Estamos donde tú estás. Síguenos en:

Facebook Youtube Twitter Spotify Instagram

Acceso suscriptores

Miércoles, 12 de diciembre de 2018
Educación Superior

La investigación que no hizo la Nueva Mayoría en la crisis de la Universidad del Pacífico

Nicolás Massai D.

La Comisión Nacional de Acreditación advirtió en reiteradas ocasiones sobre la inestabilidad financiera de esa casa de estudios privada. A fines de 2017 se suponía que el Ministerio iba a iniciar una investigación. Pero nunca lo hizo.

La Universidad del Pacífico está en una crisis de eventual no retorno. Así es como lo hicieron ver distintas autoridades durante la última sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, que se realizó el martes 27 de noviembre.

El acta de lo que se conversó ese día, que hasta el domingo en la noche todavía no se publicaba en el sitio web de la Cámara Baja –pero a la que accedió INTERFERENCIA–, da cuenta de una situación insostenible, que en cualquier momento podría significar el cierre del establecimiento universitario.

Varias personas fueron las que hablaron ese martes en el Congreso, entre ellas Javiera Vera, representante de los estudiantes de esa universidad, y Valeska Concha, la abogada de estos. La primera apuntó a la necesidad de reubicar a los alumnos a partir de marzo de 2019. Además, se quejó diciendo que la crisis ya tenía señales de sobra, por los números en rojo que venían presentando los estados financieros.

En tanto, la abogada mostró su preocupación por ser la “tercera universidad en dos años que cae por problemas financieros”, en relación a la Arcis y la Iberoamericana, ambas en proceso de cierre. Por último, pidió que la comisión de Educación enviara un oficio a la Universidad del Pacífico (UP) para que se refiera a “la situación de sueldos impagos, número de estudiantes matriculados, cómo se financian y la relación con la Fundación Julio Ortúzar Rojas", ligada al control de la universidad.

Entonces habló Juan Eduardo Vargas, actual jefe de la División de Educación Superior (Divesup) del Ministerio de Educación, quien afirmó que existían antecedentes de esta situación ya en octubre de 2017.

“En esa oportunidad la Divesup solicita información financiera a la institución, la cual remitió dicha información, con un informe aclaratorio y un plan de acción. En noviembre de 2017 se reunieron ambas autoridades, de la Divesup y de la Universidad del Pacífico, y no hubo mayor avance”, afirmó

La señal de 2017

En septiembre de 2017, Alfonso Muga, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), habló del mal momento financiero por el que atravesaba la Universidad del Pacífico, justo en un instante en que el plantel se encontraba en proceso de reacreditación, con una serie de antecedentes que hacían dudar de su solvencia. Su última certificación por parte de la CNA se había vencido el 25 de marzo de ese año, y hasta el día de hoy no la ha vuelto a obtener.

Un problema similar ocurrió en 2014, cuando la misma CNA le negó la acreditación por cuestionamientos al arriendo de las sedes que eran propiedad de la Fundación Julio Ortúzar Rojas, la misma que está ligada al control del establecimiento. Su fundador, Julio Ortúzar Prado -publicista y escritor- pertenece al directorio de la institución fundada en 1990.

Pero esa vez hubo una apelación, y finalmente el Consejo Nacional de Educación le otorgó la acreditación hasta 2017, año en que la UP reportó un déficit de 2.048 millones de pesos (unos US$ 3 millones).

En pleno segundo semestre de 2017, entonces, la principal carta que tenía sobre la mesa el Mineduc para hacerle frente a este conflicto era nombrar un interventor o administrador provisional. Se trata de una figura que se constituyó precisamente durante el gobierno de Michelle Bachelet, para intervenir un establecimiento en el que existan denuncias “que ponen en peligro la formación de sus alumnos”.

La diputada Cristina Girardi (PPD), integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en este periodo y el anterior, indicó en entrevista con INTERFERENCIA que sabida la información de la Universidad del Pacífico en 2017, desde la entonces Divesup, a cargo de Alejandra Contreras, les aseguraron que harían una investigación.

“Frente a la situación de lo que dijo Alfonso Muga, que esta universidad financieramente ya no se sostenía, el ministerio se comprometió a solicitar antecedentes para poder iniciar la investigación, y esto finalmente no lo hacen. Salieron del gobierno y no lo hicieron nunca”, asegura la congresista.

