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Martes, 22 de septiembre de 2020
A días de auditoría electoral OEA

Morales vive su momento más difícil y oposición busca su caída

Pedro P. Ramírez Hernández

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Policías de Cochabamba
Policías de Cochabamba

Tras 20 días de protestas y un motín policial en contra del presidente Evo Morales, el Gobierno pasa por un momento crítico, en medio de un escenario de desestabilización y descontento que la derecha boliviana ha logrado capitalizar. La incertidumbre se apodera de Bolivia a tres días de que la OEA entregue sus conclusiones sobre la posibilidad de fraude en las elecciones.

A las cuatro de la tarde de este sábado 9 de noviembre, el presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a una mesa de diálogo a todos los partidos de la oposición que obtuvieron asambleístas en las últimas elecciones, pero la derecha se negó y un sector importante de la ciudadanía salió a las calles a protestar en contra del Gobierno. Horas antes, Morales había denunciado a través de Twitter un intento de Golpe de Estado.

De esta forma, la crisis política está escalando en Bolivia y el conflicto se agudizó tras 20 días de movilizaciones, que se iniciaron luego de que se conocieran los resultados de las elecciones celebradas el domingo 20 de octubre, cuando el actual presidente fue reelecto por cuarta vez consecutiva bajo la denuncia de fraude por parte de la oposición. 

Desde ese día las protestas han copado el centro de las principales ciudades de Bolivia, pero la situación se agravó este viernes cuando a las seis de la tarde se amotinó en Cochabamba un cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), a quienes se le sumaron en las horas posteriores las delegaciones policiales de los departamentos de Chuquisaca, Beni, Tarija, Santa Cruz, Potosí y Oruro.

Fue en ese momento en que el presidente Morales encendió la alarma, acusando la intentona de Golpe, cuando en la calle la movilización ya se encontraba desplegada y entre los manifestantes se podía ver a policías agitando las consignas que apuntan hacia el fraude, mientras levantaban sus propias demandas, buscando un aumento salarial y el emparejamiento de sus jubilaciones con las del Ejército. 

Sin el control policial, las manifestaciones recrudecieron y comenzaron enfrentamientos entre los adherentes del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y distintos grupos de la oposición, incrementando el clima de violencia, donde los bandos más polarizados se enfrentaron con dinamita, palos y pedradas. Eventos que obligaron la renuncia del alcalde de Oruro, Saúl Aguilar, quien acusó que su seguridad y la de su familia se encontraban en riesgo. 

Aprovechando este clima, la derecha más radical llamó a la población a la sublevación, celebrando el amotinamiento de la policía. De esta manera, delegaciones y grupos de choque de los comités cívicos, liderados por el líder empresarial, Luis Fernanando Camacho, en Santa Cruz y Marco Pumarí en Potosí, han avanzado hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente. 

Las Fuerzas Armadas

Con esta antesala, Morales amaneció este sábado bajo amenaza. La duda que crecía en Bolivia era la posición de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ya que ante el motín policial, una de las alternativas que manejaba Morales era declarar el estado de emergencia y con ello el ejército tenía que tomar el control de las unidades rebeldes. 

La opción era arriesgada, ya que existe un alto componente de la movilización que ha comenzado a diferenciarse de la derecha. Se trara de principalmente movimientos y sindicatos descolgados del Movimiento al Socialismo (MAS), como también familias de clase media, funcionarios públicos, académicos y personas ligadas al mundo de la cultura, que son de oposición, pero que tienen mayor cercanía con el progresismo y que se han visto invisibilizados al no tener una estructura política, ni un liderazgo capaz de conducir el descontento. Estos grupos acusan de corrupción y clientelismo al oficialismo, así como de persecusión a las organizaciones disidentes.

En esta línea, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta aseguró que “bajo ninguna circunstancia va haber un acuartelamiento, ni ninguna operación en calles de ninguna ciudad. Por tanto, la situación de las Fuerzas Armadas en los nueve departamentos y todo el país es de normalidad”, pero la violencia aumentó. Cerca de Oruro una delegación de la oposición que viajaba hacia La Paz fue cruzada por militantes oficialistas, los que produjo un enfrentamiento y la tensión respecto de la opción de sacar los militares a las calles. 

En medio de este escenario, en horas de la tarde de este sábado, por primera vez en 20 días de crisis, las Fuerzas Armadas entregaron su posición. En una conferencia de prensa, acompañado por el alto mando, el comandante de las FF.AA., Williams Kaliman, dejó fuera de lugar la opción de reprimir las protestas y realizó un llamado a resolver la crisis a través del diálogo político. 

