El nuevo boom agrícola de Chile son las plantaciones de avellanos europeos. Si en 1995 habían 15 hectáreas, hoy, superan las 20 mil repartidas entre la región Maule, Bío Bío y La Araucanía. Este aumento explosivo en 20 años ha sido impulsado por la empresa italiana Ferrero, el cerebro detrás de productos como Nutella, Ferrero Rocher y Kinder Sorpresa.
Chile hoy está dentro de la lista de los mayores productores de avellanas europeas en el mercado mundial, liderado por Turquía. Cifras de la Frutícola AgriChile, representante de Ferrero en el territorio nacional, muestran un aumento del 16% de la cosecha en este 2018, con un total de 23 mil toneladas producidas.
En términos monetarios esto implica una exportación de cerca de US$ 70 millones en avellanas europeas sin cáscara, a su principal comprador: Italia, sede de Ferrero. El segundo destino de estos frutos es Brasil, donde su monto alcanzó los US$ 960,7 mil, según cifras recopiladas por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) con información del Servicio de Aduanas.
Del total de toneladas producidas en Chile, cerca de 13 mil, más de la mitad, fueron producidas en la región del Maule, donde más se ha visto el crecimiento del avellano europeo, pero al mismo tiempo, las comunidades rurales de la zona, han sido afectadas por la utilización de plaguicidas altamente tóxicos en sus plantaciones.
Si bien es legal en Chile, su uso está prohibido en la Unión Europea desde 2009 ya que su inhalación puede causar daño pulmonar inmediato y bajo largas exposiciones podría derivar en una fibrosis pulmonar.
En noviembre de 2017, una denuncia llegó a la Red de Acción de Plaguicidas en Chile (Rap-Al) que alertaba el uso del herbicida Paraquat en las plantaciones de avellanos.
“En nuestro país se vende bajo distintas marcas comerciales, en este caso, se denunció el uso del Paraquat, bajo la marca comercial Nuquat. Ellos sabían por los mismos envases vacíos que encontraron en los predios”, dice María Elena Rozas, directora de Rap-Al.
Si bien es legal en Chile, su uso está prohibido en la Unión Europea desde 2009 ya que su inhalación puede causar daño pulmonar inmediato y bajo largas exposiciones podría derivar en una fibrosis pulmonar. Es por esta razón que llamó la atención de periodistas alemanes que hace un mes publicaron en Das Erste un reportaje sobre el uso del Paraquat en los avellanos que después consumían como Nutella.
Además, un estudio publicado en 2017 por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Medicina de Estados Unidos, demostró que la constante exposición a este químico estaría altamente relacionada con cuadros de Parkinson en los afectados.
En Chile, según el último informe realizado en 2012 por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) sobre la venta de plaguicidas de uso agrícola, el Paraquat es el tercer herbicida más vendido. La lista es encabezada por dos tipos de Glifosato, otro agroquímico altamente tóxico y que en 2015, fue incluido en la lista de sustancias probablemente cancerígenas por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A pesar de esto, en Chile se cultivan avellanos con uso de este herbicida para el principal comprador, Ferrero. Incluso en un boletín del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura publicado en 2013, selecciona al Paraquat como uno de los productos herbicidas de preemergencia - para controlar las malezas antes que apareza - más utilizados en el cultivo del avellano. Además de la Simazina y Aminotriazol. Todo esto con el fin de controlar las malezas.
También está calificado como herbicida de postemergencia, sobre malezas ya emergidas junto al Diquat, Aminotriazol y Glifosato.
El potencial climático del territorio nacional está siendo blanco de capitales italianos que cada día adquieren más tierras para estas plantaciones y poder elevar así, sus producciones.
Así lo ha evidenciado Rubén Díaz, miembro del Centro Agroecológico de Longaví. “Hemos visto estos últimos años cómo va copando territorialmente el monocultivo del avellano. El avance es acelerado, cada día hay más hectáreas”, dice.