Hace solo una semana, Girardi llamó por teléfono a Contreras para preguntarle si se había realizado la indagatoria. “Supongo que ustedes comenzaron la investigación”, asegura la diputada que le preguntó a la ex funcionaria en esa llamada. 

“Ahí me enteré que ni siquiera la habían iniciado. Yo le pregunté por qué, y me planteó un argumento que a mí, la verdad, me parece muy poco sostenible, que es que la universidad les dijo que habían aparecido inversores colombianos que tenían interés en invertir en la institución, y que si ellos iniciaban una investigación, esto podía inhibir a los inversionistas”, dijo Girardi, y agregó que “una posibilidad de inversión no puede inhibir un rol del Estado, que además es obligatorio”.

Sin embargo, la instancia que actualmente preside la diputada es, justamente, la encargada de fiscalizar a la cartera de Educación. Eventualmente podrían haber verificado que se cumpliera el compromiso de investigar a esa universidad. Consultada acerca de porqué el poder legislativo no le hizo un seguimiento, la parlamentaria contestó:

“Si a ti te dicen que iniciarán una investigación, uno espera, por el principio de la fe pública, que esto debiera hacerse. Yo no puedo ser adivina que la investigación nunca la hicieron. Una investigación no se hace en un día, se supone que se demoran varios meses. El problema es que ni siquiera la iniciaron. Eso es lo que a mí me parece grave”.

Desde la Universidad del Pacífico no se han manifestado con claridad al respecto; tampoco mantienen una comunicación fluida con el alumnado, motivando acciones como la toma de la sede de Las Condes que tuvo lugar la noche del 21 de noviembre.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, le entregó a la UP el pasado jueves 29 de noviembre un plazo de 10 días para que "aclare y señale con transparencia al país y a la comunidad académica de ellos cuál es su plan de acción para cerrar este año y el futuro con los alumnos que tiene".

Son cerca de 2.600 estudiantes expuestos a un eventual cierre, y está claro que la responsabilidad también le cae al actual gobierno, siendo que los estados financieros, que reconocían este déficit, se entregaron el 12 de julio de 2018 mediante un informe emitido por la empresa auditora SMS Chile, en donde se declaraba que "la sociedad presenta pérdidas financieras recurrentes y flujos operacionales negativos". No fue hasta octubre de este año que el Mineduc decidió enfrentar el tema formalmente, abriendo una investigación preliminar, cuando empezaron a llegar las señales de sueldos impagos a los docentes.

Pero la mayoría de las señales se arrastraban desde la administración de Michelle Bachelet.

Habla la ex ministra

La ministra de Educación de Michelle Bachelet, Adriana Delpiano, no cree que el gobierno anterior tenga una responsabilidad por no haber investigado antes de que la crisis explotara como una supernova.

“La gran tarea fue hacer la reforma desde el fondo, de tener instituciones –la próxima Superintendencia de Educación Superior, aprobada durante la pasada administración– y capacidad para prever estos problemas”, dijo a INTERFERENCIA.

A pesar de que Delpiano pertenece al mismo partido que la diputada Girardi (PPD), su visión es distinta respecto de la responsabilidad de la cartera que ella encabezó en el tema de la Universidad del Pacífico.

“No es llegar y hacerse cargo de una universidad, como se imaginará la diputada Girardi. Muchas veces no hay plata para poner un interventor, y finalmente tampoco teníamos los instrumentos para eso, sobre todo si la universidad mantiene todavía los cursos, los estudiantes y está buscando otro inversor. A mí me parece razonable que ponga otro inversor”, afirmó.

Por último, Delpiano enfatizó en que el tema de fondo del gobierno anterior fue “tener universidades con exigencia de estar todas acreditadas, de tener una superintendencia que se haga cargo de este tema. Mientras no haya superintendencia instalada, de verdad, con dientes, garras, y no haya una subsecretaría de educación superior fuerte, poderosa, para hacerse cargo de esto, nosotros tenemos demasiadas vulnerabilidades”.

Ya que estás aquí, te queremos invitar a ser parte de Interferencia. Suscríbete. Gracias a lectores como tú, financiamos un periodismo libre e independiente. Te quedan artículos gratuitos este mes.

Comentarios

Comentarios

Añadir nuevo comentario