 “Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo, a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria”, afirmó Kaliman. 

El llamado del Gobierno y la respuesta de Mesa

Tras la jugada, Morales llamó al diálogo. “Para preservar la paz en nuestra querida Bolivia, hago un llamado urgente a una mesa de diálogo con representantes de los partidos que han obtenido asambleístas en las elecciones. Convoco al @Pontifex_es [Papa Francisco] , a las distintas iglesias y organismos internacionales a acompañarnos”, escribió en Twitter. 

La respuesta de la derecha no se dejó esperar. Con la ultraderecha propiciando una sublevación y la izquierda por fuera del MAS desarticulada, el ex presidente y candidato en las pasadas elecciones, Carlos Mesa, ha figurado a ojos de la prensa tradicional e internacional como el vocero de la oposición, y rechazó la mesa propuesta por Morales, alineándose con la postura de los comités cívicos.  

“Hoy le toca hoy señor Evo Morales tomar una decisión, le toca escoger el camino para dejar el Gobierno", emplazó Mesa al presidente de Bolivia, agregando que “no tienen nada que negociar” con Morales. El único partido que no se restó de la invitación del presidente fue el Partido Demócrata Cristiano. 

Después de este rechazo, la violencia ha continuado en el país y alrededor de las 22 horas, según informó el diario El Deber, manifestantes incendiaron una propiedad del gobernador de Oruro, acusándolo de participar y organizar a los grupos que detuvieron en la zona de Vila Vila a las delegaciones de Chuquisaca y Potosí que viajaban a La Paz con piedras, dinamitas y granadas de gas.

Desde la oposición, acusan que los incidentes han sido provocados por los adherentes del Gobierno, mientras que desde el oficialismo, apuntan a la ultraderecha y sus grupos de choque como los responsables de estas y otras acciones en contra de dirigentes y autoridades del MAS, como la situación que se vivió con la alcaldesa de Pinto, Patricia Arce, quien fue sacada de la alcaldía, obligada a caminar descalsa mientras recibía insultos, golpes y cortes de pelo. 

En vísperas de la OEA

Con estos antecedentes, el futuro del gobierno se mantiene en la incertidumbre y vive horas trascendentales. De acuerdo a las declaraciones de Mesa, Morales está “intentando ganar tiempo” ya que hasta este miércoles la OEA tiene plazo para entregar las conclusiones de su auditoría a las elecciones, donde nadie sabe con mucha claridad cuál va a ser el resultado. 

El origen del conflicto ha girado en torno a un eventual fraude en las elecciones, donde los argumentos de lado a lado no han resultado convincentes. La oposición acusa que la principal prueba de fraude se debe a la caída del sistema que recogía las actas en las mesas de votaciones, que dejó de funcionar cuando llevaba el conteo del 83% de las mesas. En ese momento, la diferencia entre Mesa y Morales era estrecha, pero una vez que se reanudó el conteo, el actual presidente se disparó y alcanzó el 47%, superando por más de 10 puntos a su seguidor, cuestión que le permitió ganar en primera vuelta.

Al mismo tiempo, a través de las redes sociales, comenzaron a circular fotos y vídeos de cajas llenas de votos, que estaban almacenadas en casas particulares y eran trasladadas en automóviles o por civiles a pie.

En el oficialismo se defienden y argumentan que Bolivia, de acuerdo a la ley, una vez que los jurados electorales firman el acta de una mesa, el día de las elecciones, los votos físicos ya no tienen valor, puesto que en ningún caso se ha de volver a contarlos. Si un acta se declara viciada, debe volverse a votar en la mesa a la que esta corresponde. 

En cuanto al cambio abrupto en la tendencia de la votación, desde el MAS indican que esta no es la primera vez que esto ocurre debido a las condiciones geográficas de las zonas rurales e indígenas del país, donde la conexión terrestre e inalámbrica es altamente precaria y la adhesión a Morales en algunas mesas es abrumadoramente mayoritaria. 

Bajo esta situación, Morales atraviesa su momento más difícil en la actual crisis y los próximos días serán claves a la espera de lo que concluya la OEA. Los últimos mensajes del presidente en horas de la tarde, a través de Twitter, condenaban el ataque a dos medios de comunicación afines al MAS y llamaba a sus adherentes a movilizarse y defender la democracia.

Mientras tanto, la derecha refuerza su llamado a la sublevación, mientras los sectores progresistas que se oponen al gobierno buscan una salida constitucional y democrática, que proteja los avances en materia de derechos sociales que lograron en el proceso constituyente de 2006, aunque esta tercera vía no se ve con mucha fuerza como opción frente a la polarización del país. 

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