Suscríbete y obtén entre 20% y 25% de descuento en los cursos de inglés del Instituto Chileno-Británico de Cultura. Válido hasta el 26 de septiembre.
Ya sumamos
de 1000 suscriptores | meta septiembre
Suscríbete recomiéndanos,
compártenos

Estamos donde tú estás. Síguenos en:

Facebook Youtube Twitter Spotify Instagram

Acceso suscriptores

Sábado, 21 de septiembre de 2019
Narcopolítica (1° parte)

La historia de la narcopolítica en Chile

Manuel Salazar Salvo

narcos.jpg

Filiberto Olmedo y el 'Yayo” Fritis', dos de los principales traficante de cocaína chilenos a fines de los 60 y comienzos de los 70 
Filiberto Olmedo y el 'Yayo” Fritis', dos de los principales traficante de cocaína chilenos a fines de los 60 y comienzos de los 70

A propósito de las dudas respecto de la penetración de las mafias de narcotraficantes en el Partido Socialista de San Ramón, la relación entre narcos y políticos es transversal al color ideológico y de larga data. Así lo muestra la historia reciente, que envuelve tanto al gobierno de la UP como a la dictadura; periodos en que nace la gran industria latinoamericana de la cocaína.

Cuando el hombre llegó a la Luna, en 1969, en Chile existían innumerables pequeños y artesanales laboratorios donde se refinaba desde medio kilo de cocaína, hasta algunos dotados de todos los elementos necesarios para producir decenas de kilos a muy alta pureza. 

A comienzos de 1971, el entonces jefe de la Brigada con Estupefacientes y Juegos de Azar, BEJA, el comisario Hernán López, informó que el número de laboratorios detectados iba en aumento. Otro funcionario de los aparatos de control civil, Horacio Mena, miembro del Departamento de Investigaciones Aduaneras, se aventuraba a esbozar una explicación para el incremento del tráfico. Según él, a comienzos del gobierno de la Unidad Popular se había detectado un voluminoso mercado negro de dólares en el norte. 

En los yacimientos cupríferos el tráfico de moneda estadounidense proporcionaba divisas a los contrabandistas y de ese modo lograban capitales para continuar con la importación ilegal de artículos suntuarios. Desde el instante en que se optó por pagar los salarios en moneda nacional se obligó a la mafia del contrabando a buscar otras fuentes de financiamiento, derivando rápidamente hacia el tráfico de cocaína. 

Ya en esa época los detectives antinarcóticos creían que las estructuras dirigentes del narcotráfico eran casi imposibles de vulnerar y que allí estaban muy secretamente enquistadas personas que gozaban de inmunidades o contactos políticos poderosos y, en algunos casos, también judiciales. Como ejemplo mencionaban que en algunos procesos por tráfico de drogas, con pruebas conseguidas con grandes dificultades, habían desaparecido los expedientes completos y las causas obligadamente sobreseídas.

El abogado criminalista Manuel Guzmán Vial, profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica y miembro entonces del Consejo de Defensa del Estado, declaraba en noviembre de 1972.

- "Existe una gran inoperancia en Chile por parte de la defensa social. Ello no significa un juicio a las personas, sino al sistema. Hay pocos funcionarios policiales con experiencia y poca conciencia en los medios judiciales de la gravedad del problema. Las incautaciones que llegan al juzgado son mínimas y sorprende a los delincuentes menores".

Varios agentes antinarcóticos de Estados Unidos viajaron a Chile durante el gobierno de la Unidad Popular para abocarse a la investigación de las redes locales dedicadas a la exportación de cocaína, en conjunto con funcionarios de la Dirección de Investigaciones de Aduanas, DIA, y del Consejo de Defensa del Estado de Chile.

Cómplices en la Justicia

La periodista Alejandra Matus, en su investigación titulada El Libro Negro de la Justicia Chilena, publicado en 1999 por la editorial Planeta, reveló antecedentes hasta ese momento desconocidos sobre los vínculos que mantenían algunos altos funcionarios judiciales de la zona norte del país con las organizaciones dedicadas a la producción y al comercio de cocaína.

Matus, quien debió asilarse en Estados Unidos luego de ser prohibido su libro en Chile, entregó detalles sorprendentes acerca de cómo algunos traficantes protegidos por jueces de la Corte de Apelaciones de Iquique trasladaban desde Santiago grandes partidas de productos de primera necesidad obtenidos en el mercado negro para intercambiarlos por pasta base de coca en Bolivia.

Pocos días después del golpe militar de septiembre de 1973, varios de esos jueces, coludidos con militares de alto rango, ordenaron bajo la excusa de juicios sumarios de guerra el asesinato de varios funcionarios de Aduanas y de un abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado de Iquique quienes habían recabado amplios antecedentes que comprometían a varios magistrados y empresarios locales en las redes de la cocaína.