“Hay vecinos que están directamente afectados con el tema de las avellanas. Hace poco se le compró a ocho familias sus terrenos y ahora están concentradas en un solo propietario. La gente que no quiso venderlas quedó encerrada, literalmente, rodeada. Entonces de octubre a marzo se van de sus casas porque no pueden estar ahí, las nubes tóxicas son constantes”.
INTERFERENCIA contactó a Agrichile para consultarles por la utilización del Paraquat, sus protocolos para la aplicación de plaguicidas y control de proveedores, pero al cierre de esta edición la empresa no emitió respuesta alguna.
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Allá no, acá sí
El Paraquat es solo uno de los herbicidas altamente tóxicos que están prohibidos en Europa pero utilizados tanto en Chile como en otras partes del mundo.
En octubre de 2017, 20 agricultores murieron en India, según denuncia la ONG Public Eye, intoxicados por el insecticida de nombre Polo, fabricado por Syngenta, una de las empresas agroquímicas más grandes del mundo.
Desde ese entonces que una lucha ciudadana ha estado creciendo en Suiza, en contra de la trasnacional que fabrica productos prohibidos en su país, para venderlos a otros destinos. Así lo defiende Lisa Mazzone, electa consejera nacional para el período 2015-2019. “Deberíamos ser coherentes y no enviar nuestra suciedad a los países en desarrollo”, dijo en una entrevista con el programa radial La Matinale.
"Estamos exportando productos mortales"
Esta inquietud suiza llegó también a Chile, donde Syngenta es uno de los proveedores de agroquímicos en el mercado. De hecho, uno de sus productos es el Gramoxone, nombre bajo el cual se vende el Paraquat.
Daniel Kunzi es un documentalista suizo que durante todo este 2018 se ha dedicado a investigar este problema en la industria, específicamente en las manzanas. Ha visitado dos veces las diferentes regiones agrícolas del país con el objetivo de conocer cuáles son los principales químicos vendidos por Syngenta a Chile y sobre todo, ver cómo se producen las manzanas que finalmente comen.
“Mi documental busca mostrar las consecuencias del negocio mundial de las manzanas. Evidenciar que significa la destrucción del medioambiente en Chile y evidentemente, un aumento en las enfermedades para los trabajadores y la población que vive al lado de estos cultivos. Estamos exportando productos mortales”, dice a INTERFERENCIA.
“Un empleado de Syngenta en Rancagua, en la grabación de mi documental, reconoció que en Chile se utiliza 500 veces más plaguicidas que en Europa, aquellos que también están prohibidos en Suiza, donde se están fabricando. Pero me dijo que hay leyes en Chile que Syngenta respeta, no es ilegal”, dice. “Pero tres días después de decirme eso, me volvió a llamar para contarme que lo habían despedido”.
Niños en peligro
En Chile, ha existido un aumento en la venta de plaguicidas, siendo los insecticidas organofosforados los más vendidos y utilizados en todas las regiones del país.
En la región del Maule se vivió el último gran episodio de intoxicación por plaguicidas en octubre, hace dos meses atrás. Todo ocurrió luego de que se aplicara Fungizeb 800 en unos de los predios de la Agrícola LC, terreno colindante a la Escuela Odessa de Río Claro. Fueron 25 niños y personal de la escuela que terminó en el Cesfam de Cumpeo y en la Posta de Peñaflor con cuadros de náuseas, vómitos y dolor de cabeza.
Pero este no es un hecho aislado. Hay más de una escuela que hoy enfrenta diariamente estos riesgos.
Frente a esta situación es que investigadores de la Universidad Católica del Maule, liderados por María Teresa Muñoz, psicóloga y doctora en Salud Pública de la UdeChile, han pasado más de diez años estudiando la exposición y los efectos de los plaguicidas organofosforados en comunidades escolares rurales.
