Pero, ¿qué nombres aparecen entre los más recurrentes en la agenda de estos profesionales? ¿A quiénes llaman a la hora de buscar opiniones sobre temas tan complejos como lo es el borrador despachado por la Convención Constitucional? ¿Quién define quién tiene derecho a voz y quién queda fuera del debate?

A 11 meses de haberse iniciado el trabajo de las y los constituyentes y a poco más de 90 días del trascendental plebiscito de salida, los nombres de fuentes con cosas nuevas que decir ya parecen escasear. Nuestros medios han recurrido a esta altura a todas las voces existentes y aun así las dudas respecto del proceso constituyente, el borrador, su puesta en marcha y las consecuencias que la nueva Constitución tendría para el país parecen agrandarse más que disiparse.

En el objetivo de clarificar el panorama, en poco y nada aportan algunas entrevistas y declaraciones que hemos visto en los últimos días. La sempiterna Javiera Parada, por ejemplo, fue entrevistada por La Tercera respecto del proceso constituyente. Tras la conversación, un titular grandilocuente remeció a quienes lo leyeron: “Creo que este borrador nos acerca más al nuevo constitucionalismo bolivariano”, señaló. Luego de opinar sobre una serie de temas, el texto llegó a su fin con una declaración que probablemente debió haber abierto la nota: “No he leído todavía el borrador, no lo voy a evaluar, pero en general lo que he leído del proceso esas son mis grandes preocupaciones”. Un día más tarde, ahora en El Mercurio, sus declaraciones ni siquiera consignaron ese pequeño “detalle”.

¿Qué validez tienen las palabras de alguien que opina tan tajantemente sobre la nueva Constitución si no ha leído el texto? ¿A través de qué medios se informa Javiera Parada para llegar a ese análisis tan drástico? Nadie puede obligar a otra persona a leer el borrador antes de dar una entrevista, pero ¿no debería un medio tener ciertos criterios mínimos al momento de decidir quién opina y quién no respecto de un tema tan trascendental?

Apenas dos días más tarde, Bío Bío publicó las declaraciones que la jefa del Ministerio Público de la región de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, dio en una charla en la Universidad San Sebastián. En ellas, manifestó su preocupación por el carácter público de las actuaciones de la Fiscalía en el borrador de la Constitución. “Nos preocupa que a nivel constitucional se pueda establecer la regla general de que las actuaciones sean públicas. Esto puede por un lado entorpecer significativamente investigaciones de envergadura por ejemplo criminal, organizaciones, narcotraficantes, etc.”, señaló. Si bien el medio aclaró que se estaría refiriendo al artículo 360 del borrador, fueron varios los periodistas y lectores que entendieron que Wittwer hacía alusión a una bullada iniciativa que había sido tempranamente rechazada por la Convención en febrero de este año.

¿Estaba al tanto Wittwer de lo anterior? ¿Confundió una polémica norma rechazada con otra que se aprobó y que señala que “excepcionalmente, la ley podrá establecer su reserva o secreto en casos calificados”?

Si bien los ejemplos anteriores dan cuenta de lo que ocurre a nivel país, donde un muy reducido porcentaje de ciudadanos se ha leído efectivamente el borrador de la Constitución, el hecho de haberlo leído por completo tampoco asegura que la fuente consultada actuará de buena fe y realizará un análisis apegado a los hechos. Esto ha llegado al punto de que los mismos convencionales que escribieron el borrador –en su mayoría quienes votaron en contra de gran parte de las normas aprobadas– hagan declaraciones con interpretaciones mañosas o derechamente falsas del texto.

La comentada portada de LUN hace dos meses con Bernardo Fontaine asegurando sin ningún espacio para la duda que “Los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales” es posiblemente el mejor ejemplo de todos, pero dista mucho de ser el único. Sitios de chequeo de datos parecen no dar abasto con la avalancha de aseveraciones falsas emitidas o compartidas en las últimas semanas por columnistas, diputados, senadores e incluso periodistas de canales de televisión.

En momentos de normalidad, tener el teléfono del que sabe parece ser suficiente. En los tiempos que corren –de enorme polarización y cuando hay mucho en juego– esto no basta. Hace pocos días, mientras se desarrollaba la convención anual de los defensores de las armas en Estados Unidos, un hombre le aseguró a un periodista que en el país moría más gente producto de martillazos que de balazos. Sus declaraciones –abiertamente falsas– habían sido vertidas un año antes por una congresista republicana. Esta vez, sin embargo, el periodista en cuestión extrajo su celular, chequeó in situ la veracidad de sus hechos y se lo enrostró a su entrevistado, sin dejar que la mentira lograra ni siquiera empezar su largo recorrido por redes sociales y servicios de mensajería. Esa es la labor que nuestros medios deben ejercer. Aquí y ahora.