A los menos cinco de ellos fueron ejecutados en el centro de detención de Pisagua, pese a los esfuerzos de abogados del CDE e incluso de algunos agentes antidrogas de Estados Unidos que estaban en Chile.

Casi al mismo tiempo, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó a las nuevas autoridades militares chilenas, que encabezaba el general Augusto Pinochet, la expulsión de una veintena de narcotraficantes, acusados de producir y comercializar cocaína.

Los requeridos y expulsados fueron Carlos Alejandro Baeza Baeza; Vladimiro Lenín Banderas Herreo; Jorge Segundo Dabed Sunar; Eduardo Fritiz Colón (El Yayo Fritis); Francisco Jesús Guinart Moral (El Chato Guinart); Jorge Rosendo Lazo Vargas; Oscar Humberto Letelier Buzeta; Rafael Enrique Mellafe Campos (El Ñato Rafael); Nicodemus Olate Romero (El Nico); Hugo Domingo Pineda Riquelme (El Cachorro); Sergio Napoleón Poblete Mayorga (El Pilolo); Emilio Ascencio Quinteros González (El Chico Parola), ranqueado por el FBI como el segundo “lanza” del mundo; Carlos Mario Silva Leiva (El Cabro Carrera); Selín Valenzuela Galdámez (El Turco); el argentino Juan Carlos Canónico Carrasco; Carlos Segundo Choi Ceballos (El Chino Choi); Jorge Guillermo Marín Flores; Guillermo Antonio Mejías Duarte (El Toño); Filiberto Olmedo Rojas (El Tito); la brasileña Enair Pucci Bertolo; el uruguayo Adolfo Sobosky Tobías; y, Luis Rodolfo Torres Romero (El Olfo).

La mayoría de ellos, sin embargo, recuperó prontamente su libertad y viajó a diversos países de América del Sur y de Europa para incorporarse a diversas asociaciones dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos.

Acusan a Allende 

Poco después del golpe de septiembre de 1973, desde los aparatos de inteligencia del régimen militar y ciertas esferas policiales se filtraron a algunos periodistas antecedentes que afirmaban vincular con el comercio de drogas al fallecido presidente Salvador Allende y a varios de sus colaboradores en el gobierno de la Unidad Popular.

En noviembre de 1973, el periodista Luis Álvarez Baltierra publicó un artículo en la revista Ercilla titulado Los padrinos políticos donde afirmaba que el recién asesinado ex director de Investigaciones, el médico socialista Eduardo Coco Paredes, se había contactado con un representante de la Cosa Nostra en Chile, el uruguayo Adolfo Sobosky, emisario del capo mafioso estadounidense Joe Colombo.

- "Con esta familia de Colombo-Sobosky se mezcló Eduardo Paredes y, posteriormente, Alfredo Joignant. La operación cocaína en el país comenzó a experimentar un ritmo intenso. Un comando especial -designado por el PS- tomó el control de las transacciones. En el plano local se encargó además de infiltrar a los grupos juveniles, distribuyendo marihuana y posteriormente LSD", afirmó el redactor de Ercilla. 

Y más adelante agregó:

- "Uno de los departamentos que tuvo más problemas fue el de la Policía Internacional (Interpol). En esta acción, fueron Eduardo Paredes y Alfredo Joignant los que dirigieron la operación. Antecedente descubiertos después del 11 de septiembre lo demuestran. Joignant llegó a disponer de una carpeta especial donde se registraron los nombres de todos los que integraron la mafia local. El resultado fue que a esos elementos no se les molestó. Por el contrario, en varias ocasiones fueron ayudados a salir del país. El 20 de mayo de 1971 fue detenido por la policía mexicana Iván Popic. Tenía en su poder un cargamento de diez kilos de cocaína. Los antecedentes solicitados a Chile a través de Interpol no fueron proporcionados por instrucciones expresas de Paredes. La historia se repitió decenas de veces durante el régimen marxista. El precio de la 'protección' se estimó en 30 mil dólares mensuales".

Otros medios locales e internacionales publicaron también diversos artículos como este y los datos fueron reproducidos también en algunos libros, pero nunca en las décadas siguientes se confirmaron fehacientemente.

En la actualidad resulta evidente que el periodista Luis Álvarez Baltierra fue intoxicado por la propaganda de la dictadura cívico militar, al igual que sus coautores del libro Septiembre/ 73. Martes 11 auge y caída de Allende, que escribió junto a los periodistas Francisco Castillo y Abraham Santibáñez, ganador este último del Premio Nacional de Periodismo en 2015.

