Ayer jueves, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), junto con las organizaciones formantes de la Mesa del Sector Público, convocaron a un paro nacional “en defensa del empleo público y la estabilidad laboral”.

De esta manera, en dependencias de la Tesorería General de la República, que se encuentra en paro por “compromisos incumplidos, los trabajadores comenzaron su paralización.

El paro se constituyó en respuesta a un reciente cambio en el criterio de la Contraloría sobre la “confianza legítima”. Este pronunciamiento del ente contralor contempla un aspecto que expertos consideran fundamental en la administración pública que protege a los trabajadores estatales frente a despidos luego de determinado tiempo de servicio. Es decir, si un funcionario no ha cumplido ese tiempo, su desvinculación no será considerada ilegal ni arbitraria, lo que, según los sindicatos, afecta la estabilidad laboral de miles de trabajadores.

La ANEF se ha mostrado tajante en su rechazo a este cambio, señalando que “pone en riesgo la estabilidad laboral de miles de funcionarias y funcionarios públicos a contrata”, y argumentando que la jornada del 29 de noviembre será una muestra de la “inseguridad absolutamente evitable que generará este nuevo criterio”. En este contexto, la agrupación sindical enfatizó la necesidad de actuar para revertir la situación, calificándola como un “imperativo ético”.

“Si bien es cierto que el gobierno propuso a la actual contralora, fue el Senado el que transversalmente ratificó ese nombramiento, exceptuando a la senadora Alejandra Sepúlveda. Es ella [Dorothy Pérez] al momento de asumir quien dicta esta nueva normativa desde el punto de vista administrativo, que es este dictamen de retroceso, vejatorio y violento, que obviamente afecta el empleo”, apuntó el presidente de la ANEF, José Pérez. 

Estas movilizaciones, según indicó el presidente de la ANEF José Pérez a Radio Bío Bío, son “para recuperar el poder adquisitivo, un rechazo al dictamen de la contralora y, además, solicitar al gobierno definir y cumplir los compromisos”. En particular, también se movilizaron para que el gobierno defina qué ocurrirá con los funcionarios respecto a la ley de 40 horas. 

Consultado por Interferencia sobre si la ANEF estima que el gobierno tiene responsabilidad en el ingreso de este dictamen al haber propuesto a Pérez para su ratificación como contralora, Pérez afirmó que “si bien es cierto que el gobierno propuso a la actual contralora, fue el Senado el que transversalmente ratificó ese nombramiento, exceptuando a la senadora Alejandra Sepúlveda. Es ella [Dorothy Pérez] al momento de asumir quien dicta esta nueva normativa desde el punto de vista administrativo, que es este dictamen de retroceso, vejatorio y violento, que obviamente afecta el empleo”. 

“Lo que nosotros elevamos es que es su responsabilidad, de esta contralora. Esa es nuestra claridad de también hoy día que el gobierno se haga parte de un proyecto de ley que permita subir a rango legal la confianza legítima, no para que tengamos inamovilidad, porque no la tenemos”, argumentó el dirigente.

“Somos despedidos o renovados cada 30 de noviembre. Hay personas que están 5, 10 o 20 años en el servicio público, no pueden tener dependencia a la voluntad de un gobierno de turno, porque nosotros somos trabajadores del Estado de Chile, y tampoco podemos estar supeditados a que se nos desconozca lo que ocurre en el sector privado. En este sector, cuando una persona se le renueva por segunda vez el contrato, pasa a ser indefinido. En el Estado no ocurre aquello”, describió Pérez. 

Rechazo desde el Ejecutivo

El día miércoles, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), se refirió al paro que se concretó la jornada de este jueves. “El viernes de la semana pasada recibimos el petitorio de la Mesa del Sector Público y esta semana se están realizando las reuniones técnicas entre los ministerios de Hacienda, Trabajo y la Dipres con la contraparte de los funcionarios públicos de todo el país”, señaló Jara como contexto. 

Y agregó que “en segundo lugar, señalar que este viernes nos vamos a reunir nuevamente ambos ministros, el ministro Marcel y yo, con los trabajadores públicos para iniciar formalmente la negociación”. 

Es por ello, que la secretaria de Estado afirmó que “la convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir. Por otro lado, cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados”.

Asimismo, la titular de Trabajo, señaló que de existir una molestia por declaraciones de la oposición “ojalá se lo hagan saber a ellos, pero que no sea la ciudadanía la que tenga que asumir este costo”.

Lo anterior, pues desde el sector opositor señalaron que rechazarían el ajuste solicitado por los trabajadores quienes piden un alza real de 3% y 7,5% nominal, además de establecer la estabilidad laboral debido al nuevo dictamen de la Contraloría sobre los funcionarios a contrata que estipula que los trabajadores que quieran gozar de confianza legítima ante despidos dentro de la administración del Estado tendrán que hacerlo por medio de un recurso de protección. 

“La convocatoria a un paro antes de sentarse a conversar, la verdad, no le encuentro mucho sentido, toda vez que estas conversaciones recién se van a empezar a producir. Por otro lado, cada vez que se paraliza existe una ciudadanía que no puede realizar sus trámites o recibir los servicios adecuados”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

La visión de Jara fue compartida por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien enfatizó en que “creo que es difícil de entender. Uno puede entender que hay alguna movilización cuando fracasan las negociaciones”.

“Protestar por algo que planteó un sector de la oposición a través de una movilización que afecta al público en general, es algo que es difícil de entender”, apuntó Marcel. 

Igualmente, sostuvo que “en torno a la cifra de reajuste tiene que haber acercamientos de ambas partes. Del caso del lado de los trabajadores, es legítimo que ellos demanden una mejora. Del lado del gobierno, las mejoras tienen que estar dentro del marco de los recursos de los que se dispone, y sobre todo, buscar cosas que beneficien también al público”.