La Cámara de Diputados despachó este miércoles al Senado el Plan de Reconstrucción Nacional con 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. El Gobierno celebró. Pero la victoria tiene fecha de vencimiento: lo que viene en la Cámara Alta es otro juego, con otras reglas y con una aritmética mucho más estrecha.
El objetivo del Ejecutivo es que el proyecto se apruebe antes de la Cuenta Pública del 1 de junio. El problema es que en el Senado no hay PDG. Y sin esa muleta, el Gobierno tiene que salir a buscar votos en una cámara donde el oficialismo tradicional bordea los 26 escaños y la oposición suma 23, con el siempre impredecible senador de Magallanes, Karim Bianchi, pendiendo en el medio.
Del lado oficialista, la situación tampoco es perfecta. El senador Alejandro Kusanovic, quien pertenece al comité de Renovación Nacional, ya anticipó que votará en contra, criticando además que hasta la fecha ningún representante del Ejecutivo se había acercado a conversar con él. "Es indignante que el Gobierno pretenda avanzar sin dialogar", expresó. Una voz disidente dentro de la propia coalición que complica aún más los cálculos.
En un escenario donde el Ejecutivo bordea los 23 apoyos y requiere al menos tres votos adicionales, las señales provenientes de distintos senadores han ido delineando un mapa de apoyos, condiciones y rechazos que anticipa una tramitación compleja.
La DC ya marcó el tono desde el día uno. El senador Iván Flores adelantó que en el Senado "no habrá pirquineo", en alusión a las negociaciones de última hora que marcaron el trámite en la Cámara.
Desde el PS, la lectura es similar. La senadora Daniela Cicardini reconoció que "probablemente el gobierno va a tener los votos, pero eso no significa que nosotros no podamos poner sobre este debate nuestra postura política". Y Paulina Vodanovic, presidenta del partido, fue más directa aún. Lle pidió al Ejecutivo un "cambio de conducta" y que se disponga a escuchar antes de negociar.
Entre los senadores bisagra, la figura más relevante es Matías Walker. El ex demócrata anticipa su voto a favor de la idea de legislar, pero aspira a que el Gobierno construya una mayoría más consolidada para darle mayor legitimidad a la iniciativa. Su par Miguel Ángel Calisto también ha pedido ajustes, aunque su situación es más compleja por otras razones.
El factor judicial: dos votos que podrían desaparecer
Mientras La Moneda hace sus cuentas, en el oficialismo crece una preocupación que nadie dice en voz alta pero todos calculan: los procesos judiciales que enfrentan la senadora Camila Flores (RN) y el senador Miguel Ángel Calisto podrían derivar en desafueros, y con ello el Ejecutivo perdería votos clave en la Cámara Alta justo cuando cada voto es determinante.
El caso de Flores es el más reciente y mediático. A comienzos de mayo, efectivos de la PDI ingresaron al Congreso para allanar su oficina luego de una denuncia anónima por presunto fraude al fisco, una imagen que elevó la inquietud en sectores del oficialismo tanto por las implicancias jurídicas como por el golpe mediático.
El de Calisto es distinto pero no menos grave. El senador fue recientemente reformalizado por una causa de fraude al fisco por más de $105 millones. Aunque sigue en funciones y ha comprometido indicaciones propias al proyecto junto a Walker, su situación judicial es una variable que el Gobierno no puede ignorar.
Si alguno de los dos fuera desaforado antes de la votación, el margen ya estrecho del oficialismo se volvería aún más fino. No es un escenario inevitable, pero tampoco es descartable, y La Moneda lo sabe.
El Senado no tiene apuro
Frente a la urgencia del Ejecutivo, el Senado respondió con calma. El jefe de bancada del comité PS-PPD, Juan Luis Castro, fue claro: esto va a tomar meses. Y desde el propio Gobierno llegó una señal de flexibilidad: el ministro del Interior, Claudio Alvarado, se abrió a extender la discusión más allá de junio, descartando los plazos más ambiciosos que había planteado el ministro Quiroz.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, lo dijo con claridad: su aspiración no es que una iniciativa de esta envergadura se apruebe apenas por uno o dos votos, sino que cuente con una mayoría amplia y transversal que refleje que en el Senado aún existe capacidad de diálogo y de acuerdo.








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