“Nos dimos cuenta que la exposición era dramáticamente superior a la que podríamos encontrar incluso en trabajadores agrícolas en Alemania, haciendo comparación no solo con población escolar de otros países, sino con población expuesta directamente”, dice Boris Lucero, psicólogo y uno de los investigadores.
Este año, publicaron los resultados de su último estudio a largo plazo, donde se tomaron muestras en dos escuelas rurales de la región del Maule, ambas colindantes o cercanas a predios de plantaciones. Se tomaron muestras de orina en 190 niños de entre 6 y 12 años, de ambos establecimientos.
"Encontramos en su orina un plaguicida que está prohibido desde el año 2000 en Chile, llamado Paratión”.
Los resultados fueron alarmantes: restos de plaguicidas tóxicos en todas las muestras de orina que tomaron.
El efecto de estos agroquímicos en los niños puede incidir sobre todo en su capacidad cognitiva. Así lo demuestran estudios norteamericanos y que han sido publicados en la revista científica “Environmental Health Perspectives”, apoyada por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de Estados Unidos.
“Nos encontramos con otro elemento que ha resultado el más llamativo. Encontramos en su orina un plaguicida que está prohibido desde el año 2000 en Chile, llamado Paratión”, cuenta Lucero en su oficina de la Universidad Católica del Maule.
“No hay una protección especial frente a la contaminación indirecta que puede sufrir la comunidad y más críticamente los colegios donde hay personas en desarrollo. Estudiamos cómo una exposición en bajas dosis, pero que se produce a lo largo del tiempo, puede producir problemas cognitivos. La literatura lo que ha observado es que esto afecta en la velocidad de aprendizaje, en poner atención, y en memoria de trabajo. Hoy los niños están expuestos a un cocktail de químicos”.
Luego del estudio, fueron citados por la Comisión de Agricultura del Senado para enero de 2019. Con resultados en mano, María Teresa Muñoz y su equipo presentarán los evidencias que existen en la región del Maule sobre la exposición constante a plaguicidas tóxicos tanto en escolares como en trabajadores agrícolas. Además de mostrar las regulaciones internacionales que han prohibido plaguicidas que en Chile siguen siendo legales.
“Con la evidencia de los efectos a nivel de neurotóxicos, nuestra idea es que se pueda activar la legislación para prohibir los plaguicidas más peligrosos que ya en otras partes del mundo se ha realizado”, dice Muñoz a INTERFERENCIA.
César Domarchi es el director de la Escuela Bella Unión de San Clemente, una de las escuelas estudiadas por la UCM y que agrupa a más de 70 estudiantes repartidos desde prekinder a octavo básico. Ha vivido por más de 40 años en el sector y comenta que en el último tiempo, luego del estudio que realizó la UCM, la comunidad ha comenzado a preocuparse, pero debido a la relación laboral que mantienen los apoderados del colegio, que en su mayoría trabajan en los predios aledaños a la escuela, prefieren no hacer las denuncias.
“He notado un aumento evidente de niños con problemas de aprendizaje, específicamente de memorización y concentración, cuestión que los estudios han demostrado que puede estar asociado al uso de estos plaguicidas”, afirma Domarchi, quien agrega que año a año ha ido creciendo la cantidad de niños que ingresan a los planes de integración.
“Nosotros logramos la excelencia académica, pero significó mucho esfuerzo, gracias al trabajo de psicopedagogas, psicólogos, educadores diferenciales y profesores”, agrega el director de la escuela, quien alega que bajo su dirección, nunca ha “recibido una notificación que indique la hora, fecha y la sustancia” que aplican los fundos cuando fumigan o aplican plaguicidas.
El 24 de agosto de 2017, el portero del Manchester City, Claudio Bravo, denunció una situación similar. El futbolista, oriundo de la localidad rural de Viluco, ubicada en la comuna de Buin, comentó por twitter que cerca de su hogar, personal de uno de los fundos aledaños había repartido entre los vecinos una carta avisando la futura aplicación de un plaguicida.
