La comunidad de los servicios de inteligencia que operan en Latinoamérica es pequeña. Todos se conocen y saben las capacidades y tipo de operaciones de sus colegas. Es por eso que causó extrañeza el señalamiento del gobierno argentino de culpar a Rusia y Venezuela de intervenir las comunicaciones de la presidencia de Javier Milei.

El descontrol del gobierno de Argentina comenzó cuando hace unos días un medio de comunicación local anunció que emitiría audios comprometedores de funcionarios de la presidencia en actos de corrupción, que incluyen a la hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidencia. De inmediato el gobierno pidió a la justicia que prohíba su emisión y que se allanaran las oficinas y casas de los periodistas que divulgaron la noticia. Sin embargo, culpar a Rusia y Venezuela excedió la estrategia del gobierno argentino para lograr censurar los audios.

No hay duda de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Rusia y China han mostrado un interés creciente en la región Latinoamericana. Washington mantiene vínculos estrechos con algunos aparatos de inteligencia locales, en particular en el combate al narcotráfico y al terrorismo. Rusia, por su parte, ha sido señalada por gobiernos y analistas como posible actor en ciberataques, campañas de desinformación y espionaje electrónico, aunque la evidencia pública es fragmentaria. China ha expandido su influencia a través de la tecnología: la instalación de infraestructura crítica de telecomunicaciones con empresas como Huawei despertando sospechas sobre la posibilidad de que estas redes puedan ser utilizadas con fines de vigilancia.

Los servicios de inteligencia latinoamericanos enfrentan el desafío de modernizarse y ganar legitimidad frente a la ciudadanía. Al mismo tiempo, la creciente competencia geopolítica convierte a la región en un espacio vulnerable a la injerencia extranjera, donde la ciberseguridad y la protección de las comunicaciones se han vuelto temas centrales.

La mayoría de los servicios de inteligencia latinoamericanos no son dirigidos por expertos. Muchos son gente de confianza del presidente, nombrados para proteger sus actos de corrupción y atacar enemigos políticos. A su vez, los propios directores hacen negocios gracias a los presupuestos reservados. Si un aparato de escuchas telefónicas vale 8 millones de dólares, ellos dicen que costó 12 y así los 4 millones de diferencia se los lleva el intermediario y el que compra el sistema. La prioridad es ganar dinero y no cuidar al país.

El argumento del gobierno de Argentina de acusar a Rusia y Venezuela se usó en parte por el mal prestigio que gozan los servicios de inteligencia en América Latina, que suelen estar rodeados de misterio y sospecha. No es casualidad: en muchos países, más que defender al Estado frente a amenazas externas, han sido utilizados para espiar a opositores, periodistas o incluso a sus propios aliados. Argentina es un buen ejemplo. Cada cierto tiempo aparecen denuncias sobre escuchas ilegales, intervención de teléfonos y filtraciones que nadie sabe si salen de un despacho oficial o de manos extranjeras.

En América Latina, los servicios de inteligencia han estado históricamente marcados por la inestabilidad política, la influencia de potencias extranjeras y la debilidad institucional. No es novedad que estos organismos hayan sido acusados de falta de transparencia, espionaje interno y corrupción.

La gran pregunta es: ¿quién está realmente detrás de esas escuchas? Se considera también que pudo haber sido espionaje y sabotaje interno. Esto se debe a que muchas veces los mismos funcionarios de un gobierno, no por ética sino más bien por avaricia y envidia, se molestan de ver a sus jefes en actos de corrupción y que a ellos no les llegue dinero de esos robos.

A pocos días de que Javier Milei había llegado a la presidencia, un asesor del mandatario Nayib Bukele, ofreció un servicio de escuchas a Milei para que espíe a sus funcionarios, incluso a la propia ministra de seguridad Patricia Bullrich. Algo así como un servicio de inteligencia solo para el líder argentino y su hermana. Quien propuso la idea no era un experto en inteligencia sino más bien un lobista de Bukele que buscaba ganarse un contrato para representar al gobierno argentino en Estados Unidos. Aunque un diario local publicó la noticia del “nuevo lobista de Milei”, pocos días después, por recomendaciones de Washington, no fue contratado por ser considerado un oscuro mercenario que durante años se ofrece en gobiernos de izquierda y derecha y es investigado en diversos países.

Con certeza, la inteligencia y seguridad argentina son hoy en día el hazmerreír de sus homólogos en la región. No pudieron proteger al presidente y su círculo. Fueron grabados y aún no saben quién y dónde fue. Luego salen infantilmente culpando a otros países y periodistas. Un escándalo que no han sabido controlar y que expuso a su gobierno como corruptos, vulnerables al espionaje e improvisados a la hora de enfrentar un golpe periodístico

Los controvertidos audios aún no son desmentidos por los involucrados o el gobierno, que pide cárcel para los periodistas, que son meramente los mensajeros. Tampoco pudo frenar su divulgación ya que fueron filtrados en redes sociales y en otros países.

Si hacemos el ejercicio que hubiese sido Rusia u otro país, la pregunta es: ¿Dónde estuvo la inteligencia argentina? Pareciera que están atrapados en la política doméstica, más atentos a las intrigas internas que a las amenazas externas. Y esa es una debilidad peligrosa: una región que no protege sus comunicaciones y seguridad se convierte en terreno fértil para que otros lo hagan.

Al final, la sombra de la intervención extranjera no es solo un fantasma: es el precio de tener servicios de inteligencia débiles, opacos y poco profesionales. Y mientras no haya una reforma profunda, los latinoamericanos seguirán preguntándose no solo qué se escucha en sus teléfonos, sino, sobre todo: ¿quién los está escuchando?

Los periodistas nada tienen que ver en la grabación de los audios de Argentina, como tampoco lo tuvo el Washington Post, en el caso Watergate y el New York Times, en el escándalo de los documentos del Pentágono. Insólito es que un gobierno “libertario” censure y amenace con cárcel a quienes muestren pruebas de su corrupción.

Milei debe dar explicaciones de los audios al país. Más aún frenar la corrupción de la que tanto pontificaba, hacer despidos, aunque se trate de su hermana, limpiar los precarios servicios de inteligencia y seguridad y finalmente subirse a un escenario con su sierra y gritar: ¡Viva la libertad de prensa carajo!