El gobierno de Sebastián Piñera muestra orgulloso su propuesta de erradicar a los estudiantes conflictivos de las salas de clase, a través del proyecto de ley “Aula Segura”, que facilita los procedimientos de expulsión y cancelación de matricula a estudiantes violentos. El proyecto recién inicia su periplo legislativo, pero en la práctica los principios de esta iniciativa ya se aplican en un laboratorio emblemático: el Liceo de Aplicación. Ahí, su director, Humberto Garrido, se precia de duro y ya ha sacado a cerca de 50 estudiantes de sus salas de clase (ver artículo de INTERFERENCIA).

Esta lógica de marginar para gobernar, dejando lo lindo de un lado y lo feo del otro, segmentando y cercando el mundo, no es nueva para la derecha.

Y aunque el proyecto de ley estipula que los estudiantes deben ser reubicados, por ahora ni el Liceo ni el municipio de Santiago han tomado esa tarea entre sus manos; el cometido termina cuando se margina al estudiante del establecimiento.

Esta lógica de marginar para gobernar, dejando lo lindo de un lado y lo feo del otro, segmentando y cercando el mundo, no es nueva para la derecha. Tampoco es novedad el aplauso rápido que granjean medidas como esta, en lugar de las políticas integrales e inclusivas que proponen los expertos. Crear muros -reales o invisibles. es una forma de seguridad, y también es una estrategia que le ha dado dividendos electorales a la derecha en el mundo occidental actual.

En materia de educación este tipo de política es hoy impulsada en Chile en un establecimiento emblemático de un municipio clave, con la venia del alcalde Felipe Alessandri, la intendenta Karla Rubilar, la ministra de Educación y el mismísimo Presidente de la República. Casi todos ellos – salvo Marcela Cubillos, militante UDI – han sido o son militantes de Renovación Nacional (RN).

¿Por qué los estudiantes que son inadmisibles en un liceo de Santiago son idóneos para uno en San Miguel? Y si los estudiantes recibirán apoyo psicosocial, como se promueve, ¿por qué no lo reciben en su comunidad escolar de origen?

Quizás por eso llama la atención que, en la comuna de San Miguel, otro municipio encabezado por RN, la lógica sea exactamente la contraria. De hecho, hay allí un liceo municipal, el Betsabé Hormazábal, que tiene como sello distintivo la inclusión. Este colegio busca acoger a los estudiantes expulsados de establecimientos emblemáticos, que no reciben solución en Santiago mismo. De hecho, hasta hace cinco días, más de la mitad de los estudiantes ya expulsados del Liceo de Aplicación estaban matriculados en este establecimiento, según consignó El Mercurio.

Y aunque la determinación pueda ser del director del establecimiento, la misión declarada por la dirección de educación de la corporación Municipal de San Miguel es “promover la incorporación, permanencia y reinserción en el sistema educativo y socio laboral de todos sus estudiantes y los de las comunas aledañas”. Llama la atención, entonces, que, entre dos municipios encabezados por alcaldes RN no haya alineación entre ellos ni en torno a las políticas del Gobierno.

¿Por qué los estudiantes que son inadmisibles en un liceo de Santiago son idóneos para uno en San Miguel? Y si los estudiantes recibirán apoyo psicosocial, como se promueve, ¿por qué no lo reciben en su comunidad escolar de origen?

Una pregunta que resulta obvia es si esta reubicación es fruto de la falta de coordinación política dentro de RN, ¿o tal vez todo lo contrario? ¿Es esta política que en apariencia impulsan los alcaldes de RN una opción por la educación o por la segmentación?

En octubre de 2016, el politólogo Juan Pablo Luna alertaba de la particular forma en que se había resuelto, en comunas ricas, el problema de los perros vagos: trasladándolos a comunas pobres. (ver artículo en Ciper). A cambio de algunos recursos que podían transformarse en regalos para los vecinos (lentes de sol y pagos de las cuentas de luz, por ejemplo) con miras a las elecciones, los alcaldes de comunas populares admitían los perros vagos, que empeoraban la vida en la comuna. Así las cosas, la situación resultaba en un “win-win” para las autoridades políticas de ambos municipios.

Los medios de comunicación se quedaron con la foto de Piñera junto al director del Liceo de Aplicación anunciando Aula Segura. Pero a pocos kilómetros del centro de Santiago, la realidad es otra cosa.

Erradicar y llevar hacia comunas pobres aquellos problemas que la sociedad más acaudalada no sabe o no quiere resolver de manera integral -haciendo que los vulnerables se vuelvan más vulnerables- parece una solución de corto plazo que no solo no se castiga, sino que derechamente parece ser un buen negocio político.

 Incluso dejando de lado todo análisis acerca de la pertinencia en materia educativa de las medidas que propone el proyecto de ley Aula Segura, está claro que la letra chica de esta promesa es que la “seguridad” es sólo para algunos. Mientras tanto, en otros colegios municipales se concentra a los estudiantes complejos, desentendiéndose de las múltiples variables que originan la violencia y magnificando la estigmatización de la educación pública.

Los medios de comunicación se quedaron con la foto de Piñera junto al director del Liceo de Aplicación anunciando Aula Segura. Pero a pocos kilómetros del centro de Santiago, la realidad es cosa.

*Ximena Jara es periodista, socia de la consultora Factor Crítico y ex jefa de contenidos del gabinete de Michelle Bachelet. Escribe también columnas para La Tercera. Su cuenta de Twitter es: @cronopioaustral