En la comunicación, la empresa les aconseja cerrar las puertas y las ventanas, sacar la ropa tendida, entrar los platos de alimento para mascotas y hace un llamado a no ingerir hortalizas, frutas o cultivos que puedan quedar expuestos a la aplicación.
Bravo etiquetó a las cuentas de los ministerios de Agricultura y Salud en su publicación, buscando una explicación oficial ante la situación. Lo cierto es que la empresa estaba cumpliendo una de las escasas medidas que se le exigen para prevenir daños en la comunidad, la que quedó establecida en el Decreto 158 del Ministerio de Salud publicado en 2015.
De acuerdo a los datos entregados por la REVEP, desde 2012, hasta septiembre de 2018 han existido 4277 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas.
La normativa, indica que “en áreas sensibles, el propietario o responsable de las plantaciones deberá informar a la población del lugar, mediante la distribución de volantes informativos u otro medio comprobable, de toda aplicación de plaguicidas. En los establecimientos de salud, se deberán entregar, además, copia de las hojas de seguridad de los productos a utilizar. Para comprobación posterior, debe dejarse un registro que acredite la entrega de la información”.
Lo cierto, es que la fiscalización del SAG es insuficiente. Si bien son el órgano fiscalizador respecto a los agroquímicos que se comercializan en el país, no tienen registros actualizados sobre los productos más comprados. Así respondieron desde el organismo al ser consultados por INTERFERENCIA, aludiendo a que no hay personal para procesar los datos que reciben a diario.
4.277 intoxicaciones por plaguicidas en los últimos 6 años
El Ministerio de Salud inició en 1993 un monitoreo de las intoxicaciones agudas por plaguicidas con la conformación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Plaguicidas (REVEP) y en 2004, a partir del Decreto Supremo 88, se estableció la notificación obligatoria e inmediata de estos casos a la autoridad sanitaria.
De acuerdo a los datos entregados por la REVEP, desde 2012, hasta septiembre de 2018 han existido 4.277 casos de intoxicaciones agudas por plaguicidas. Solo en este año se han registrado cinco muertes, todas por consumo voluntario. Además, han existido en total 363 casos y el brote más grave ocurrió en un colegio de Valparaíso que afectó a 60 personas. Cabe destacar que aún falta la información correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, que son de alta incidencia.
En cuanto a las circunstancias en las que se han dado estos eventos, es relevante mencionar que durante este año han existido tres brotes por aplicación cerca de colegios; uno por cercanía a lugares de alojamiento y otro por aplicación estando los trabajadores en sus puestos.
Durante este mismo periodo, las intoxicaciones se han concentrado en las regiones de Arica y Parinacota (23), Coquimbo (35), Valparaíso (82), Metropolitana (125), O`Higgins (40), Maule (32) y Biobío (12), zonas que concentran la producción agrícola del país.
Al igual que en los años anteriores, durante el presente se mantienen en primer lugar las intoxicaciones no intencionales con un 85,1% de los casos notificados, siendo un 45,2% de origen laboral (164), un 39,9% accidental (145) y un 14% voluntarias (51).
En cuanto a los plaguicidas causantes de las intoxicaciones, de los 363 que han existido hasta la fecha; 102 casos han involucrado a pesticidas organofosforados; 18 casos han sido gracias a plaguicidas del grupo IA (sumamente peligroso); 4 del grupo IB (muy peligroso) y 126 del grupo II (moderadamente peligroso).
ANAMURI: dos décadas de movilización en contra de los plaguicidas
Desde su fundación en 1998, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), se ha movilizado para prohibir en Chile la utilización de los plaguicidas pertenecientes a los Grupos IA y IB.
Junto a Rap-Al, sus voceras han denunciado en diversas instancias nacionales e internacionales los efectos nocivos que estos productos traen sobre la población, principalmente en sus casos y en el de sus familias, que se han visto por años expuestas a los agrotóxicos.