Algunos datos que recogió el periodista de Ercilla, en cambio, sí tenían asidero en la realidad. Adolfo Sobosky Tobías había llegado a Chile a la edad de 23 años, radicándose en Iquique donde se especializó en la compra y venta de brillantes. En 1967 abrió un garito en la avenida Bernardo O’Higgins, en Santiago, e instaló un hotel galante a nombre de su madre en la calle Morandé. En 1971 ya era uno de los cabecillas de la mafia chilena. Al ser arrestado el 29 de septiembre de 1973 se descubrió que era dueño del Motel Azapa, en Arica, y poseedor de una gran fortuna. Fue entregado a la justicia uruguaya la que lo envió a Estados Unidos.

Policías que estaban activos al iniciarse los años 70 recuerdan que varios de los principales traficantes de drogas eran partidarios de la Unidad Popular, pero ninguno se atreve hoy a sostener que mantenían algún tipo de espurio vínculo con sus dirigentes. Sí reconocen los crecientes grados de corrupción que invadieron diferentes niveles de los cuarteles de Investigaciones, de las oficinas de Aduanas y de los tribunales de justicia. 

Un ex prefecto de Santiago, que había sido jefe de la Brigada Móvil, Carlos Jiménez, se suicidó después de comprobarse su colusión con la mafia de la droga; un ex jefe de la BEJA se transformó en capo de una de las bandas dedicadas a ese negocio; el primer secretario de un juzgado de Iquique fue sorprendido con un laboratorio para refinar cocaína; y, así, muchos otros casos.

Tras la expulsión de Chile de los más notorios traficantes de cocaína, los narcos que no fueron incluidos en las listas de búsqueda y captura optaron por buscar paisajes más tranquilos y abandonaron el país.

Bruscamente el consumo y el comercio de drogas disminuyeron hasta casi desaparecer. Sólo la marihuana siguió presente, aunque con mucho disimulo, entre algunas esferas juveniles y artísticas. Deberían pasar varios años para que el problema reapareciera con una nueva y dramática fuerza, emanada de la irrupción de los carteles colombianos y bolivianos, y del explosivo aumento del consumo en Estados Unidos y Europa

No obstante, pese al riguroso control de las fronteras y a la severa represión de la DINA y las policías, varios de los narcotraficantes expulsados muy pronto volvieron a aparecer en Chile. Otros, que no habían sido tocados, no sólo mantuvieron sino que ampliaron sus negocios con la colaboración de argentinos, bolivianos, peruanos y, especialmente, italianos.

Los ejemplos abundan. En abril de 1974 fue detenida Vasilia Meneses Contreras con dos kilos de cocaína que pretendía llevar a Estados Unidos. La mujer sindicó a Mario Silva Leiva, El Cabro Carrera, como su proveedor. 

Un mes después, en mayo de 1974, efectivos del recién creado OS-7 de Carabineros, un grupo destinado en su origen a reprimir el narcotráfico, apresó en la comuna de Providencia a Carlos Humberto Moya Salinas, alias Carlos La Pescada. El acusado fue condenado a siete años de cárcel, pero estuvo sólo seis meses en prisión y luego viajó a Bolivia. Trece años después, en mayo de 1987, fue arrestado en su elegante departamento de Vía Tartini, en Milán. La policía italiana lo vinculó a la mafia siciliana y lo acusó de distribuir drogas en diversos países de Europa.

En octubre de 1978, la policía de Investigaciones descubrió un laboratorio en el balneario de Algarrobo, muy cerca de Santiago, e incautó 13 kilos de cocaína. Los agentes estimaron que en ese lugar se habían procesado más de 400 kilos de la droga. El principal detenido fue Waldo Gribaldo Álvarez, quien declaró que El Cabro Carrera era el financista del lugar.

En 1980, siete años después de haber sido expulsado a Estados Unidos, volvió a ser detenido en Chile el traficante Francisco Jesús Ginart. Se le incautaron más de 45 kilos de cocaína. La policía desarticuló a tres grupos de narcotraficantes que lo secundaban. Poco después se desmontaron cuatro laboratorios para refinar pasta base de coca en Valparaíso y se arrestó a Sergio Ramírez y Filiberto Olmedo, dos antiguos y muy conocidos cocineros de la droga, socios también de Mario Silva Leiva.

Llegan mafiosos italianos

En agosto de 1990 un accidente automovilístico ocurrido en la esquina de las calles Alonso Ovalle y Nataniel, a metros de la hoy Plaza de la Ciudadanía de Santiago, puso en alerta a la Brigada de Narcóticos de la Policía de Investigaciones. Una de las víctimas de la colisión era Giuseppe Ciulla Salutte, integrante de una familia mafiosa de Palermo, acusada de haber tenido a su cargo durante varios años la introducción de morfina y heroína en  Milán y cuyos miembros estaban en Chile desde fines de 1987.

