Tras la aprobación del proyecto de saneamiento del paño Las Salinas en Viña del Mar por parte del Servicio de Impacto Ambiental, parecía que el proyecto de Inmobiliaria Las Salinas -propiedad del grupo Angelini- avanzaba sin obstáculos, luego de más de diez años de intentos por recuperar el terreno para el negocio inmobiliario.

Pero ya han pasado más de seis meses desde la aprobación, que se realizó vía Zoom por parte de las autoridades regionales el pasado 21 de agosto.

Esto, pues el camino se ha puesto cuesta arriba para la empresa, ante la movilización de los vecinos que se oponen al proyecto y el conocimiento de nuevos antecedentes sobre cómo ocurrió el proceso de aprobación del polémico proyecto de descontaminación del terreno de 16 hectáreas, cercano a Reñaca y ubicado en el centro de la ciudad de Viña del Mar.

La omisión de los cores

Tras la aprobación del proyecto y la emisión de la resolución de calificación ambiental (RCA), los vecinos, agrupados en la organización Un Parque Para Las Salinas presentaron una reclamación al Comité de Ministros, quienes son los encargados de aprobar el proyecto ambiental. El recurso estaba enfocado en anular la RCA, ya que no había ocurrido una correcta participación de los vecinos, según ellos señalaban.

En paralelo, el Comité de Ministros ofició a los consejeros regionales (cores), debido a que no había llegado de parte de ellos las observaciones sobre el proyecto. Esto tomó sorpresa a los cores, quienes no habían recibido las adendas de la empresa correspondientes como para emitir una opinión.

“En enero del 2019 ingresamos una serie de observaciones al proyecto Las Salinas, en cuanto a la disposición de residuos una vez que se hiciera el proceso de bioremediación. Esas observaciones fueron de vuelta a la empresa y ellos tenían un plazo para responderlo, en lo que se conoce como adenda. Esta -típicamente- hace que nosotros tengamos que volver a pronunciarnos, si estamos de acuerdo o no con las respuestas que nos entrega la empresa", cuenta la core Tania Valenzuela (independiente por la lista del Frente Amplio).

"La adenda ingresó al gobierno regional, llegó al funcionario que está a cargo, pero a nosotros nos nos bajaron la respuesta", denuncia Valenzuela.

Según la core, la responsabilidad es del intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez (RN), pues el funcionario es su subordinado y tenía la obligación de enviar la respuesta a los cores para que se volviera a discutir en el Consejo Regional la aprobación ambiental del proyecto de Las Salinas, "pero eso no se hizo”, dice Valenzuela.

En enero de este 2021, cuando los cores se enteraron de esta omisión, emitieron un oficio para el intendente Martínez, con el propósito que explique lo que ocurrió y por qué los consejeros no estaban informados de la respuesta de la empresa ni pudieron evaluarla.

Con fecha del 22 de enero, el oficio consigna: “se solicita a usted pueda informar detalladamente respecto de cuál es la razón que explica, en primer lugar, que el Consejo Regional no fuera informado y consultado respecto de la Adenda y la Adenda Complementaria del proyecto y, en segundo lugar, que finalmente el Gobierno Regional no emitiera pronunciamiento alguno respecto de ambas adendas”.

“Esto es de suma relevancia, más aún si se considera que las adendas contienen las respuestas que el titular del proyecto debe dar a las observaciones remitidas por el Gobierno Regional en la etapa de evaluación del proyecto, donde tanto el ejecutivo como este consejo concurrieron con observaciones”, agrega el oficio.

Martínez, por su parte, deslindó responsabilidades en su asesor, quien habría cometido un error en el proceso administrativo. Martínez ordenó una investigación sumaria para esclarecer la responsabilidad del funcionario en el hecho.

“Es un procedimiento administrativo que se da en todos los proyectos con impacto ambiental, pero no se hizo acá, al menos llama la atención que en un proyecto de esta magnitud haya ocurrido esto”, comenta Valenzuela.