Alicia Muñoz, coordinadora para el tema de los plaguicidas en ANAMURI, explica que las mujeres temporeras comenzaron a organizarse luego de que los médicos, entre ellos la doctora Victoria Mella, observaran que sus hijos estaban naciendo con malformaciones congénitas.
Alertadas, desde ANAMURI denunciaron la situación a las autoridades, pero no encontraron la respuesta que esperaban. “Nos mandaron a buscar del ministerio de Agricultura y nos volvieron a decir que calláramos las voces contra los plaguicidas porque los empresarios podían molestarse, y nos dijeron que el remedio podía ser más grave que la enfermedad”, denuncia Muñoz.
Luego de ocho años de trabajo, a fines de 2006, ANAMURI junto a Rap-Al, gracias al patrocinio de diputados pertenecientes a la entonces Concertación, presentaron un proyecto de ley para prohibir la aplicación de pesticidas pertenecientes a los grupos IA y IB, junto a la revisión de la lista de plaguicidas aceptados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
El proyecto, que estuvo en discusión en el congreso durante los años 2007 y 2009, en primera instancia fue aprobado por la Cámara de Diputados. De acuerdo a las actas de la época, los congresistas agrupados en la cámara baja se mostraron satisfechos de dar respuesta a una demanda sentida por los trabajadores agrícolas y la población rural. Sin embargo, en el Senado la idea fue rechazada.
Argumentando la afectación de las exportaciones, el encarecimiento en la cadena de producción y que el uso de plaguicidas tóxicos ya se encontraría normado en la legislación chilena, la Comisión de Agricultura desestimó el proyecto de ley, visión a la que se sumaron los votos en la sala.
El proyecto, fue rechazado por los senadores Andrés Allamand, Jorge Arancibia Reyes, Andrés Chadwick, actual ministro del Interior, Alberto Espina, ministro de Defensa, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ex presidente de la República, José García Ruminot, Jaime Gazmuri, José Antonio Gómez, Carlos Kuschel, Hernán Larraín, ministro de Justicia, Pablo Longueira, Jaime Naranjo, Jovino Novoa, Jaime Orpis, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica y Hosaín Sabag.
Finalmente, en la comisión mixta, el proyecto fue sentenciado con la desaprobación de los senadores Andrés Allamand, Hernán Larraín y Jaime Naranjo, junto al rechazo del diputado Ramón Barros. En tanto, fue aprobado por los diputados Alejandro Sule y Eugenio Tuma.
Pese a las constantes negativas, ANAMURI no se rinde. El pasado 3 de diciembre, conocido como el Día Internacional del No Uso de Plaguicidas, entregaron una carta al SAG para exigir la prohibición del herbicida Glifosato. “De los 21 plaguicidas identificados involucrados en casos de intoxicación aguda en 2017 y los 24 casos en 2018, hay 9 prohibidos en la Unión Europea: carbofurano, paraquat, permetrina, tetrametrina + d-aletrina (Raid), metamidofós, brodifacoum, fenitrotion y cianamida”, se lee en el documento.
Nuevamente, están a la espera de una respuesta positiva.
Nota de la redacción: Una vez publicado el reportaje, Agrichile se contactó con INTERFERENCIA a través de Nexos, la agencia comunicacional que lleva sus relaciones públicas.
En un comunidado de tres párrafos, la empresa descartó la utilización del Paraquat en sus cultivos y afirmó que recién desde 2018, sin especificar la fecha exacta, "sólo adquiere fruta de productores que hayan suscritos contratos en los que declaran que no han utilizado Paraquat o cualquier otra sustancia no permitida en la Unión Europea u otros mercados de destino", sin entregar detalles - como lo habíamos solicitado - sobre los mecanismos de fiscalización y los procotolos que manejan para asegurar su cumplimiento.
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