron argumentando que se usa para el combate de incendios, tarea en la que sus helicópteros son contratados por Conaf.
El instituto, querellante en causas de robo de guaguas en dictadura, acusa que el ministro en visita “ha manifestado cristalina y públicamente la convicción” de que los hechos investigados “no son constitutivos de delito, careciendo de la imparcialidad necesaria”.
El jueves 1 de febrero, el Pleno de la Corte de Santiago analizó el informe preparado por una fiscal judicial, donde se acredita que la jueza de familia, María González Yutronic, usaba licencias médicas -que la obligaban a guardar reposo- para ir a casinos de la cadena Enjoy. La investigadora propuso al ampliado tres meses de suspensión y percibir solo el 50% del sueldo, que los superiores jerárquicos habrían acogido, situación que abre la chance de la remoción de González Yutronic del Poder Judicial.
A falta de cinco meses para cumplir su condena en libertad condicional, Orpis obtuvo el beneficio carcelario de libertad completa en diciembre. Estuvo un año y cuatro meses en Capitán Yáber.
La Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección de los vecinos en contra del helipuerto, cuyos dueños son los ex ministros de Piñera Alfredo Moreno y Félix de Vicente, ordenando suspender su funcionamiento hasta que “obtenga todas las autorizaciones administrativas, urbanísticas y municipales”. Según datos del medio El Pincoyazo, el lugar era usado por un listado prominente de empresarios y ejecutivos.
A fines de agosto alegaron los abogados y se hizo la vista de la causa del recurso que interpuso el CDE en 2015 contra la sentencia civil que anuló la multa de la SVS contra Leonidas Vial por US$20 millones. La causa está 'en estudio', lo que indicaría que aún no hay acuerdo entre los magistrados, dejando dudas sobre la inminencia de una sentencia.
La senadora rechazó públicamente la contratación de la empresa de seguridad donde trabaja Crespo -propiedad de su esposa y suegra- por parte de la Delegación Presidencial del Maipo. El ex carabinero acusó -mediante un recurso de protección- que las palabras de la senadora le valieron amenazas y lo obligaron a iniciar un tratamiento psiquiátrico.
La hidroeléctrica reconoció ordenar informes de ciberinteligencia que aseguran haber infiltrado grupos de WhatsApp de opositores, además de entregar datos personales de ellos; hechos revelados por Interferencia. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección de los afectados al estimar que estos datos podían extraerse de fuentes abiertas.
