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Viernes, 13 de diciembre de 2019
'¿Acuerdo de Paz'?

Muerte en Plaza Italia: aumenta presión para que general director de Carabineros renuncie

Andrés Almeida Farga

El viernes la policía reprimió con lanza-aguas, lacrimógenas y proyectiles la labor de personal de salud que intentaba salvar la vida de Abel Acuña bajo la estatua ecuestre de Baquedano. Ello generó fuertes críticas de sectores sociales, de oposición e incluso del oficialismo. La pregunta es por qué la policía se ha vuelto un actor sin supervisión y sin rendirle cuentas a nadie.

El día viernes 15 de noviembre, a eso de lal 6:00 de la mañana, tras el acuerdo de los partidos políticos y  el Gobierno para una ruta de cambio de Constitución, un grupo de personas a cargo del periodista Juan Pablo Vergara revestían de tela blanca la Plaza Italia, en torno a la escultura ecuestre del general Manuel Baquedano, a la espera de que un dron tomase una foto, para luego volver a dejar el lugar como estaba.

A las 9:48 la primera dama tuiteó un mensaje con la foto de un dron con la plaza revestida de blanco: "Esta imagen es el símbolo de lo que necesitamos como país: PAZ. Hoy Chile muestra su capacidad de diálogo, acuerdos y que respeta profundamente nuestra democracia. Este es el país que queremos, sigamos avanzando juntos".

Así pretendía ser el día después del "Acuerdo por la Paz", pero algo salíó muy mal.

Después de la intervención en el epicentro de las manifestaciones, poco a poco, los manifestantes se congregaron en torno a la figura ecuestre –como siempre–, pero esta vez Carabineros fue particularmente agresivo en el intento de disolver esa ocupación. No hubo caso, y los protestantes ocuparon el lugar, pese a la nube tóxica de lacrimógenas y gas pimienta. 

Fue hacia el final de la jornada, a eso de las 21:00 horas cuando Carabineros emprendió la disolución de la manifestación, cuando Abel Acuña de 29 años –quien estaba en torno al monumento ecuestre– sufrió un ataque cardiorrespiratorio, sin haber caído de la estatua, como se informó en un primer momento. Dado el grave episodio de salud, una ambulancia del SAMU llegó al lugar para atender a Acuña, pero Carabineros entorpeció el procedimiento, atacando la ambulancia y al personal médico con chorros de agua, lacrimógenas y proyectiles. 

Tras el incidente que duró aproximadamente tres minutos, Acuña fue trasladado a la Posta Central, pero falleció antes de ingresar al recinto médico.

"Como funcionarios de la salud no podemos tolerar el actuar de la fuerza policial. En nuestro empeño habitual colaboramos mutuamente con Carabinerso en distintas instancias, y no tenemos registro de una situación en que la propia fuerza policial afrediara a personal de salud. Exigimos una respuesta inmediata y contundente de la autoridad, ya que esta situación vulnera la seguridad de los equipos sanitario", escribieron en un comunicado la Asociación de Funcionarios del SAMU y el Colegio Médico, los que informaron que pusieron los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía.

Durante el sábado 16 de noviembre, la ciudadanía las emprendió contra Carabineros por el hecho, y prontamente las acusaciones fueron recayendo sobre los hombros de quien fuera el edecán de Sebastián Piñera en su primer gobierno, el general director Mario Rozas.

Con el correr de las horas, varios de los firmantes del Acuerdo por la Paz, comenzaron a pedir la destitución de Rozas. Lo hizo Gabriel Boric, de Convergencia Social, Heraldo Muñoz, del PPD, y lo hizo el PS a través de un comunicado, y así, muchos otros dirigentes de oposición y ciudadanos, Incluso son de esa opinión varias personas dentro del oficialismo, aunque no la han hecho pública.

Cuesta entender por qué Rozas sigue en el cargo y no se trata solo de la muerte de Abel Acuña. Todo indica que Carabineros tiene rasgos de insubordinación, por lo que la responsabilidad política –y habrá que ver– penal, recae en Gonzalo Blumel y Rodrigo Ubilla, el ministro y subsecretario del Interior, respectivamente. 

Respecto de este hecho, que duró unos tres minutos, la policía afirmó que respondieron a un ataque inminente y que los láser verdes no los dejaba ver, pese a que la baliza de la ambulancia estaba en funcionamiento. 

"Se van a hacer todas las investigaciones para evaluar qué ocurrió exactamente y poder clarificar para que no quede ninguna duda de que el compromiso de Carabineros y de todas las públicas, es cumplir de forma muy estricta los protocolos", afirmó Blumel por el hecho, siendo ya la segunda vez en que posterga la responsabilidad al momento en que se expresen los tribunales, y habiendo desplegado en su primera semana en el cargo una intensa campaña de respaldo a la policía, lo que incluyó la visita presidencial a ver carabineros heridos.

Sin embargo, es evidente que los protocolos de los que habla Blumel no se cumplen ni se han cumplido.