La mujer herida, esposa del italiano, era la chilena Elena Guerrero Espinal, conocida como La Canalla’, de largo prontuario en el tráfico de drogas local.

Los policías sabían que los viejos capos criollos de la cocaína, expulsados de Chile en 1973, estaban regresando luego de establecer sólidos contactos con las organizaciones de narcotraficantes de América y Europa. El retorno de los jefes ocurría en los momentos en que los carteles colombianos de Cali y Medellín sostenían una guerra implacable por el control del mercado de drogas de Nueva York.  Los colombianos también negociaban con las mafias europeas las condiciones para enviar cocaína a las costas de Portugal y de Galicia, en España. 

En febrero de 1988, Pablo Escobar Gaviria se había reunido con miembros de la mafia gallega en Brasil para sellar el pacto y además iniciar los cultivos de adormidera -la planta de la cual se extrae la heroína- en las sierras y en los valles andinos.

En enero de 1989, tras asentar las bases de operaciones y las redes de distribución, los hombres del cartel de Medellín, dirigidos por Gustavo de Jesús Gaviria, recogían paquetes de droga en algún punto de la frontera entre Colombia y Brasil para arrojarla desde avionetas al mar cerca de la isla venezolana de Margarita. De allí, la cocaína era transportada a las costas portuguesas y luego en lancha hacia Galicia, donde la mafia gallega se encargaba de introducirla en el resto de España.

Los Ciulla Salutte viajaron a Chile alentados por Elena Guerrero Espinal luego de ser asesinado en Palermo del hijo mayor de la familia cuando abandonaba una cárcel. A fines de 1987 llegaron al aeropuerto de Pudahuel Pietro Ciulla y Viscenza Salutte con sus hijos Giuseppe, Cesare y Salvatore. Este último estaba casado con otra chilena, una hija de Óscar Guzmán Peña, prontuariado como traficante de drogas.

En junio de 1992 la policía civil chilena recibió desde Italia una petición para que fuesen detenidos Cesare y Salvatore Ciulla, acusados de haber introducido 600 kilos de morfina base y de heroína a ese país europeo. Los hermanos ya habían desaparecido. 

A mediados de los años 80 ya habían sido detenidos en el exterior más de 200 correos o burreros chilenos. Los financistas y mandantes de los arrestados, en muchos casos, eran casi los mismos expulsados en 1973. 

En los meses siguientes, un grupo especial de detectives empezó a revisar las listas de inversionistas que estaban ingresando a Chile. Las alertas rojas de Interpol contenían decenas, cientos de nombres, de los representantes de las mafias italoamericanas que estaban buscando nuevos mercados para sus negocios.

El fiscal de la Suprema

Por esos mismos días, la Tercera Sala de la Corte Suprema tramitaba una petición de la justicia estadounidense para que fuera extraditado desde Chile el ex jefe de la Brigada de Asaltos de la policía de Investigaciones, el prefecto Sergio Oviedo, quien había dirigido las pesquisas para identificar y detener a los autores del atentado en contra de Pinochet realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en septiembre de 1986.

La DEA acusó a Oviedo de “conspiración para importar cocaína"  a Estados Unidos. Los antecedentes fueron examinados en primera instancia por el presidente de la sala, el juez Enrique Correa Labra, y el fiscal de la Corte Suprema, Marcial García Pica, quienes recomendaron no dar curso a la extradición. Oviedo recuperó su libertad en junio de 1992.

Poco tiempo antes, la revista Cauce había publicado un artículo titulado Tráfico de cocaína en TVN donde se denunciaba una red de distribución y consumo que involucraba a varias figuras de la estación televisiva y a altos jefes de la Policía de Investigaciones. Sergio Oviedo era uno de ellos.  

Varios años después, entre 1997 y 1998, al culminar la denominada Operación Ana Frank, que llevó a la cárcel a Mario Silva Leiva y desbarató una amplia red de tráfico de drogas y lavado de dinero montada en América y Europa, quedó en evidencia que el fiscal García Pica era uno de los principales contactos del Cabro Carrera en los tribunales.

Mañana la Segunda Parte: El bioquímico de la DINA y el tráfico de Drogas.

Ya que estás aquí, te queremos invitar a ser parte de Interferencia. Suscríbete. Gracias a lectores como tú, financiamos un periodismo libre e independiente. Te quedan artículos gratuitos este mes.

Comentarios

Comentarios

Añadir nuevo comentario