¿Falta a la probidad por parte del intendente?

A esos antecedentes se suma que el intendente Martínez haya admitido que no conocía todos los antecedentes respecto al proyecto del paño Las Salinas. En su respuesta de oficio del mismo 22 de enero, Martínez, al dirigirse a los consejeros regionales, afirma que al revisar la adenda de la empresa, no entendía su respuesta, ya que la información era poco clara.

“Las temáticas que podrían dar respuesta o aclaraciones a los puntos antes mencionados, no han sido tratados de forma directa y se encuentran de forma muy dispersa dentro del documento, dificultando con ello la revisión para corroborar si el titular ha atendido de forma satisfactoria lo planteado por el gobierno regional en su conjunto”, afirma el oficio firmado por Martínez.

Para los vecinos, esto es sinónimo de una falta grave en el proceso. Con estos  antecedentes, denunciaron al intendente a Contraloría, el pasado 5 de marzo, por falta de probidad e incumplimiento de sus funciones. Según su abogado, Gabriel Muñoz, “los próximos pasos son ir a los tribunales ya sea de justicia o ambientales” para detener el proyecto.

“Lo que pasó nos deja claro que los intereses de las autoridades que aprobaron la remediación no son ambientales, sino solo intereses económicos. No es la salud de las personas”, opina el vocero de Un Parque Para Las Salinas, Gonzalo Pavéz.

La mirada de la Subsecretaría de Salud Pública

A esto se suma un oficio enviado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a fines del 2020, al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Hernán Brücher Valenzuela, donde le comunica que se interpusieron recursos de reclamación en contra de la resolución exenta N° 24, que dio luz verde al proyecto.

Daza también pide explicaciones sobre la norma que se usó para determinar la contaminación de los suelos del lugar, sobre el traslado de tierra desde el terreno y sobre el posible riesgo de salud en el proceso de descontaminación de las aguas subterráneas de la zona. El oficio fue respondido el 6 de enero de este año, afirmando que las condiciones del proyecto estaban en norma.

“Desde mi punto de vista, está viciado el proceso. El consejo regional ha sido en general reacio al desarrollo de este proyecto inmobiliario, más allá de que cada uno de los cores tiene una opinión personal sobre el tema”, afirma Valenzuela.

Lo cierto es que los vecinos se enfrentaron a un nuevo obstáculo esta semana, cuando el Comité de Ministros denegó su apelación para anular la RCA aprobada en agosto del año pasado.

Los avances de Copec y el empujón del Comité de Ministros

Por su parte, aunque los vecinos aseguran que el proceso de remediación no ha comenzado y aún la empresa no ha llevado a trabajadores al terreno para comenzar dicho proceso, lo cierto es que por ahora la empresa cuenta con los permisos necesarios para materializar su proyecto, que en costo supera los 55 millones de dólares.

La empresa, en noviembre del año pasado, inició un concurso para diseñar lo que será un pequeño parque de poco más de una hectárea, en medio de lo que será el proyecto inmobiliario que pretenden construir ahí, después del proceso de remediación con bacterias.

Tras la decisión del Comité de Ministros de no anular la RCA, la empresa declaró que esta decisión dejaba claro “que no existen vicios en el proceso”, según publicó El Mercurio el 10 de marzo pasado.

“El proyecto ambiental Las Salinas cuenta con su RCA plenamente vigente y por lo tanto, Las Salinas se encuentra hoy trabajando en la implementación de su proyecto de saneamiento ambiental”, consignó la empresa.

Agregaron que se contrató a la empresa Idom para liderar esta etapa de saneamiento de los suelos del lugar, que desde hace años vienen presentando altos índices de contaminación con hidrocarburos, metales pesados y químicos tóxicos. Para este proceso de descontaminación, se ocupará un proceso de saneamiento con bacterias.