Sin contar los efectos del PacoLeaks, que revela cómo Carabineros bajo el mando de Rozas y antes de la crisis fichaba hacía seguimientos a líderes sociales, ambientales y de derechos humanos, más de 160 personas han resultado con heridas oculares por disparos según el INDH, lo que rebasa cualquier estándar mundial. Frente a esto Rozas el 10 de noviembre prometió limitar el uso de escopetas antidisturbios en el caso de que los carabineros corrieran real peligro, lo cual ya era parte de un protocolo policial que simplemente no se cumple. Esto, dada la presión de distintas instancias que pedían poner fin al uso de esas armamento en protestas pacíficas. No hubo moderación. Entre esa declaración y el 15 de noviembre, 10 personas reportaron lesiones oculares en el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos), sin contar el 16 de noviembre, que se conocieron al menos tres casos.

Al día siguiente de las palabras de Rozas, en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica, un carabinero dijo en tono de sorna por altoparlantes desde un vehículo policial: ""¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Los saluda el zorrillo ¡Mucho gusto y que lo pasen bien!", en mofa del protocolo que indica que Carabineros tiene que avisar dos veces antes de ejercer el uso de la violencia.

Dos días después, el 13 de noviembre, se filtró un audio del general director afirmando que no iba a dar de baja a ningún carabinero por un procedimiento policial, aunque lo obliguen, aun cuando es su obligación frente a delitos, muchos de ellos flagrantes, evidentes y con publicidad.

Ese día fue un día particularmente violento, en el que la televisión no paró de mostrar escenas de saqueos e incendios, observándose que –al menos en Santiago– Carabineros estaba más bien replegado. Ese día Piñera tuvo en la mesa la decisión de decretar un nuevo estado de excepción, y se especuló que en parte la carta se justificaba en el estado de Carabineros. Algunos hablaban de cierto grado de insubordinación de la policía, otros de agotamiento.

Al final, las Fuerzas Armadas se negaron a la solicitud presidencial, aduciendo –según algunas fuentes que conocen el mundo militar– que la solución del orden público correspondía a la esfera política. Con esto, la institución policial volvió a ganar relevancia para el Gobierno, al ser la única herramienta con la que cuenta para el resguardo del orden público. Esto, pese a que es sabido que Piñera –y en su momento Andrés Chadwick, ex ministro del Interior– no confía en la institución, habiendo dado de baja, desde el asesinato de Camilo Catrillanca y también a propósito del caso de corrupción del Alto Mando, conocido como PacoGate, que involucra a decenas de generales.

Esas fuentes ligadas al mundo de la defensa y seguridad, también afirman que Carabineros está quebrado. La tropa en la calle siente rabia por pagar los platos rotos del festín de la corrupción del generalato, siendo que eso no tocó los bolsillos de los rangos inferiores, y se siente incomprendida por los políticos y la sociedad general. Los mandos medios están también preocupados por las decisiones que pueden llegar a tomar los políticos en un escenario de cambio constitucional, siendo que hoy la institución debe estar en los niveles más bajos de aprobación desde tiempos de la dictadura, con las calles enteras rayadas agresivamente en su contra, con iconos populares que duelen, como el perro Matapacos, y con gravísimas acusaciones de violaciones de derechos humanos en las tribunas judiciales y periodísticas, de Chile y el Mundo. Esto, al punto en que Carabineros tuvo que contratar una agencia de comunicaciones para tratar de revertir su deteriorada imagen, apuntando al mensaje de que los carabineros también pertenecen a Chile. Así de enajenados se sienten. 

A esto se suma una oficialidad que ascendió a comandancias sin mayor experiencia. El propio Rozas es un oficial de escritorio. "Hay un evidente problema de mando. Hemos tenido varios episodios en los que aparecen excesos, por no decir delitos, y no hay cambio de conducta. Salvo que el mando esté siendo condescendiente con estas cosas", dice el senador Felipe Harboe (PPD).

"Estamos pagando las consecuencias de lo que le reproché al ministro Chadwick  hace un año atrás. Cuando el presidente Piñera tomó la decisión de en menos de nueve meses, de mandar a retiro a 51 generales, eso no hay institución que lo aguante", dice Harboe. Según el senador –quien es cercano a la institución policial–, Piñera, para poner a su edecán, tuvo que hacer ese descabezamiento, desigando a alguien que no tiene experiencia operativa, lo que se nota en la tropa.

Respecto a la sucesión de Rozas, Harboe ve ahí un problema. "No alcanzo a ver quién lo puede suceder, son todos generales muy jóvenes".

Un diagnóstico que comparte la otra fuente de defensa y lo que tal vez sea el seguro de vida del general Rozas, quien al parecer obliga al Gobierno a sostenerlo.

Un caso que recuerda a otro general director; Rodolfo Stange. En 1994 el mayor mando policial le dijo al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle "Yo-no-me-re-ti-ro”, cuando este se lo pidió en el marco del caso Degollados. En ese entonces Frei no tenía la potestad de hacerlo por las leyes de amarre de la transición, a diferencia de Piñera, quien legalmente sí las tiene, pero quien parece adolecer de toda capacidad de gobierno de su propia policía.

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